La Fiscalía de Catania, en la isla italiana de Sicilia, investiga a 24 personas, la mayoría personal de Médicos sin Fronteras (MSF) y ha ordenado inmovilizar el barco Aquarius, utilizado para el rescate de migrantes en peligro en el Mediterráneo Central, bajo la acusación de presunto “tratamiento ilegal” de residuos considerados peligrosos. El buque se encuentra atracado en Marsella después de que su bandera de registro haya sido revocada dos veces.
Sobre la nueva operación de la Fiscalía italiana ha informado este martes en un comunicado la Guardia de Finanza, que junto con la Policía italiana han conducido las investigaciones que han establecido “que hubo un tratamiento ilegal de residuos en 44 ocasiones y por un total de 24.000 kilos de desechos”.
Por su parte, Karline Kleijer, jefa de emergencias de MSF, ha calificado en una nota la investigación de la Fiscalía de Catania de “un nuevo e inquietante intento de detener a cualquier coste la actividad de socorro y búsqueda en el mar”.
“Después de dos años de acusaciones difamatorias e infundadas de connivencia con traficantes de personas, investigaciones judiciales y obstáculos burocráticos contra nuestra labor humanitaria, ahora estamos acusados de crimen organizado dirigido al tráfico ilícito de desechos”, ha dicho la responsable de MSF.
Entre los investigados se encuentran dos agentes marítimos de la sociedad MSA, Gianino Francesco y Romeo Giovanni Ivan, y el resto son personal de la ONG pertenecientes al centro operativo de Bélgica y de Amsterdam, que se encargaban de la gestión de las misiones de rescate. La Fiscalía ha dispuesto además el bloqueo de 460.000 euros en las cuentas de la ONG, que considera el ahorro por no haber realizado una correcta eliminación de los residuos.
Según las acusaciones, los investigados “compartieron, planificaron y realizaron un proyecto delictivo para la eliminación ilegal de un ingente cuantitativo de residuos peligrosos y con el riesgo de que fueran infecciosos, algunos sanitarios, derivados de las actividades de socorro a inmigrantes con los barcos Vos Prudence (desde marzo de 2017 a julio 2017) y Aquarius (desde enero 2017 a mayo 2018).
La acusación es la de no haber diferenciado los residuos normales de aquellos considerados peligrosos durante las escalas técnicas y las efectuadas para el desembarco de migrantes en los puertos sicilianos de Catania, Augusta Pozzallo, Trapani, Messina, Palermo y otros del país.
Tras conocer la noticia, el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha afirmado que había “hecho bien” en prohibir a las ONG llegar a los puertos italianos. “He hecho bien en bloquear a las ONG y no sólo por el tráfico de inmigrantes sino por lo que está emergiendo también por el tráfico de residuos”, dijo, según una nota enviada a los medios.
“Criminalizan por enésima vez la acción humanitaria”
MSF ha condenado con fuerza la decisión de las magistratura de inmovilizar el barco Aquarius por las presuntas irregularidades en el tratamiento de residuos y considera que es “una medida desproporcionada y con el objetivo de criminalizar por enésima vez la acción médicohumanitaria en el mar”.
No es la primera vez que la Fiscalía siciliana solicita inmovilizar un barco de rescate. El pasado 19 de marzo, ordenó incautar de forma cautelar la nave Open Arms, de la ONG catalana Proactiva Open Arms, por un posible delito de “favorecimiento de la migración ilegal”. La investigación de la Fiscalía continúa abierta, pero de momento, los jueces no han hallado ningún delito, de modo que el barco fue liberado hace meses.
Las organizaciones que operan en el Mediterráneo han denunciando en reiteradas ocasiones la criminalización que sufren por su labor y que estos obstáculos, en la práctica, se traducen en que cada vez se ven más alejadas de la zona de rescate. En un informe reciente, Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos denunció que los activistas y trabajadores que defienden los derechos de los migrantes “se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, acusaciones en el discurso público y criminalización”.
En concreto, subrayó el relator, “se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a personas en movimiento y se les han embargado sus embarcaciones”.