La Justicia condena al Gobierno por las expulsiones de menores desde Ceuta a Marruecos del año pasado

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el primero de los dos recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ejecutivo regional contra la sentencia de primera instancia que, el pasado 14 de febrero, declaró ilegal la devolución de 55 menores marroquíes no acompañados a su país al margen de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Esta condena llega en plena polémica por la masacre en la valla de Melilla.

La Sala “respalda el pronunciamiento de fondo” del Juzgado número 1 de Ceuta y ratifica que “los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó”. 

“Su actuación material, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”, remarca.

La Delegación y la Ciudad intentaron excusar su proceder de nuevo en sus recursos apelando la situación “de emergencia humanitaria” causada en Ceuta por la crisis fronteriza de mayo y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el “retorno asistido” de menores solos, pero a ojos del TSJA, el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la avalancha migratoria, en el marco de la que los menores expulsados habían accedido a territorio español, “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.

“La Delegación del Gobierno en Ceuta además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado omitió todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación” que recoge la legislación española que el Acuerdo de Cooperación de 2007 entre España y Marruecos en el que supuestamente se amparaba la devolución exprés de los niños exige expresamente acatar.

El retorno de los menores de edad

La sentencia recurrida imponía a la Administración General del Estado la obligación de “adoptar las medidas necesarias” para conseguir “el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados” y en cuyo nombre se formuló la primera demanda de protección de derechos fundamentales por parte de la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, un total de 8, aunque la Delegación advirtió que no acataría el veredicto hasta que fuese firme, para lo que podría apelar todavía hasta el Supremo.

Raíces ha explicado este jueves que “aún se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por las dos mismas administraciones frente a otra sentencia sobre otros 12 niños en similares circunstancias”. Pendiente de resolución por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta sigue otro recurso en representación de 7 menores más.

El presidente de Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha valorado que la sentencia del TSJA “recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los Derechos de la infancia” y ha advertido que “ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que algo así no vuelva a pasar”. Para la abogada de la entidad, Patricia Fernández, “el pronunciamiento de la Justicia es claro: el control de la frontera no puede ser una excusa para excepcionar la aplicación del Derecho: ni en Ceuta en agosto de 2021, ni en Melilla en junio de 2022”. 

“Resulta frustrante comprobar que las administraciones públicas siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas migrantes y en especial de los niños y niñas que llegan solos a España y nos llena de impotencia que esto siga ocurriendo a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales que, sobre este asunto, obtuvimos hace más de 12 años y cuyo contenido se niegan a asumir nuestros distintos Gobiernos”, ha señalado la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

La expulsión de 55 menores marroquíes migrantes solos a Marruecos en agosto del año pasado también está pendiente de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta acepte o no a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu (PP), por un presunto delito continuado de prevaricación por actuar “a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico” para consumar las repatriaciones hasta que fueron paralizadas por orden judicial.