La nave 'Iuventa' de la ONG alemana Jugend Rettet no podrá, por el momento, continuar con sus labores de rescate de migrantes y refugiados en el Mediterráneo central. Dos días después de negarse a firmar el código que Italia pretende imponer a las ONG de salvamento, el barco ha sido confiscado por las autoridades italianas en la tarde de este miércoles, tras acusar a la organización de “favorecer la inmigración clandestina” durante sus operaciones de salvamento.
La Guardia Costera italiana detuvo y escoltó la embarcación al puerto del sur de la isla de Lampedusa. La nave quedó bajo “confiscación preventiva” por orden del juez del Tribunal de Trapani, Emanuele Cersosimo, y del fiscal sustituto Andrea Tarondo. Sin embargo, el fiscal de Trapani, Ambrogio Cartosio, asegura que la medida de confiscar la nave e investigar a su personal “no tiene nada que ver” con el hecho de que no hayan firmado.
La Jefatura de Policía de la localidad siciliana de Trapani, ha informado en un comunicado de que la investigación sobre esta organización humanitaria dio inicio en octubre de 2016 y ha permitido “recoger indicios sobre el uso de la nave 'Iuventa' para favorecer la inmigración clandestina”.
“La nave se dedica normalmente al rescate de migrantes cerca de las costas libias y a su transbordo a otras naves siempre en aguas internacionales, permaneciendo habitualmente en el mar de Libia, en proximidad de las aguas territoriales” de ese país, aseguró la Policía de Trapani.
En una rueda de prensa, el fiscal de Trapani acusó a los miembros de la ONG de acoger en su barco a inmigrantes “entregados directamente por los traficantes de personas”. “La confiscación preventiva ha sido dispuesta para impedir que el delito se repita”, aseguró.
Sin embargo, el fiscal descartó la posibilidad de “una colaboración estable entre el barco y los traficantes libios” pues, apuntó, “los fines de ambas partes son bien distintas”. La investigación de estos supuestos hechos sigue abierta y por el momento la Fiscalía no ha imputado a ningún miembro de la tripulación. El delito de favorecimiento de la inmigración clandestina prevé penas en Italia de hasta tres años de prisión.
La organización humanitaria, por su parte, había informado en su perfil de Twitter de que su embarcación “no había sido confiscada y su equipo no estaba arrestado”. Negó también que estuviera bajo investigación judicial y comentó que se les había asegurado a los miembros de la tripulación que era un control de rutina.
Finalmente, la ONG aseguró a través de sus redes sociales que “no pueden operar” en la zona de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) del Canal de Sicilia, frente a las costas de Libia. “Lo lamentamos mucho”, dicen, “porque para nosotros, el rescate de la vida humana es y será la máxima prioridad”. En 2016, según sus cifras, llevaron a cabo siete misiones de rescate con las que salvaron 6.526 vidas.
La organización alemana no ha vuelto a pronunciarse sobre la medida judicial tras mostrar cautela para “no divulgar especulaciones”. “Solo podremos evaluar todas las acusaciones que se están haciendo actualmente tras recopilar toda la información y valorar la situación”.
Las acusaciones de “favorecer la inmigración irregular” vertidas sobre las ONG que han desplegado barcos de rescate en el Mediterráneo no son nuevas, a ellas también se han sumado Frontex, el fiscal de Cataniao el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, quien finalmente tuvo que pedir disculpas ante el malestar que causaron sus insinuaciones.
Su rechazo al código de conducta de Italia
Jugend Rettet ('Jóvenes al rescate' en alemán) es una de las ONG que no firmó el pasado lunes el código de conducta diseñado por Italia y secundado por la Unión Europea para regular el rescate de migrantes en el Mediterráneo central, unas operaciones que, según las organizaciones, ya se rigen por la normativa internacional.
La ONG alegó que no se adhería al documento porque su “prioridad principal es salvar a las personas necesitadas y esta no es la prioridad del código”. “La versión final nos pondría en una situación de inseguridad jurídica. Algunos párrafos nos habrían obligado a romper el derecho del mar internacional”, explicaron entonces sus miembros, que manifestaron su voluntad de continuar con las conversaciones. El texto tampoco fue apoyado Médicos Sin Fronteras, Sea Watch y SOS Mediterranee, mientras que sí que lo secundaron Save The Children o la ONG española Proactiva Open Arms.
“Después de haber rechazado la aceptación y firma, las organizaciones quedan fuera del sistema organizado de rescates marítimos, con todas las consecuencias concretas que pueden tener”, alertó el Gobierno italiano, sin dar más detalles, un comunicado oficial lanzado tras la última reunión.
El código prohíbe a las organizaciones humanitarias acceder a aguas territoriales de Libia, hacerse detectar por radar o emitir señales lumínicas que delaten su posición a los “traficantes de migrantes” en tierra. También obliga a las ONG a informar sobre sus fuentes de financiación, demostrar su formación en rescates, permitir el acceso temporal a las naves de un oficial armado y a no traspasar a los inmigrantes rescatados a otras naves sino trasladarlos a tierra firme.
Una misión naval italiana para patrullar aguas libias
Quienes sí podrán surcar aguas libias serán las autoridades italianas. La detención del barco de la ONG alemana se conoció casi al mismo tiempo que la noticia de que la Cámara de Diputados y el Senado italianos habían aprobado la polémica misión naval con la que el país europeo se adentrará y patrullará las aguas territoriales de Libia junto a las autoridades locales, para “combatir a los traficantes de personas y controlar el flujo migratorio”.
Esta iniciativa surgió tras la petición que el jefe del Gobierno libio de Unidad Nacional, Fayed al Serraj, que controla Trípoli y es apoyado por Naciones Unidas, envió al Gobierno de Paolo Gentiloni a finales de julio. En ella reclamaba “apoyo técnico y naval” para patrullar el Mediterráneo. La operación se desarrollará hasta el 31 de diciembre frente a la capital del país africano y prevé el envío de una patrullera y otra embarcación con aparatos logísticos para reparar barcos de la Guardia Costera Libia, aunque no se ha descartado mandar en el futuro otros medios navales.
Diversas organizaciones han criticado la decisión de Roma de patrullar las aguas libias, entre ellas Oxfam, que en un comunicado consideró que conlleva el riesgo de dejar atrapados a los inmigrantes “en un infierno al otro lado del mar”. Según esta ONG, el 84% de los inmigrantes que ha entrevistado a su llegada a Italia en el último año ha declarado que sufrió “abusos, torturas y detenciones ilegales por parte de las milicias locales, los traficantes y las bandas” en el país magrebí.
A las críticas también se sumaron Amnistía Internacional, que califica la decisión de “envío de buques de guerra” y también Human Rights Watch (HRW), que ha alertado en una nota de que esta misión “podría implicar a Italia en abusos de los derechos humanos de los inmigrantes” detenidos en Libia, país que carece de un sistema de acogida y que penaliza la entrada ilegal.