Después de cuatro años, una pequeña parte de los ciudadanos extranjeros que residen en España volvían a estar llamados este 26M a las urnas en las únicas elecciones en las que pueden participar, las municipales –junto a las europeas para los ciudadanos de la UE–. Esta vez lo hacían en pleno auge de los discursos xenófobos en la escena política. Sin embargo, la falta de información, los plazos ajustados y alejados de la cita electoral o la ausencia de mensajes políticos con los que identificarse han vuelto a culminar, para muchos, en unos bajos niveles de participación, del 6%, de la población extracomunitaria, a la que se les exige varios requisitos para poder votar. El último de ellos, apuntarse en el censo electoral.
En él solo se inscribieron 466.316 personas, de las aproximadamente 1.263.172 que, de acuerdo con los datos del INE, reunían las condiciones para poder votar el 26M. De los inscritos, apenas 16.636 procedían de los 12 países de fuera de la UE, en su mayoría latinoamericanos, que cuentan con un acuerdo de reciprocidad con España. El grueso de votantes son ciudadanos comunitarios de países como Rumanía (113.578 electores), Reino Unido (97.579) o Italia (57.537). De los más de 500.000 ciudadanos de la UE con los que se puso en contacto la Oficina del Censo Electoral, se inscribieron algo más del 7%.
Cerca del 6% de los inmigrantes extracomunitarios con derecho a voto hicieron los trámites para acudir a las urnas el pasado domingo. Este reducido número final de inscritos está lejos de ser una excepción. Sigue la tendencia a la baja de años anteriores: cerca del 15% de los que cumplían las condiciones se registró para las municipales en 2011, una cifra que se desplomó hasta el 7% en 2015, según datos analizados por eldiario.es. Son las cifras más aproximadas a lo que después ocurrió en los colegios electorales, que no puede conocerse.
Las personas procedentes de Nueva Zelanda (14%), Corea (11%) y Chile (9%) son las que presentaron los niveles de inscripción más altos. Las que menos, las que provienen de Ecuador (4%) o Colombia (6%). También, Trinidad y Tobago, pero se trata de una población muy pequeña, al igual que la neozelandesa, con 32 inscritos de 226 personas que cumplían los requisitos.
Así, la participación de los extranjeros en los comicios locales ha vuelto a caer en esta nueva convocatoria electoral. Diversos expertos consultados por eldiario.es negaron en este especial que la bajada pueda explicarse por la abstención o la falta de interés de esta población. La atribuyen a los requisitos exigidos que se les exige para poder votar, como el hecho de tener que inscribirse, a los plazos para hacerlo o a la escasa información. Estas trabas prácticas, explican, tienen un mayor peso a la hora de decantar su participación que la posible movilización que puede tener el aumento de los mensajes que arremeten contra la población inmigrante.
Muchas de las personas que son foco de este tipo de discursos, además, están excluidas del derecho al voto. Los convenios dejan fuera a comunidades con un importante número de residentes en nuestro país como la marroquí, la china o la senegalesa.
Inscribirse con seis meses de antelación
El principal factor que influye en la falta de participación de la población inmigrante, según han analizado especialistas como David Moya, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), es tener que apuntarse en el censo, a diferencia de la población española, que es censada de forma automática y se le comunica, directamente, los datos para ejercitar su derecho como el colegio electoral.
Los requisitos son distintos en función de si son de fuera o de dentro de la UE. En el caso de los inmigrantes extracomunitarios, cumplir con estos trámites una vez no es suficiente: tienen que registrarse en el censo antes de cada nueva cita electoral. Es decir, quienes se inscribieron para los comicios de 2015 y quisieron volver a participar en el 26M, tuvieron que volver a hacerlo.
Esta condición puede explicar, a juicio de Moya, que los niveles de participación sean superiores en el caso de los ciudadanos de la UE, que, si ya figuran en el censo de otros comicios, mantienen automáticamente su condición de electores sin tener que rellenar ningún papel. Según cálculos de eldiario.es, como media, un 16,5% de la población de la Unión mayor de 18 años figura en el censo electoral. En casos como Reino Unido, Países Bajos, Bélgica o Alemania supera el 26%. Estas cifras contrastan con el 6% de extracomunitarios inscritos en el censo.
“Es paradójico que frente a los mensajes xenófobos de algunos partidos no se produzca una movilización de este electorado y sobre todo que la no inscripción sea mucho más alta entre los países nacionales de aquellos países extracomunitarios con los que España tiene acuerdos de reciprocidad, ya que forman parte de un colectivo que está mucho más en la diana de ese tipo de mensajes xenófobos”, apunta por su parte Pablo Ruiz, investigador del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. “En cualquier caso, es lo mismo que sucede en el caso de los españoles en el extranjero, el complicar los trámites impacta decisivamente (a la baja) en la participación”, sostiene.
Ruiz agrega el que, a su modo ver, es otro factor clave que puede explicar la desmovilización: los plazos requeridos para apuntarse en el censo, con una antelación de más de seis meses antes de la convocatoria y en un momento en el que no hay ambiente electoral. “Los plazos son relativamente lejanos a la celebración de las elecciones, en enero, cuando aún no se ha producido el efecto activación del electorado en los momentos más cercanos a la celebración de las elecciones”, sostiene el experto. Los ciudadanos de la UE tuvieron tres meses, del 1 de noviembre al 30 de enero, para hacer los trámites. El plazo para los que no proceden de países de la Unión fue de un mes y medio, del 1 de diciembre al 15 de enero.
“Los plazos son muy limitados”, coincide por su parte Anastasia Bermúdez, investigadora Ramón y Cajal en Antropología de la Universidad de Sevilla. Añade otros factores como la falta de tiempo, debido a “condiciones laborales y familiares más precarias” que atraviesa, en ocasiones, la población inmigrante. “Nuestra gente trabaja y muchas veces tiene dificultades para ir al Ayuntamiento”, indica Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, que ofrece apoyo a la población ecuatoriana -que sí puede votar- y tiene una larga trayectoria en la lucha por el derecho al voto.
Poca información
La Oficina del Censo Electoral se puso en contacto por carta a finales del año pasado con 280.316 personas nacionales de los 12 países con acuerdo que cumplían con todas las condiciones para poder votar, es decir, tener autorización de residencia, estar empadronados en su municipio y haber vivido “legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores” en España. Para los noruegos, se reduce a tres años. Asimismo, mandó 575.072 comunicaciones a ciudadanos de la UE para que manifestaran su voluntad de participar en las elecciones rellenando un formulario, algo que pueden hacer en los ayuntamientos de sus localidades.
Aquí entra en juego otro de los factores que, a juicio de las distintas voces consultadas, acaba dificultando que los inmigrantes acudan a votar: la falta de información suficiente. Se trata además, de un derecho relativamente reciente: el grueso de tratados se suscribió antes de las elecciones locales de 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “La gente no está plenamente informada de que tiene su tarjeta residencia de que tiene esa capacidad de votar”, recalca Paspuel.
Para Moya, “las administraciones no han hecho los deberes” a la hora de promover que los extranjeros se inscribieran para el 26M. “Algunos ayuntamientos lo han hecho pero a nivel nacional no. Ha faltado una campaña en condiciones para promover la inscripción previa a nivel nacional”.
Destacan algunas experiencias, como la del Ayuntamiento de Barcelona, que puede marcar el camino en este sentido. Durante el pasado mes de octubre, puso en marcha la campaña informativa 'Mi ciudad, mi voto' para animar a la población extranjera a inscribirse. “Las comunidades más numerosas de la ciudad han recibido anuncios y publicidad en su lengua materna con información sobre el procedimiento de inscripción, a través de cartas en los domicilios de las personas empadronadas, anuncios en las redes sociales y distribución de vídeos, y también con el contacto directo del tejido asociativo de las diferentes comunidades y de consulados, entidades y asociaciones”, explica el consistorio.
El resultado es que, cuando la gente recibe más información, los niveles de participación suben, de acuerdo con los datos aportados por el consistorio. 24.743 vecinos extranjeros, comunitarios o extracomunitarios de países con convenio de reciprocidad, pudieron votar en las municipales al Ayuntamiento de la Ciudad Condal. En total, suponen 8.547 personas más que en los comicios del 2015, un 50% más que hace cuatro años. En el caso de los extracomunitarios creció un 49,5%: pasó de 1.101 personas hace cuatro años a 1.646. Las principales comunidades han sido la boliviana (359), la colombiana (350) y la peruana (317).
Gisele Touceda tuvo que lidiar con esta falta de información en primera persona cuando fue a acompañar a un familiar argentino con nacionalidad italiana a apuntarse para poder votar en un municipio de Valladolid. En su caso, quienes desconocían los trámites eran las personas encargadas de la administración. “La primera sorpresa fue que las funcionarias no tenían ni idea de cómo se hacía el trámite o de qué formulario debía rellenar”, recuerda esta activista antirracista. La segunda sorpresa llegó cuando me instaron a abandonar el trámite porque según la funcionaria ya había pasado el plazo, esto no era cierto, yo iba bien informada. De no estarlo, se le hubiese negado el voto“, recalca.
Añade que tuvieron que esperar “durante una hora” para registrar el formulario de inscripción. “No desistimos, esperamos, me quejé en rotundo por la incoherencia de dejarnos ahí esperando para hacer una de las acciones fundamentales de un ayuntamiento con sus vecinos, el registro público. No obstante, conseguimos hacerlo y la persona encargada del censo electoral nos pidió disculpas por la demora. Resultó que ni siquiera hacía falta que hubiésemos esperado, no hacía falta registrarlo”. Desde colectivos como el suyo, Poder Migrante, tratan de movilizar el voto inmigrante para llenar, dice, la escasa información por parte de las instituciones.
La falta de representación en el debate político
Otro de los aspectos que pueden estar detrás de las cifras bajas de participación electoral de la población inmigrante es la ausencia de mensajes que puedan atraer su voto. “Es difícil ir más allá de enumerar algunas hipótesis, pero una podría ser que no se encuentran representadas sus necesidades y demandas en los programas de los partidos”, recalca Ruiz.
Víctor Pool, activista y trabajador social méxicano, lo confirma “Es difícil animar a votar cuando no nos sentimos representados. Los políticos e instituciones nunca se dirigen a nosotros. Hablan de nosotros, de lo que van a hacer con nosotros, de las políticas que aplicarán sobre nosotros… es decir, hablan de nosotros como un objeto, pero nunca como un sujeto político. Por eso no nos sentimos reflejados, y esto es algo que venimos diciendo desde hace años”, apuntala. “Cuando somos el centro de campañas políticas, hablan sobre nosotras en términos de 'invasoras', 'delincuentes', 'acaparadoras de ayudas' o de que venimos a 'quitarles el trabajo”.
Para Bermúdez, por su parte, es un “mito” que los inmigrantes “se implican poco”. “La participación política va mas allá de las elecciones: hay sindicatos, ONG, organizaciones, marcha. Esta diferencia es interesante porque ayuda a matizar el mito que se implican poco. Esa no es la sensación que hay, a nivel formal participará dependiendo de los derechos formales que tenga”, recalca Bermúdez.
Asimismo, en un estudio de 2016 en el que analiza la elección de ediles extranjeros en España, la antropóloga concluye que “la infrarrepresentación de la población inmigrante es generalizada”. Distinta es la situación de quienes tienen origen extranjero pero sí cuentan con nacionalidad, que “han visto incrementada su presencia en las listas electorales, si bien de forma reducida y generalmente en posiciones últimas o de relleno”.
“Nada dice que con más participación habría un vuelco”
¿Cómo aumentar los niveles de participación? El experto de la Universidad de Barcelona considera que, además de una campaña informativa “amplia y sostenida en el tiempo”, se podría suprimir el requisito de registro previo –como reclaman desde Rumiñahui–. “Todo induce a pensar que desincentiva, pero nada asegura que habría un vuelco brutal en los resultados electorales”, esgrime Moya.
En un estudio, basándose en la experiencia de otros países de Europa, explica que la participación electoral de los extranjeros tiende “en general a ser más baja que la de los nacionales, por razones probablemente estructurales como el conocimiento e interés por el nuevo medio político o la experiencia participativa, pero intentar lograr que se sitúe en cifras mínimamente homologables al resto de países europeos donde los extranjeros también votan puede ser un objetivo asumible”.
Ruiz menciona más factores posibles en esta línea sobre la baja participación como que estas personas “no han establecido aún vínculos tan fuertes con la sociedad española y el ámbito sociopolítico como para desear participar, o incluso que puedan no conocer el funcionamiento del sistema político en España o que sí lo conozcan pero no consideren importante el nivel local”.
Para Touceda, esto se debe a que “muchas personas migrantes no se reivindican como sujetos” con derechos políticos. “Esto sucede por la sumisión y la asimilación, algunos aceptan la idea de que nos debemos a una España de acogida, generosa y caritativa, asumiendo el discurso de no poder reclamar nada porque 'sino te gusta lo que hay vuelve a tu país”. Asimismo, critica que “siempre se cuestione a las personas migrantes que no participan, y más en un contexto electoral basado en el odio y el discurso xenófobo, o se señala a las personas migrantes que manifiestan su empatía por partidos conservadores o ultraconservadores”.
No obstante, también deja espacio para la autocrítica. “Debemos también hacer autocrítica de por qué no conseguimos que nuestro mensaje de movilización del voto y de participación llegue a nuestras comunidades, pese a todas las trabas burocráticas y a qué las nacionalidades con derecho al voto en las municipales es excluyente”, sentencia.
Lo mismo piensa el presidente de la organización ecuatoriana. “Ante determinados discursos, la gente se asusta y piensa: 'Mejor me quedo callado, porque no somos aqui'. Es un proceso de concienciación política en el que tenemos que trabajar las organizaciones sociales para que acudan a votar, porque es la única herramienta que nos va a permitir frenar a este tipo de partidos políticos de extrema derecha”.
Gráficos: Ana Ordaz