Para Cristina, una guatemalteca de 15 años, los problemas empezaron cuando decidió dejar de vivir en secreto su sexualidad y contar a su familia que le gustaban las mujeres. “No me aceptaron, me dijeron que estaba equivocada y que debía intentar estar con un hombre para cambiarme. Un amigo se ofreció a ayudarme, y pensé que si estaba con él [sexualmente] dejaría de ser lesbiana, y mi familia me aceptaría de nuevo. Ahora tengo una hija de un año y nada ha cambiado [en relación con la orientación sexual]. Estoy sola con mi bebé”, relata la adolescente.
Pablo nació en el cuerpo de una niña en una comunidad rural de Guatemala. Durante la adolescencia, el menor comenzó a vestirse con ropa de chico, lo que le costó el enfado y los insultos de sus padres, que lo acusaban de “ser lesbiana”. Después comenzaron los golpes en plena calle y las amenazas de las pandillas de su barrio: si no se vestía como una chica, lo matarían. Pablo decidió huir a Estados Unidos donde, dice, por primera vez ha podido reconocerse abiertamente como transgénero.
Sus casos han sido documentados por el grupo Kids In Need of Defense (KIND) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en el informe Infancia Interrumpida, que ha sido presentado esta semana. El estudio denuncia que las diferentes formas de violencia sexual y de género que sufren las niñas y los menores LGTBI en Centroamérica les empujan a huir de sus países en busca de protección, pero también marcan su camino por México hacia Estados Unidos.
Todo ello, en un contexto en el que cada vez son más los niños que migran solos en la región. De acuerdo con el informe, entre 2011 y 2016, las detenciones de menores no acompañados en Estados Unidos aumentaron un 272%. El número de niñas que llegan sin la compañía de un adulto también es mayor: del 23% del total de los menores no acompañados en 2012, al 33% en 2016, según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Reubicación de Refugiados de EEUU.
“Un creciente número de investigaciones indica que muchos de estos niños son forzados a abandonar sus hogares debido a la violencia. Sin embargo, se sabe menos del papel específico que juega la violencia de género en la migración de los niños centroamericanos”, resume el informe, para el que han sido entrevistados más de 70 expertos y 96 menores procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Abusos sexuales por pandillas, familiares y parejas
Una de las participantes es María, una salvadoreña de 17 años. Cuando era pequeña, explica la investigación, su padrastro intentó abusar sexualmente de ella. La menor se fue a vivir con su abuela en un barrio dominado por las pandillas. Cuando comenzaron a fijarse en ella, con 11 años, volvió con su madre y su padrastro, que intentó violarla de nuevo. Decidió huir a Estados Unidos para reunirse con su tío, pero fue detenida en México. Ahora está a la espera de la deportación a El Salvador.
Teresa, también de 17, abandonó Guatemala para escapar de su exnovio, 10 años mayor que ella, que la presionaba para mantener relaciones sexuales. Lila, por su parte, tiene 16 años y huyó de las bandas en El Salvador. “Cuando bajé del autobús escolar, Edgar estaba allí. Él era miembro de la pandilla y quería que yo fuera su mujer”, relata. “Me dijo: 'Vas a ser mía y de nadie más'. Estaba muy asustada porque sabía que si le decía 'no' me pasaría algo malo, es decir, me matarían, me harían daño o me violarían. Me dijo que no podía escapar de él. Tenía que estar con él por la fuerza”, añade.
Niñas y menores LGTBI son, según el estudio, las víctimas “más frecuentes” de las múltiples formas que adopta la violencia sexual en los países centroamericanos: la perpetrada por pandillas y otros grupos organizados pero también las relaciones sexuales forzadas en pareja, el “extremadamente extendido” abuso sexual por parte de familiares, las agresiones sexuales en el lugar de trabajo y la trata de personas. De los 30 menores entrevistados que sufrieron violencia sexual y de género en su país de origen, 21 aseguran que han migrado por este motivo.
“Violaciones correctivas” a chicas LGTBI
En el caso de los adolescentes LGTBI, “son a menudo objeto de violencia”, no solo sexual sino física y verbal, dentro del hogar. Las organizaciones aseguran que algunas chicas LGBTI “han sido sometidas a una 'violación correctiva' por familiares o personas conocidas” para “obligarlas a ”actuar como una mujer“.
Otros, como Cristina, son “presionados” para tener relaciones con alguien del sexo opuesto con el fin de “curar” su orientación sexual o identidad de género. A esto se le une “el acoso” y “la extorsión” de las bandas. Como ejemplo, las organizaciones denuncian que algunas pandillas en El Salvador “han exigido a los miembros que atacar a las personas LGBTI como parte de su iniciación”.
La “falta de protección” les fuerza a huir
El estudio también concluye que la “falta de protección” y los “innumerables obstáculos” que enfrentan los menores para denunciar la violencia sexual y de género. En primer lugar, les bloquea la vergüenza y el miedo a “las amenazas directas” del abusador. Además, “con frecuencia se les culpa a ellos por lo que les pasó”, apuntan las organizaciones.
Asimismo, les disuade la “falta de acceso” a la justicia, “las tasas elevadas” de impunidad y “la discriminación” por parte de funcionarios que “carecen de formación y sensibilidad adecuadas”. En este sentido, el informe concluye que los sistemas de protección infantil en El Salvador, Honduras y Guatemala no tienen capacidad para proporcionar servicios como una alternativa de vivienda o apoyo psicológico porque están “insuficientemente financiados”.
Violaciones, trata y sexo transaccional en la ruta
Esta falta de apoyo también se extiende a los menores migrantes y refugiados supervivientes de violencia sexual y de género durante su viaje hacia México y Estados Unidos. Chicas como Lillian, una hondureña de 17 años entrevistada durante la investigación. Tras cruzar la frontera de Guatemala con México, la joven asegura que el conductor del autobús en que viajaba la agredió sexualmente mientras se duchaba en un puesto de carretera. No se lo contó a nadie.
Los niños migrantes, especialmente niñas y menores LGTBI, experimentan diferentes formas de violencia por parte de “grupos organizados, traficantes, funcionarios de inmigración y otros migrantes” que van desde el acoso sexual y la violación, hasta la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, pasando por el “sexo de supervivencia forzado”.
El temor a la deportación y a la detención hace que los menores no denuncien los abusos que sufren en la ruta, según el informe. Por otro lado, los autores sentencian que los “períodos prolongados de detención y la falta de información y representación legal” provoca que quienes escapan de la violencia sexual y de género no soliciten el asilo en México.
El estigma tras la deportación
De acuerdo con el documento, el número de niñas migrantes centroamericanas deportadas desde México aumentó del 17% en 2012 al 25% en 2014. En general, el la cantidad menores no acompañados deportados desde el país mexicano ha crecido de “forma espectacular”, un 446% entre 2011 y 2016.
“Muchos de los niños son devueltos a la situación de violencia de los que huyeron”, critica KIND. La investigación hace especial énfasis en “el estigma” y “la exclusión”, en forma de rumores y acoso, a los que se enfrentan los menores supervivientes de violencia sexual y de género cuando regresan a sus comunidades. Esto se debe, sobre todo, a “las normas sociales omnipresentes que estigmatizan la actividad sexual de las mujeres fuera del matrimonio y las culpan de la violencia sexual”, explican.
Es el caso de Laura (nombre ficticio) que cuenta, según la ONG Casa Alianza, cómo fue rechazada tras volver a su comunidad en Honduras. Sus vecinos daban por hecho que, al emigrar, “debió haber dormido con muchos hombres”. Lo más doloroso, según la menor, era que los padres de sus amigos “ya no les permitían jugar con ella porque había cogido 'malos hábitos' en el viaje”.