Yaneth, de Honduras, tiene 20 años. En su país, las pandillas amenazaron de muerte a su esposo. Los tenían vigilados, sabían dónde vivían. Huyeron de Honduras cuando ella estaba embarazada. Entró sola a Estados Unidos porque solo tenían dinero para pagar un cruce. Estaba embarazada ya de cinco meses. En Estados Unidos la detuvieron. Nunca la vio un médico ni recibió información, solo una botella de agua en casi 12 horas. Pero lo peor estaba por llegar: cuando fue expulsada a la ciudad mexicana en la frontera de Reynosa, la violaron. “No les importó que estuviera embarazada, me afectó muchísimo y afectó mi embarazo”, dice.
El parto se adelantó y su bebé nació prematura. A pesar de lo que pasó, ha vuelto a Reynosa porque unos amigos le hablaron del refugio donde vive ahora. “A veces quisiera dormir y no despertar, pero mi hija, mi mamá que sigue en Honduras, mis hermanos y mi esposo me ayudan a seguir”, afirma.
Están siendo semanas agitadas en Reynosa, en el noreste mexicano. Mientras persiste la expectativa sobre el eventual levantamiento del Título 42 (la orden que permite la expulsión inmediata de personas migrantes desde Estados Unidos y vigente aún por una orden judicial) siguen llegando miles de personas a esta ciudad fronteriza. Allí se enfrentan a duras condiciones climáticas, inseguridad y falta de acceso a servicios básicos.
El desalojo de los últimos habitantes que quedaban en la Plaza de la República a comienzos de mayo y la llegada cada día de cientos de migrantes mantienen colapsada la de por sí escasa capacidad existente en la ciudad para atender a esta población.
La dinámica de la migración ha cambiado visiblemente respecto al panorama de meses atrás. El número de personas migrantes ha aumentado y hay una gran carencia de servicios de alojamiento, alimentación y salud para atenderlas. Los permisos de ingreso a Estados Unidos, gestionados fundamentalmente por grupos de abogados privados y que se dan a cuentagotas, y las continuas expulsiones desde Estados Unidos hacia las fronteras del norte de México en virtud del aún vigente Título 42, están actuando como factor de hacinamiento de solicitantes de asilo.
Cientos de personas llegan intentando acceder a un apoyo legal para su entrada en el vecino del norte y deciden quedarse a esperar en una ciudad donde ya no hay espacio en los albergues. Muchas de ellas acaban viviendo en la calle. Además de las dificultades de acceso a servicios de salud y espacios seguros, se enfrentan a temperaturas muy elevadas, sin agua potable ni sanitarios. También están expuestas a situaciones de violencia en una ciudad donde los enfrentamientos entre grupos armados, también en las colonias cercanas a los albergues, se han incrementado.
“Caos y miedo”
La familia de José, de Honduras, lleva varios meses en Reynosa. “La otra noche escuchamos balazos muy cerca del albergue, sentimos desesperación porque no sabíamos lo que pasaba, nos escondimos en el baño por miedo a una bala perdida. Venimos huyendo de las balas en mi país, no pensamos que aquí también fuera así. Hubo mucho caos y miedo”, relata José que espera, junto a su esposa, su hija y su padre de 74 años respuesta a le petición de asilo.
En estos momentos, hay unas 2.400 personas en los dos albergues en los que prestamos apoyo desde Médicos Sin Fronteras (MSF), pero no tenemos un cálculo exacto del número de migrantes que viven en los alrededores y en las calles. Ante este panorama hemos aumentado la capacidad del equipo, sumando más personal médico y logístico y medicamentos. Brindamos consultas médicas y de salud mental, entregamos kits de hidratación, agua potable y realizamos actividades de promoción de la salud y asistencia social.
A nivel físico, vemos cuadros respiratorios, enfermedades gastrointestinales, infecciones urinarias, ginecológicas y en la piel y desequilibrios por enfermedades crónicas o degenerativas. Es especialmente preocupante que, en las últimas semanas, nuestras consultas para mujeres embarazadas y menores de cinco años se hayan triplicado.
En cuanto a la salud mental, prevalecen los síntomas relacionados con trastorno de estrés postraumático, ansiedad, duelo o pérdida y depresión. A pesar de nuestros esfuerzos, estamos rebasados ante la cantidad de personas que requieren servicios y las dificultades para poder brindarlos, sobre todo para las personas que viven en situación de calle.
El caso de Reynosa es ejemplo claro del impacto que tienen las condiciones de inseguridad, pobreza y desigualdad en los países de origen y que obligan a huir a miles de personas en búsqueda de protección y bienestar. A estas se suman las políticas migratorias de países como Estados Unidos y México que criminalizan a las personas migrantes y generan crisis humanitarias en lugares como esta ciudad.
Es imprescindible una mayor respuesta de las entidades oficiales e internacionales para mejorar el acceso a hábitat, a los servicios sanitarios, alimentación, salud, educación y protección. Pero también es esencial un discurso que vea en las personas migrantes y refugiadas una oportunidad de crecimiento nacional y no una amenaza, porque migrar no es un delito y buscar protección y seguridad no es un crimen.
* Anayeli Flores es responsable de Asuntos Humanitarios de MSF en México.