“Es casi imposible crear centros para clasificar a los migrantes fuera de la UE sin quebrantar las leyes internacionales”

La propuesta ha marcado los últimos debates de cara al Consejo europeo que se celebrará los próximos 28 y 29 de junio y comenzará a prepararse este domingo en una reunión informal de líderes en Bruselas. La UE baraja la idea de construir centros para clasificar a los migrantes en el norte de África, según un borrador de conclusiones de la próxima cumbre europea que tendrá la migración entre sus temas centrales.

“Estas plataformas podrían facilitar un procesamiento rápido que distinga entre migrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional”, defiende el documento. Se trata, dicen, de un intento por disuadirles de que emprendan peligrosos viajes a través del Mediterráneo. Lo mismo que defendió el pasado jueves el comisario europeo de Migración y Asilo, Dimitris Avramópulos, cuando instó a los Veintiocho a estudiar la creación de estos centros fuera de la UE: “Se han reducido las muertes en el Mediterráneo, pero no es suficiente”.

Pero Daria Davitti, profesora de Derecho e investigadora especializada en políticas migratorias de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), adelanta que, aunque estos centros se pongan en marcha, la gente seguirá arriesgando sus vidas para encontrar rutas alternativas para llegar a Europa. “Se trata de medidas disuasorias destinadas a sellar herméticamente las fronteras de la UE, no a salvar vidas humanas en el mar”, contesta en una entrevista con eldiario.es.

La experta lleva tiempo estudiando con lupa este tipo de procesos. Hace algo más de un mes, antes de que la propuesta de la UE comenzara a resonar con fuerza, Davitti publicaba un breve  informe en el que desgranaba lo que, dice, ha sido una “vieja fantasía” de los países europeos que nunca se ha terminado de materializar: procesar las peticiones de asilo en el extranjero. Un sistema que ya aplica Australia, con centros de detención de migrantes fuera de su territorio como el de la isla de Nauru, en el Pacífico Sur, que acumula una lluvia de críticas de las organizaciones de derechos humanos por los abusos perpetrados en su interior.

Durante la entrevista, Davitti es tajante: “Es prácticamente imposible poner en marcha un sistema de procesamiento de este tipo sin infringir el derecho internacional”. Y recuerda, como precedente, que los países miembros no están cumpliendo los compromisos para trasladar a refugiados desde países europeos como Italia y Francia. “Esto significa que el objetivo de esta propuesta, en última instancia, es dejar a la gente allí”, alerta la experta. 

Varios líderes europeos acudirán este domingo a la reunión preparatoria del Consejo convocada por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. A ella acudirán los representantes de varios países como Italia, España, Francia, Austria, Alemania, Grecia, Bulgaria y Malta. Cuarenta eurodiputados de cuatro grupos políticos le han enviado una carta para pedirle que frene la aprobación de estos centros en el extranjero. También se la han remitido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Algunos países ya han marcado posiciones. Este sábado, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado la otra propuesta que presentará a sus socios europeos: la creación de “centros cerrados de desembarco” en “suelo europeo” en los que se tratarían los expedientes de los demandantes de asilo para agilizar los trámites y devolver a sus países a aquellos que no gocen de ese derecho. La propuesta ha sido abordada con la canciller alemana, Angela Merkel, y cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez.

Esta semana se ha conocido que la UE estudia la idea de construir lo que denomina “plataformas regionales de desembarco” en el norte de África. ¿Qué opina de esta propuesta de crear centros para clasificar a los migrantes y refugiados fuera de territorio europeo?

No cabe duda de que esta propuesta, si se aplica, profundizará la externalización de las fronteras de la Unión Europea y subcontratará las obligaciones de protección internacional de la UE y de los Estados miembros a terceros países.

Por lo poco que sabemos de las “plataformas regionales de desembarco” previstas en esta propuesta, se asemejan mucho a la idea de los centros de procesamiento 'offshore' [en el extranjero], de modo que las personas que se desplazan nunca llegan realmente al territorio europeo, y son sometidas a los trámites en terceros países, fuera de la UE. Se presenta como un intento de salvar vidas en el Mediterráneo, pero la gente está muriendo en el mar porque hemos cerrado cualquier posible vía legal para acceder a la UE y buscar protección.

En su último informe, antes de que los últimos planes salieran a la luz, usted asegura que los centros de este tipo son una “vieja idea” en la UE. ¿Desde cuándo se vienen barajando propuestas similares?

En el último informe del Human Rights Law Centre, elaborado junto a Marlene Fries y Marie Walter-Franke, decimos que es una “vieja idea” porque los Estados miembros de la UE han jugado con la idea de centros de procesamiento en el extranjero desde al menos 1986, con una propuesta presentada por el Gobierno danés. En 1993 fue el turno del Gobierno holandés, y luego, del Gobierno austriaco en 1998.

Muchos hacen referencia a la propuesta de Tony Blair en 2003, quien planteó “Áreas de Protección Regionales” más cercanas al país de origen, posiblemente bajo la responsabilidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), pero ese no fue el primer intento de lo que también se conoce como “protección extraterritorial”.

Se han presentado otras propuestas similares desde entonces, parece que cada vez que hay un aumento en el número de personas que llegan a la UE, las propuestas de procesamiento 'offshore' reaparecen. Pero hasta ahora no se han aplicado, y por una muy buena razón: es prácticamente imposible poner en marcha un sistema de procesamiento de este tipo sin infringir el derecho internacional.

Y ahora, ¿cree usted que la propuesta va a cobrar fuerza y los líderes europeos pueden finalmente llegar a un acuerdo para ponerla en marcha?

Espero que no lo hagan. El resultado de esa decisión sería que, muy probablemente, Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participarían, al menos inicialmente. Sin embargo, pronto se retirarían, tan pronto como las violaciones del derecho internacional se hicieran evidentes, no querrían estar involucrados en algo así.

En estos momentos, los Estados miembros no están dispuestos a reasentar a las personas desde terceros países. En la actualidad, no se está produciendo un traslado efectivo de personas desde los 'hotspots' [puntos calientes] de Grecia e Italia, ni tampoco desde Turquía. El número de personas con derecho a protección internacional reasentadas en los Estados miembros de la UE es muy bajo. ¿Qué nos hace pensar que la estrategia será diferente cuando se trate del reasentamiento desde estos centros de procesamiento fuera de la UE?

Desde el punto de vista del procedimiento, también hay otras muchas cuestiones: asegurarse del respeto de las garantías procesales en los procedimientos para determinar si se concede o no la condición de refugiado; la representación legal adecuada y los procedimientos de apelación, la creación de un sistema que sea justo y capaz de identificar a los más vulnerables como los niños, las víctimas de la trata de personas, o las víctimas de violencia sexual y de tortura, por citar sólo algunos casos.

Las llamadas “salvaguardias” no han sido respetadas en ninguno de los sistemas 'offshore' que conocemos, por ejemplo, en los centros australianos o en los centros puestos en marcha por los EEUU para el procesamiento de los haitianos que llegaban en embarcaciones precarias, los 'boat people'. Todos los Estados están interesados en mantener a la gente fuera, tengan o no derecho a la protección.

Usted ha insistido en que los argumentos a favor del procesamiento fuera de la UE “no se sostienen”. ¿Por qué, a su juicio, no son ciertos?

Los ejemplos actuales y pasados muestran claramente la imposibilidad de garantizar un sistema de tramitación que cumpla las normas necesarias del debido proceso, condiciones que sean humanas y respeten la dignidad y los derechos de las personas, y, al final del proceso, asegurarse de que las personas necesitadas de protección internacional sean reasentadas con éxito.

También existe el riesgo de que, para acelerar el proceso, las decisiones sobre la condición de los refugiados se adopten utilizando los denominados “procedimientos acelerados”, que se basan en la suposición de que las peticiones de las personas procedentes de determinados países de origen que no sean productores de refugiados están injustificadas.

La experiencia de los sistemas nacionales ha mostrado los peligros de este enfoque: es una interpretación errónea del concepto de protección internacional, ya que descuida la naturaleza individual de la persecución y la obligación de garantizar un examen individual de cada solicitud de asilo.

Un ejemplo de los riesgos de estos procedimientos por la vía rápida: una persona que ha sufrido violencia sexual tarda mucho tiempo en confiar en la persona que la entrevista por factores como el estigma o a la criminalización. La violencia sufrida casi nunca se cuenta durante la primera entrevista. En un centro de procesamiento en el extranjero estos procesos van a suponer que casi seguro esa persona sea devuelta a su país de origen. Lo mismo puede decirse de los casos de trata y de los niños refugiados.

Por último, también debemos desterrar ese razonamiento utilitarista que a menudo se utiliza para justificar la deslocalización como “un uso más eficiente de los recursos”. Las instalaciones australianas de ultramar muestran que este sistema cuesta 240.000 euros por persona y año. Por lo tanto, va a ser un uso ineficiente de los recursos que también es muy probable que vaya a violar el derecho internacional.

En la propuesta se defiende que estas “plataformas” deben permitir “reducir los incentivos para emprender viajes peligrosos”. Lo mencionaba antes, ¿cree que esta idea ayudará a reducir las muertes en el Mediterráneo?

En mi opinión, el lenguaje de “salvar vidas en el mar” es simplemente una postura humanitaria que no tiene nada que ver con salvar a la gente. Las investigaciones demuestran que las políticas de la UE han provocado más muertes en el mar, porque han empujado a la gente hacia rutas cada vez más peligrosas y costosas.

Hemos cerrado todas las rutas y hemos criminalizado a las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo; hemos financiado, formado y equipado a los llamados “guardacostas libios” para que intercepten a las personas en el mar y las devuelvan a los centros de detención libios, donde las condiciones son notoriamente inhumanas.

Se trata de medidas disuasorias destinadas a sellar herméticamente las fronteras de la UE, no a salvar vidas humanas en el mar o a evitar que se embarquen en viajes peligrosos. La gente seguirá arriesgando sus vidas para encontrar rutas alternativas.

Ha hecho referencia a alguna, pero ¿cuáles son las “preocupaciones legales insuperables” que usted observa en este tipo de centros?

Existen preocupaciones jurídicas relacionadas con la prohibición de la no devolución, pero también con el derecho a salir del país y la prohibición de la expulsión colectiva, consagradas en el derecho internacional y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, la falta de garantías puede crear el peligro de una persona que corre el riesgo de ser perseguida sea devuelta. Por no mencionar que las personas tendrían que ser trasladadas físicamente a estos centros, y estos traslados, en sí mismos, podrían suponer una violación de la prohibición de no devolución, por ejemplo, debido a las condiciones de los centros.

La situación en este tipo de centros, según ha dicho, no serían muy diferente a la del centro australiano en Nauru y o el de Moria, en la isla griega e Lesbos, donde la gente vive en condiciones muy precarias.

El cumplimiento de todas las salvaguardias necesarias es prácticamente imposible. Aunque, por supuesto, hay una diferencia entre la situación en Nauru, donde se ha demostrado que los abusos eran intencionados y sistemáticos, y en Moria, donde parece estar relacionada con la falta de recursos y la incapacidad para reubicar a estas personas.

Lo ha mencionado antes. Uno de los puntos donde esta propuesta puede fracasar es en que, en la práctica, los países de la UE no están trasladando, como se comprometieron, a los refugiados desde otros países.

Exactamente, no lo están haciendo, lo que significa que el objetivo, en última instancia, es dejar a la gente allí. Después de todo, la propuesta danesa es que las personas con derecho a protección internacional sigan en el tercer país, donde recibirán dicha protección, con el apoyo financiero de Dinamarca. De varias maneras diferentes, estamos tratando de comprar nuestra salida de nuestras obligaciones internacionales, con la cooperación de terceros países. Incluso a través de lo que la UE ha llamado el enfoque “más por más”: más fondos de ayuda a estos países a cambio de una cooperación más “efectiva” en el control de la migración.

Macron ha propuesto este sábado crear de “centros cerrados de desembarco” en “suelo europeo”. ¿Qué opinión tiene de este proyecto? ¿Sería muy diferente a los 'hotspots' que la UE ya tiene, por ejemplo, Moria?

Hace unas semanas se sugirió que Italia y Austria también apoyaban los centros de Europa, pero fuera de la UE, y los rumores eran que se iban a construir en Albania y Serbia. Muchos de los problemas legales y procesales serían los mismos en este caso. Si se crearan en estos países, la diferencia con Moria es que las personas que viven en estos centros no estarían en un Estado miembro, por lo que el sistema de Dublín –la normativa comunitaria de asilo– no se aplicaría, por supuesto.

Sin embargo, en los centros cerrados las principales preocupaciones son siempre las condiciones de detención, la legalidad de la privación de libertad y la eficacia del sistema para decidir quiénes son refugiados y quienes no, especialmente en cuanto a las garantías procesales. Y con la estrategia que tanto Serbia como Albania han adoptado con las personas en movimiento, si estos resultan ser los países elegidos, hay preocupaciones añadidas sobre cómo se tratará a las personas allí.

Al ser países muy cercanos a la UE, los Estados miembros piensan que se pueden utilizar más incentivos para persuadirles de que acepten estos centros en su territorio, por ejemplo, la perspectiva de una adhesión acelerada. Y por supuesto mucho dinero. Lo vimos con el acuerdo entre la UE y Turquía.