Henry Mukiibi no olvida la llamada que recibió a las 9:00 de la mañana del 29 de marzo de 2020. Era la segunda semana de cuarentena por la pandemia de COVID-19 y estaba en su casa cerca de Kampala, la capital de Uganda, con su novio cuando le contaron que la Policía había entrado en las oficinas de su organización, apaleando a sus miembros.
Las restricciones de movimiento le impidieron ir con rapidez y tardó tres horas en llegar. Cuando llegó, vino lo peor. “Los policías me dijeron: ‘Así que tú eres el líder de esta panda de gais, ¿eh?’”, cuenta Mukiibi. “Llegó el alcalde y con un palo empezó a golpearnos, a mí en el brazo derecho. Entonces abrió la puerta y dijo: ‘Os vamos a matar”.
A Mukiibi y a las otras 20 personas que estaban ese día en el refugio LGTBI de la Fundación Hijos del Sol se los llevaron atados con cuerdas “como esclavos”, dice. El activista había fundado seis años antes esta organización para dar servicios médicos y sociales a la comunidad LGTBI. La idea le vino, según su testimonio, tras un episodio en el que una compañera transgénero no fue tratada de una infección causada por una herida en un hospital. En su lugar, le dijeron que rezarían para curar su enfermedad. “Me sentí pequeño y decidí dejar ese trabajo”, dice.
Mukiibi decidió no testificar y cuando llamó a sus abogados, también fueron arrestados. El día que fueron detenidos les dijeron que los acusaban de homosexuales, pero ante la falta de un mecanismo legal y de pruebas fehacientes cambiaron los cargos a desobediencia de las restricciones de la COVID-19. Al día siguiente, fueron a un juicio rápido donde les condenaron a 28 días de prisión, según explica: “Los otros presos veían nuestras caras en la televisión y en los periódicos y se corrió la voz que éramos gais. Sufrimos mucha discriminación”.
Al vigésimo octavo día, nada pasó. Tampoco al trigésimo. El 14 de mayo, día 49 de prisión, el caso se hizo internacional. Tres ONG de derechos humanos presentaron una demanda ante el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y esta acusó al Gobierno de Uganda de perseguir a la comunidad LGTBI bajo el pretexto de la COVID-19.
Ese día era el principio del fin, pero no iba a ser fácil salir de allí. “Empezaron a pegar a mis compañeros a las 14:00 de la tarde y estuvieron dos horas. Yo me escondí y dijeron a mis compañeros que si me encontraban me quemarían vivo”, cuenta. Cuando fue a por agua, se encontró con lo peor, según su testimonio. “Algunos tenían los ojos negros. Una mujer transgénero lloraba porque le habían bajado los pantalones y puesto un palo de madera por debajo de su ropa interior”. Mukiibi se libró de lo peor y a los tres días fueron liberados.
Aun así, su pesadilla no terminó en prisión. Los han amenazado de muerte, han tenido que mover su sede y el refugio y siguieron recibiendo golpes de las fuerzas de seguridad. Ahora, temen por su vida tras la aprobación de una polémica ley antihomosexualidad, criticada ampliamente como “draconiana”, que prohíbe los actos sexuales entre personas del mismo sexo entre adultos con consentimiento y prevé largas penas de cárcel y la aplicación de pena de muerte. “Ya solo nos quedaba esperar a que el presidente firmara esta ley”, lamenta Mukiibi.
Criminalización y miedo
La semana pasada, tres años y dos meses después del arresto de Mukiibi, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la nueva legislación. El marco jurídico castiga con la muerte a personas por lo que denomina “homosexualidad agravada”. El documento oficial lo define como personas que cometan un “delito de homosexualidad” con familiares, menores, personas con discapacidad y terceros sin consentimiento, pero también simplemente por cometer ese delito “en serie”.
En 2014, el país ya había intentado aprobar una ley similar, aunque la presión por incluir la muerte hizo que se retirara de la propuesta, que finalmente se firmó como cadena perpetua. Meses después, el Tribunal Constitucional la derogó por el tecnicismo de no tener quórum suficiente en la cámara de representantes. Aun así, seguían prohibidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Nueve años después, las leyes son incluso más severas que las propuestas entonces: ya no solo criminalizan a la comunidad LGTBI, sino también a quienes amparan a estas personas, las apoyan o incluso hablan de ellas. La denominada “promoción de la homosexualidad” se penaliza con hasta 20 años de cárcel y si una persona es propietaria de un lugar donde haya homosexuales, puede enfrentarse a siete años entre rejas.
“Mi arrendador ya me ha pedido que me vaya”, cuenta Mukiibi. “Todavía no me he marchado porque no tengo donde ir y debo buscar una casa donde no me conozcan”, asegura el activista, cuyo perfil público hace todavía más difícil su vida.
La ley infunde miedo. Los medios de comunicación tampoco pueden informar y se enfrentan a una multa de 250.000 euros y diez años sin licencia en caso de que se considere que su noticia es una promoción de la comunidad LGTBI. En todo caso, antes de publicar cualquier noticia sobre una víctima homosexual se debe tener la autorización previa de un juez.
La adopción de esta legislación llega tras un repunte de la retórica homófoba entre políticos, líderes religiosos y otros sectores de la sociedad ugandesa y exacerba la estigmatización, la violencia, el acoso y la discriminación continuos contra las personas LGBTI, según los expertos internacionales.
“La peor ley del mundo”
Museveni ha tardado más de dos meses en firmar la ley, aprobada el 22 de marzo por 444 de los 557 parlamentarios en la cámara baja de Uganda. La ralentización de la firma se produjo bajo la presión internacional por frenar lo que la ONU describe como la que es “probablemente la peor ley del mundo” contra los derechos LGTBI y dice que convierte a las personas lesbianas, gais y bisexuales “en criminales simplemente por existir, por ser quienes son”, dando “carta blanca para la violación sistemática de casi todos sus derechos humanos”.
El Programa Conjunto de la ONU contra el VIH/sida (ONUSIDA), junto a otras organizaciones sanitarias internacionales, considera que el progreso de Uganda en su respuesta al VIH está ahora en grave peligro y teme que la ley “obstaculice la educación en salud y el compromiso necesarios para acabar con el sida como una amenaza sanitaria pública”.
La Unión Europea y Estados Unidos también han condenado la legislación. El Parlamento Europeo pidió en abril a la Comisión que usara “todos los medios diplomáticos, jurídicos y financieros necesarios para convencer al presidente” de que no firmara la ley. “El Gobierno de Uganda tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos. De lo contrario, se socavarán las relaciones con los socios internacionales”, dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que es “una trágica violación de los derechos humanos” y avisó de que su aprobación “amenaza el desarrollo económico de todo el país”. También le apoyó el senador republicano Ted Cruz, que tuiteó que es “grotesco y una abominación” considerar la muerte por ser homosexual.
Tan solo EEUU dedica 950 millones de euros cada año en ayuda al desarrollo al país, que en 2021 recibió un total de 2.520 millones de euros del exterior, según datos de la ONU. Las políticas del país no podrían salir adelante sin la financiación de los socios externos, que pagan el 40% del presupuesto público.
El Gobierno de Uganda ya dicho que las amenazas de cortar la financiación son una forma de “chantaje” que no van a aceptar, ya que consideran que la homosexualidad es “una desviación sexual” y no un derecho constitucional.
A pesar de lo que dice el Gobierno, los activistas LGBTQ sí la consideran inconstitucional y pretenden combatir la ley ante la Justicia. La coalición Convocatoria por la Igualdad, formada por diversas asociaciones, comunicó que recurrirá la firma como anticonstitucional y recordó que la intentona de 2014 produjo recortes en ayuda exterior por valor de más de 12 millones de dólares de socios europeos y Estados Unidos.
Mukiibi tiene esperanza en que si los socios exteriores cumplen su palabra, la ley pueda ser revertida. “Si cortan las donaciones nos ayudarían, porque Uganda depende del apoyo de Occidente”, dice el activista. Esta ley, dice, pone en peligro su vida. “Esto nos va a dificultar mucho el trabajo porque apoyar es promover lo LGTBI y eso es prisión. Realmente nos ha hecho la vida superdifícil”.
Aunque no pierde la esperanza, Mukiibi ya busca alternativas con su pareja, con la que lleva nueve años de relación. “En este momento estamos planeando ir a otro país”, cuenta. Pero la realidad les golpea cuando se lo plantean: “No tenemos suficiente dinero y tendríamos que conseguir un visado. Ahora mismo tenemos miedo”.
Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la criminalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo continúa en 67 países de todo el mundo, y diez aún imponen la pena de muerte.