El barco Geo Barents, de Médicos sin Fronteras (MSF) se encuentra parado en el puerto de Marina de Carrara, tras haber desembarcado a 249 migrantes el pasado 20 de marzo. Las autoridades italianas han dictado una orden de detención de 20 días contra la nave por un presunto incumplimiento de las instrucciones de la Guardia Costera libia y por “poner en riesgo” a los náufragos. Sin embargo, la ONG denuncia que fueron los guardias libios quienes realizaron “maniobras peligrosas”, intentaron “abordar por la fuerza una de las lanchas de rescate” y “amenazaron con detener a los supervivientes y al personal de MSF”.
“El Geo Barents ha sido sometido a una detención administrativa, es la vigésima vez que se detiene el barco de la ONG”, ha denunciado la jefa de Salvamento de MSF, Fulvia Conte. “Mientras rescatábamos a 146 personas, una patrullera de la Guardia Costera libia, donada por Italia hace un año, bloqueó las operaciones de rescate poniendo en peligro a las personas que se encontraban en el barco”, agregó. El barco de MSF se convierte en el tercer barco bloqueado actualmente por Italia, ya que también se encuentran paradas el Sea Watch 5 y el Sea Eye 3.
Los 146 rescatados se encontraban a bordo de una embarcación de madera en aguas internacionales. Durante el rescate, según relata la ONG, una patrullera libia llegó al lugar e intentó detener la operación. “Miembros de la Guardia Costera libia intentaron abordar por la fuerza una de las lanchas de rescate y amenazaron agresivamente con detener a los supervivientes y al personal de MSF para trasladarlos por la fuerza a Libia. Durante más de dos horas la patrullera realizó maniobras peligrosas e intentó bloquear el rescate”, aseguran en un comunicado.
Ese día 16 de marzo los equipos de MSF llevaron a cabo otras dos operaciones de rescate en diferentes puntos del Mediterráneo central. Una primera de 28 personas que se encontraban en una embarcación de fibra de vidrio, y otra posterior al encuentro con la Guardia Costera, en la que recogieron a 75 personas de una embarcación que había volcado, dejando en el agua a 45 de ellas. Los 249 supervivientes fueron llevados a Marina di Carrara, en el norte de Italia.
“Las acciones de Italia son indignantes”, subraya Juan Matías Gil, representante de búsqueda y rescate de MSF. “Las mismas autoridades a las que se nos acusa de desobedecer - los guardacostas libios- fueron las que pusieron en peligro la vida de las personas aquel día. Sin embargo, somos nosotros los sancionados simplemente por cumplir con nuestro deber legal de salvar vidas en el mar”, añade.
“Esta detención es el último ejemplo de la hipocresía de la Unión Europea y de sus Estados miembros, que hacen todo lo que está en su mano para castigar a quienes participan en actividades de búsqueda y rescate, mientras ellos mismos son cómplices de las violentas devoluciones de miles de personas a Libia cada años” denuncia gil. “Una y otra vez, las autoridades italianas nos piden que coordinemos los rescates con la Guardia Costera libia, a pesar de saber perfectamente que no es un lugar seguro para refugiados y migrantes y que devolver a Libia a personas en peligro en el mar es un delito”.
Obstáculos a las ONG de rescate
MSF niega las acusaciones del gobierno italiano y va a recurrir el nuevo bloqueo, que se suma al de Sea Watch 5 y el Sea Eye 3, ambos también parados en este momento. Tampoco es la primera vez que el Geo Barents se enfrenta a una detención de su actividad. Desde la entrada en vigor a principios de 2023 de una nueva ley italiana, la conocida como “Decreto Piantedosi”, que persigue y obstaculiza internacionalmente las actividades de búsqueda y salvamento de las ONG en el mar, ha sufrido una veintena de bloqueos.
“En los últimos años, las ONG han sido acosadas y criminalizadas por los Gobiernos europeos, incluido el italiano”, afirma Gil. “Este comportamiento es una táctica política sucia para impedir a toda costa que la gente llegue a las costas europeas. El Geo Barents siempre opera de acuerdo con el Derecho Marítimo Internacional. Hemos recurrido ante los tribunales esta detención injusta y, en última instancia, peligrosa. Una vez más, son las personas que intentan huir de Libia las que pagan el precio final, ya que se impide, nuevamente, a un barco de búsqueda y salvamento salvar vidas en el mar”.
El secuestro judicial se produce después de que el Tribunal Civil de Crotone (Calabria, sur de Italia) levantase el bloqueo administrativo del barco de la ONG SOS Humanity, que estuvo parado durante dos semanas y que podría abrir un precedente en este tipo de casos que se repiten con frecuencia. El gobierno de la ultraderechista Giorgia Melonia lleva tiempo complicando de una u otra manera las tareas de estas organizaciones de rescate, bien obligándolas a realizar un único rescate por trayecto, enviando los barcos a puertos lejanos o bloqueando las naves hasta 60 días si no siguen las indicaciones de las autoridades italianas, entre otras medidas.