Tiene sentido pensar que una auditoría externa será más objetiva, fría y exhaustiva que una auditoría interna. En el caso de Frontex y las sospechas de violaciones de derechos humanos en el Egeo, así como de devoluciones irregulares, el informe interno de la agencia europea de fronteras que se hará público este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, sin embargo, ni exonera a Frontex ni a la Guardia Costera griega. Sin ser una investigación llevada a cabo por personas independientes o entidades humanitarias, el documento critica las deficiencias de la agencia de Fabrice Leggeri en términos de supervisión, presentación de informes, contratación y otros aspectos cruciales.
Eso sí, 24 horas antes de que el informe se haga público en Frontex, el director Leggeri ha negado irregularidades ante el grupo de trabajo del Parlamento Europeo que investiga las acciones de la agencia europea de fronteras.
Sin embargo, el grupo de trabajo de la agencia (Frontex Management Board Working Group) sostiene que, después de todos estos meses –Der Spiegel publicó la noticia en noviembre pasado–, cinco devoluciones aún siguen sin aclararse, debido a “deficiencias y a la necesidad de mejorar el sistema de reporte y supervisión”.
“No ha sido posible resolver completamente los incidentes más allá de toda duda razonable”, dice el informe, “al mismo tiempo, no se ha podido demostrar que las autoridades turcas no hayan asumido la responsabilidad del regreso seguro de los migrantes o que los migrantes no llegaran a las costas griegas de manera segura. No hay indicios de personas heridas, reportadas como desaparecidas o muertas en relación con los incidentes”.
El informe, además, afirma: “Los déficits y la necesidad de mejorar el sistema de información y seguimiento ya se han descrito en el informe preliminar. Estas deficiencias conducen (entre otras cosas) al resultado de que el Grupo de Trabajo no haya podido aclarar completamente los cinco incidentes investigados”.
En su documento, los autores del informe reclaman una serie de reformas, que incluyen los mecanismos de seguimiento y presentación de informes, la protección de los denunciantes, los activos de Frontex que registran incidentes en vídeo y permanecen en el lugar cuando ocurren incidentes sospechosos. “Los vuelos de vigilancia de Frontex u otros activos de Frontex podrían permanecer en el futuro en el lugar de los incidentes detectados para documentar las medidas de la policía fronteriza hasta que se hayan completado, siempre que las actividades operativas no se debiliten y no se produzcan brechas en el sistema de vigilancia”.
El reconocimiento de graves deficiencias y la ausencia de un veredicto exonerante sirven una pista de aterrizaje a la Comisión Europea que, de momento, no ha querido usar la comisaria de Interior, Ylva Johansson, quien en su comparecencia este jueves ante el Parlamento Europeo ha rebajado la presión sobre Leggeri, a quien en el pasado su equipo había acusado de mentir en sede parlamentaria.
“Esperábamos más de la comisaria Johansson”, ha dicho la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego, tras la primera sesión del grupo de trabajo: “No parece querer tomar cartas en el asunto, a pesar de que la Comisión está en los órganos de gobierno de Frontex. Le hemos preguntado varios qué pasos piensa dar a partir de ahora, y no ha sabido responder”.
El informe de la investigación de Frontex también supone una censura de las autoridades griegas, que han tachado de fake news las devoluciones irregulares documentadas por los medios de comunicación. De hecho, en varios casos, los argumentos presentados por la parte griega no convencieron ni siquiera al grupo de trabajo de Frontex: el informe califica a varios de ellos como incoherentes: “El Centro de Coordinación Internacional del Pireo ha declarado los hechos como ”prevención de la salida“, a pesar de que el incidente ocurrió en aguas territoriales griegas, lo que en opinión del Grupo de Trabajo es inconsistente”.
Investigación en la Eurocámara
Este jueves ha arrancado en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo el Scrutiny Working Group, un grupo de trabajo que fiscalizará en los próximos meses la agencia europea de fronteras, Frontex, en el punto de mira tras las denuncias sobre operaciones en el Egeo que acabaron en devoluciones en caliente irregulares y supuestas violaciones de derechos fundamentales. En la primera sesión han comparecido el director general de la agencia, Fabrice Leggeri, y la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson (S&D).
El grupo de trabajo podrá realizar recomendaciones finales a la agencia en estas áreas: el respeto de la agencia por los derechos fundamentales; la gestión interna de Frontex, incluidos los procedimientos de notificación y tramitación de quejas; la transparencia y la responsabilidad de la Agencia ante el Parlamento Europeo.
Una de las denuncias abiertas ante la Defensora del Pueblo Europeo es de la propia Rego, quien solicitó hasta en dos ocasiones información sobre el posicionamiento de unos buques de Frontex que supuestamente habían estado envueltos en operaciones de devoluciones en caliente en el Egeo: la agencia primero se negó a dárselos porque “contenían información sensible” y, después, alegó que no los tenía. La sospecha era que los barcos de Frontex desconectan los transpondedores cuando están en este tipo de operaciones para no ser detectados.
Al margen de la investigación sobre los barcos no rastreables, la Defensora del Pueblo Europeo abrió en noviembre otra investigación para analizar cómo Frontex se ocupa de las presuntas violaciones de los derechos fundamentales. En particular, la investigación evalúa la eficacia y la transparencia del mecanismo de denuncias de Frontex para quienes creen que sus derechos han sido violados en el contexto de las operaciones fronterizas de Frontex, así como el papel y la independencia del responsable de derechos fundamentales de la agencia. La agencia antifraude, la OLAF, también está investigando a Frontex por lo mismo.