El giro de posición del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental ya tiene sus efectos en nuestras fronteras. El aumento del control migratorio por parte de Marruecos, ligado al acuerdo con España, coincide con una reducción de las llegadas irregulares de un 25,6% en 2022 con respecto al año anterior. El flujo migratorio se redujo en todas las rutas migratorias que parten desde las costas marroquíes, provocando que el total de entradas cayese a niveles de 2019 y 2017.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, 31.219 personas han migrado a España de manera clandestina frente a las 41.945 registradas en 2021. De ellas, 25.308 han transitado rutas que parten generalmente de Marruecos frente a las 35.514 detectadas el año anterior, según las cifras de Interior a las que ha accedido elDiario.es.
El flujo migratorio a través del país vecino –que comprenden las rutas del Estrecho, Canarias, Ceuta y Melilla– se ha reducido un 28%.
El cambio de postura de España sobre el Sáhara Occidental provocó el enfriamiento de las relaciones con Argelia, socio del Frente Polisario y enemigo histórico de Marruecos, lo que hacía temer desde Interior una posible relajación de la vigilancia fronteriza en la llamada “ruta argelina”, que parte del país magrebí con dirección a Almería, Murcia, Alicante o Baleares. Sin embargo, aunque fuentes próximas al control de fronteras perciben cierta reducción de la vigilancia en algunos puntos de Argelia, no se ha producido un impacto notable, atendiendo a los datos de Interior.
El número de llegadas registradas por esta ruta ha bajado con respecto al 2021. En total, 6.978 personas –la mayoría de nacionalidad argelina– han recorrido el camino migratorio que nace en Argelia, lo que supone un 25% menos. En esta misma ruta, sí se ha registrado un aumento de las llegadas detectadas en Baleares: 2.668 migrantes entraron de manera clandestina a las Islas el año pasado, 506 más que el anterior.
Fuentes de Interior defienden que la reducción de llegadas registrada en 2022 es el resultado de la política aplicada por el Ministerio en los últimos cuatro años, basada en el afianzamiento de la “cooperación” con países de origen y tránsito como Marruecos, Mauritania o Senegal. “Llevamos cuatro años bajando de manera paulatina. Los fenómenos migratorios son muy complejos, pero en la disminución de las llegadas influye el impulso de relaciones de confianza con muchos países, a muchos niveles”, destacan desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Las mismas fuentes consideran clave la “cooperación operativa” y el refuerzo de patrullas conjuntas.
La ONG Caminando Frontera y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos han documentado el aumento del control ejercido por Marruecos a partir de mediados de marzo, tras el acuerdo alcanzado con España. La mayor vigilancia se ha traducido, denuncian, en un aumento de la violencia policial contra la población migrante en lugares clave de las rutas migratorias como Nador, Tánger y el Sáhara Occidental. El incremento de la vigilancia y los abusos policiales en estas zonas genera una disminución del tránsito hacia las costas de Andalucía y Canarias.
La ruta canaria, uno de los caminos irregulares a España más activo desde 2020, experimentó el año pasado una caída del 29,7%. El refuerzo de la vigilancia en el Sáhara Occidental ocupado –desde donde se producían el mayor número de entradas a las islas en los últimos dos años– ha reducido las salidas registradas desde este punto, según la información proporcionada por fuentes ligadas al control de fronteras. La mayoría de pateras que ahora llegan a Canarias están partiendo del sur de Marruecos, en vez de territorio saharaui, por lo que suelen llegar a Lanzarote.
“En los montes del norte de Marruecos no hay apenas nadie. Les están empujando al Sur, a la ruta Atlántica. Les derivan al sur de Marruecos, una zona más controlada, por eso las llegadas se están produciendo a Lanzarote. Ya casi no salen del Sáhara Occidental”, apunta la fundadora de Caminando Fronteras e investigadora, Helena Maleno. Desde Canarias, el experto en migraciones y asesor de la Vicepresidencia del Gobierno canario, Txema Santana, confirma la tendencia.
“El cambio se produce a partir de marzo. Tuvimos un enero y febrero de 2022 muy potente, pero en marzo se produjo un descenso muy clave. Es evidente que Marruecos cambia su implicación, se blindan las salidas desde el Sáhara. Solo están llegando pateras que salen del sur de Marruecos”, analiza Santana. El experto advierte de que, a pesar de la reducción de entradas irregulares, las muertes y desapariciones siguen suponiendo un “10 o 15%” del total de personas rescatadas, por lo que continúa siendo una de las rutas a Europa más peligrosas.
La política defendida por Interior, que apuesta por reforzar el control lejos de las fronteras españolas para frenar las llegadas es conocido por ONG especializadas en migraciones como “externalización de fronteras”, pues conlleva el intercambio económico o de intereses políticos a cambio de una mayor vigilancia.
La otra cara de la “cooperación”
Organizaciones como Amnistía Internacional critican la inexistencia de instrumentos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la llamada “cooperación fronteriza”. La violencia ejercida por los agentes marroquíes para evitar el salto de la valla de Melilla donde fallecieron al menos 23 personas en junio del año pasado es uno de los ejemplos más evidentes de la falta de control ligada a esta estrategia.
“Hay un aumento de la violencia. Las condiciones de los trayectos y el control es terrible. Hay más muertes en zona terrestre. Hemos documentado un mayor uso de armas de fuego por parte de Marruecos. Nosotras hemos documentado dos casos, pero otras organizaciones reportan más. También han aumentado las detenciones sistemáticas y arbitrarias”, denuncia la fundadora de Caminando Fronteras. Según el último informe de la ONG, a pesar de la disminución de llegadas, 2.390 personas fallecieron en su intento de migrar a España en 2022.
Algunas de las causas de los naufragios, detectadas por la organización, tienen que ver con las políticas de control migratorio. Entre ellas, la organización menciona la falta de activación de medios de búsqueda y rescate, “a pesar de tener posiciones exactas del lugar donde está sucediendo la tragedia”, así como los retrasos en la movilización de recursos de salvamento o el despliegue de medios de rastreo “insuficientes”.
En ocasiones, la tardanza en enviar equipos para salvar vidas se debe a las “negociaciones entre los países con un enfoque migratorio y no de defensa del derecho a la vida”, así como a los fallos de “coordinación” entre los Estados implicados. “Aumenta el control migratorio, pero el derecho a la vida sigue estando vulnerado. Se aplican políticas de control migratorio pero no hay política que garantice derecho a la vida”, cuestiona Maleno.