El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha afirmado esta semana que aquellos que entren de manera ilegal por Ceuta y Melilla “no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos”. La realidad es que los ciudadanos subsaharianos no tienen acceso a estos puestos, ni cuentan con otra vía legal de entrada para pedir protección. Las declaraciones del ministro les estarían privando de un derecho que garantiza la legislación española y europea, aseguran los expertos consultados.
“El derecho al asilo no se determina por el modo en que una persona entra en otro país”, dice tajante Estrella Galán, secretaria general de de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que recuerda que se trata de un derecho reconocido a nivel internacional a través de la Convención de Ginebra, de 1951, y de leyes nacionales: queda recogido en la Constitución y en la ley de 2009, reguladora del derecho al asilo y de la protección subsidiaria.
Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, coincide: “No se sostiene por ningún lado. De cumplirse sería una violación del propio derecho al asilo”, apunta el profesor.
La declaración completa del ministro del Interior fue la siguiente: “A sensu contrario' quedará muy claro que los que intenten entrar ilegalmente a España, a la UE y al espacio Schengen a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos”.
Tras el anuncio del Gobierno de su intención de legalizar las devoluciones en caliente, las críticas sobre la vulneración de los derechos humanos –entre ellos el de protección internacional– se mulltiplicaron. Poco más tarde, el Gobierno anunció la creación de dos salas para solicitar protección internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. Desde el principio, organismos internacionales como Acnur y ONG como CEAR han celebrado la decisión pero han recordado al Ejecutivo que las devoluciones sumarias siguen siendo ilegales: toda persona tiene derecho a una expulsión con garantías, que incluye asistencia letrada y de un intérprete, sea cual sea la vía de entrada. También alertaron de que las nuevas oficinas no aseguraban el acceso al derecho al asilo de todos los colectivos: las personas de origen subsahariano no pueden llegar a los puestos fronterizos de Marruecos donde se sitúan estas dependencias, porque el control del país vecino les frena. Por tanto, tampoco pueden demandar protección internacional por esta reciente vía legal.
El ministro no atiende a este punto e insiste en que si una persona necesita protección internacional tiene disponibles las salas habitadas en la frontera. Si no hace uso de ellas, defiende Fernández Díaz, sería porque no es un potencial refugiado, sino porque sufre otros factores (como la pobreza, por ejemplo) que no son criterios para conceder esa protección.
“Las personas que intentan entrar en España ilegalmente atravesando los perímetros que limitan la soberanía en Ceuta y Melilla no piden asilo ni protección internacional, son inmigrantes por razones económicas que, evidentemente, es una situación dramática (...) pero no les legitima para pedir asilo ni les legitima para entrar ilegalmente en nuestro país”, aseveró Jorge Fernández Díaz esta semana.
A su vez, el ministro del Interior admitió que su gabinete no tiene la intención de realizar gestión alguna para que Marruecos permita el acceso a las personas de origen subsahariano a las salas de asilo, dado que carecen de libertad de circulación en el país vecino. Preguntado por esta posibilidad, Fernández Díaz respondió de forma tajante en declaraciones recogidas por Europa Press: “No voy a meterme en la política interior de Marruecos”.
Los subsaharianos no tienen acceso a las salas de asilo
En su último informe anual (de 2013), la agencia de las Naciones Unidas destacó que el aumento del número de refugiados era el mayor registrado desde 1994. Los conflictos armados han disparado el número de desplazados y de personas que se ven obligadas a huir de sus países. Además de Siria –a la cabeza como país emisor de refugiados por este motivo–, Acnur destaca la población afectada en varios países de África: en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y Malí.
Desde que en septiembre las salas de asilo comenzaran a admitir solicitudes de protección, la inmensa mayoría pertenece a ciudadanos sirios y ninguna a personas de origen subsahariano, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La misma agencia de la ONU estima que el 60% de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla son potenciales refugiados.
Las declaraciones del ministro “demuestran un gran desconocimiento de la realidad y de la ley que regula el asilo en España”, afirma Estrella Galán. “En el artículo 17.2 de la ley, dice expresamente que aquella persona que entre de manera irregular a España no podrá ser sancionada por ello cuando reúna los requisitos para ser refugiado”, explica.
El catedrático Rafael de Asís señala que la ley prevé estas situaciones porque “muchas veces las personas que huyen de sus países, que son perseguidas, requieren de estos métodos ilegales para llegar a un lugar seguro”. Francisco Solans, portavoz en la subcomisión de Extranjería del Consejo de la Abogacía Española considera “una barbaridad” las declaraciones de Fernández Díaz. “La propia Convención de Ginebra establece que las condiciones de entrada si son ilegales (por ejemplo, a través de un pasaporte falso) se perdonan si es un potencial refugiado”, recuerda.
Por último, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, llama a la reflexión sobre los cambios introducidos en el Senado por el PP para garantizar “el respeto a los Derechos Humanos” en las devolciones en frontera. Si los subsaharianos no tienen acceso a las salas –“porque no lo tienen y una prueba son los desmantelamientos que hay ahora en los montes de Marruecos”, Martínez Escamilla se pregunta: “¿Cómo va se van a garantizar los derechos humanos de estas personas, si las intentan devolver?”. De momento Fernández Díaz dice que “en principio” no son potenciales refugiados, lo que preocupa a todos los expertos consultados.