Hace cinco meses que una de las políticas más activas, queridas y prometedoras de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chófer, Anderson Pedro Gomes, fueron asesinados y ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal ni las fuerza de seguridad del Estado han hecho público el estado de las investigaciones. En pleno inicio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre, cada vez es más pesada la sensación de impunidad ante la violencia que reina en el país.
Desde el pasado 14 de marzo, Marielle Franco se ha convertido en símbolo. Y sus padres, muy a su pesar, se han transformado en activistas por los derechos humanos para proseguir la obra de su hija. Han llegado hasta el Vaticano, pero entre la mayoría de políticos brasileños han encontrado solo condolencias y cada vez más desamparo.
“Es difícil, hay que tener tranquilidad. Solo quiero que esto no quede impune, el proceso va muy lento todavía. Nuestro tiempo no es el mismo que el de las investigaciones, porque este es un caso emblemático”, cuenta Marinete Silva, madre de la concejala, a este periódico. “Estuvimos una vez con el alcalde y el gobernador”, cuenta. “Y otra vez en Brasilia, en un acto con la promoción de diplomáticos que también lleva el nombre de mi hija. Temer nos dijo que insistirían en las investigaciones. Pero solo fue ese día, y hace ya mucho tiempo [abril].”
El Ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, ha declarado recientemente lo que casi todo el mundo se temía. “El asesinato de Marielle implica a agentes del Estado”, afirmó en declaraciones a GloboNews. Es una de las razones, ha asegurado, de las “dificultades” con las que se está chocando la investigación.
Además, Jungmann ha desvelado en las últimas horas que ha ofrecido ha ofrecido la ayuda de la Policía Federal, pero la Policía Civil de Río, encargada de la investigación, la ha rechazado. Según ha explicado, el Gobierno intentaba lograr una “mayor eficacia” en la búsqueda de respuestas.
“Estamos fuera del caso Marielle”, ha admitido el ministro. Lo cual es una losa más, porque si las indagaciones se quedan solo en Río de Janeiro corre el riesgo de continuar enquistadas en una estructura demasiado enmarañada.
Por el momento, hay abiertas dos líneas de investigación fundamentales. La primera lleva hasta el concejal Marcelo Siciliano y al miliciano y expolicía militar Orlando Araujo (Orlando Curicica; preso por otro asesinato en 2015).
Un testigo protegido relató conversaciones y planes para acabar con la vida de Marielle Franco. Hace unas semanas, dos sospechosos de otro crimen (el asesinato de dos policías en Guapimirim) fueron detenidos. Una filtración apunta a que pueden estar también relacionados con este caso. Se trata de un policía militar retirado y un exbombero Luiz Claudio Ferreira Barbosa, ambos trabajaban a las órdenes del miliciano Orlando Araujo. Estas milicias paramilitares se disputan el territorio en Río de Janeiro con los comandos de narcotraficantes, utilizando los mismos métodos atroces y todo tipo de extorsiones.
La otra línea de investigación ha sido anunciada desde el mismo partido de Marielle Franco, el PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). Su candidato a alcalde en las pasadas elecciones municipales, Marcelo Freixo, amigo y compañero de la concejala, nombró ante el Ministerio Público Federal a tres políticos que podrían tener razones para gestar un crimen de este tipo movidos por el odio.
Freixo, que ha liderado durante años la Comisión de Investigación sobre las Milicias Paramilitares (con Marielle Franco como asesora en la primera época), señaló a Jorge Picciani, Edson Albertassi y Paulo Melo, todos del PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasileiro) y todos en la cárcel actualmente dentro del marco del caso de corrupción Lava Jato. Una denuncia de Freixo contra ellos echó por tierra su plan de blindarse ante la justicia con cargos estatales, y acabaron en prisión.
La familia de Marielle Franco está convencida de que el juego sucio continúa. Su viuda, Mônica Benício, ha denunciado amenazas. Su padre, Antonio Francisco da Silva, reconocía también a eldiario.es en una de las concentraciones en memoria de su hija que un concejal [refiriéndose a Siciliano] no debería tener contacto con las milicias paramilitares. “Se deben al pueblo”, añade.
En plena época electoral, y con asesinatos impunes de políticos, se duda de que en Brasil puedan organizarse unos comicios honestos y honrados: “Es difícil tener unas elecciones que puedan garantizar lo que necesitamos, eso así es muy difícil”, concluye la madre.
El legado de la concejala en forma de leyes
Esta semana se han cumplido cinco meses del asesinato de Marielle Franco y de Anderson Pedro Gomes. El 14 agosto, se votaron en la Cámara Municipal de Río de Janeiro cinco proyectos de ley que habían sido promovidos por la concejala el año pasado. Ese es su legado más inmediato.
Todos fueron aprobados. Los textos proponen un programa nocturno de acogida para niños cuyos responsables trabajan o estudian; instauración del Día de la Mujer Negra; campaña para sensibilización sobre el acoso y la violencia sexual en espacios públicos y transporte colectivo; el dosier Mujer Carioca (políticas públicas en las áreas de salud, asistencia social y derechos humanos), y el cumplimiento de medidas judiciales para adolescentes en régimen abierto de libertad asistida o prestación de servicios a la comunidad.
Cada día que pasa es más complicado llegar a la solución de este caso. Se corre el riesgo, además, de que la presión popular se vaya desvaneciendo. Por eso las organizaciones civiles continúan con el nombre de Marielle Franco subrayado en su agenda de trabajo.
Amnistía Internacional Brasil ha exigido al Gobierno una comisión externa de investigación. Jurema Werneck, directora de la organización, siente que “la democracia fue violentamente atacada con la muerte de Marielle. ”En palabras para eldiario.es, Werneck espera que “la respuesta de las autoridades llegue rápido para garantizar que cuando llegue octubre las elecciones sean limpias”.
El poder público, mientras tanto, no da señales. “Se mantienen en silencio. La única cosa que dicen públicamente es que están trabajando, pero no tenemos cómo comprobarlo”, explica la directora de Amnistía Internacional. “Olvidan que tienen la obligación de presentar cuentas, la obligación de informar a todo el mundo que están actuando para restaurar la democracia y curar esta gran herida que tiene la ciudad”.