Marlaska devuelve sin el aval obligatorio de Fiscalía y Protección del Menor a niños y adolescentes llegados a Ceuta

De tapadillo. Sin facilitar información y a las puertas del puente con más fiestas del año en que la mayoría del país está de vacaciones. La Policía Nacional trasladó a primera hora de la tarde del viernes a la frontera del Tarajal en grupos de cinco dentro de un furgón sin distintivos oficiales para su repatriación a 15 adolescentes marroquíes migrantes no acompañados acogidos en Ceuta desde mediados de mayo. Entonces, alrededor de un millar accedieron a la ciudad autónoma en el marco de la entrada masiva que durante 72 horas protagonizaron unos 12.000 ciudadanos del país vecino con el consentimiento de sus autoridades. La falta de vigilancia fue la respuesta del régimen marroquí a la atención hospitalaria que se prestó en España a Brahín Ghali, líder del Frente Polisario.

Los primeros menores de las listas de devolución elaboradas desde el Ministerio del Interior están de vuelta sin el aval de la Fiscalía ni del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad Autónoma, según ha podido confirmar elDiario.es. Ambos son preceptivos para que el procedimiento cumpla las garantías legales.

El operativo prevé la repatriación contra su voluntad de buena parte de los alrededor de 750 niños y adolescentes solos albergados por la administración autonómica en los módulos prefabricados instalados en Piniers, donde se da cobijo a unos 500, y en el polideportivo Santa Amelia, por cuyos 234 inquilinos comenzaron los traslados en medio de un gran despliegue policial. El primer listado incluye a 150 menores, según ha podido saber elDiario.es, sin que nadie haya explicado con qué criterios se ha establecido ni a qué instancias se ha consultado. Ni la Fiscalía de Ceuta ni la Fiscalía General del Estado han participado en los expedientes y ambas están pendientes de que Interior remita la documentación.

De hecho, la Policía Nacional se ha trasladado este sábado por la mañana desde el polideportivo Santa Amelia hasta la frontera del Tarajal para proceder a su repatriación a Marruecos a otros 15 menores migrantes no acompañados de los que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma a mediados de mayo. 

Los procedimientos de devolución de menores no acompañaros deben ser “muy garantistas” y examinar caso por caso cada una de las situaciones en que están esos niños o adolescentes. El artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social es taxativo en su punto número 5: “La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos”.

Nada de eso se ha llevado a cabo en este caso según las fuentes consultadas por elDiario.es. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra se ha apresurado a advertir que no tenía constancia del convenio con Marruecos que ha facilitado esta acción. Desde ese Ministerio, se reprocha a Marlaska que haya desoído la colaboración ofrecida “desde hace meses” para establecer un “protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos que cumpla con la normativa nacional e internacional”.

El Área de Menores del Gobierno de Ceuta tampoco era conocedor de que fuesen a llevarse a cabo los traslados. Y quienes trabajan habitualmente con los adolescentes que llegan a la ciudad autónoma se preguntan si se han elaborado informes individualizados de cada menor, como exigen las leyes. A sus manos no han llegado, avanzan, en ningún caso. A preguntas de esta redacción, un portavoz oficial de Interior ha respondido: “El Ministerio no va dar información alguna sobre ese asunto”.

El Defensor del Pueblo confirma en un escrito remitido a la ONG Save The Children que las devoluciones de menores se “están produciendo sin procedimiento”. “Se han iniciado actuaciones de oficio ante el Ministerio del Interior”, dice la respuesta firmada por Francisco Fernández Marugán tras recibir una comunicación de la organización en defensa de los derechos de la infancia.

La institución recuerda todos los pasos que la ley de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España establece que hay que seguir para repatriar (la reagrupación es inviable sin el beneplácito del niño y sus padres) a un menor. Se precisa un informe “sobre sus circunstancias familiares a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión”, “haber oído al menor”, la designación de un defensor judicial en caso necesario y un “informe previo de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal”. Solo entonces la administración del Estado puede “resolver lo que proceda sobre su retorno o su permanencia”, concluye el escrito. 

Fuentes de la Fiscalía y del Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta niegan haber avalado este dispositivo, de manera que el retorno no tendría encaje legal en el Reglamento de la Ley de Extranjería. 

Los únicos menores que se quedarán en Ceuta serán los considerados “vulnerables” por haber denunciado situaciones de violencia o explotación en su país de origen, según fuentes de la ciudad autónoma. De acuerdo con las entrevistas realizadas hasta ahora por Save The Children y UNICEF sobre el terreno, aproximadamente un cuarto del total de los menores ha asegurado huir de ese tipo de violaciones de sus derechos. Pero tampoco las ONG saben con qué criterios se ha realizado la selección, puesto que su trabajo con los menores todavía no había terminado.

La devolución ordenada por el ministro Fernando Grande Marlaska se ampara en una orden sin firmar fechada el pasado martes por la Secretaría de Estado de Seguridad que dirige Rafael Pérez Ruiz, en la que el Ministerio de Interior “ruega” que se aplique el acuerdo suscrito en 2007 por España y Marruecos para el “retorno concertado” de menores no acompañados que el Reino alauita nunca ha aceptado poner en práctica desde las ciudades autónomas cuya soberanía reivindica.

La instrucción del Ministerio busca “garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela” y confía en que Marruecos “garantizará los derechos de los menores” en un centro ubicado en la vecina localidad de Martil (Tetuán) “hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible”. En el caso de carecer de progenitores, los niños quedarán a cargo de una entidad gubernamental denominada L’Entraide Nationale.

Las ONG se movilizan

Mientras la Fiscalía aguarda recibir los expedientes individualizados que justifiquen las devoluciones, las ONG ponen el grito en el cielo. El director general de Save The Children, Andrés Conde, ya advirtió durante su última visita a Ceuta a finales de julio que “la repatriación podría ser viable en casos concretos, pero como solución universal sería ilegal desde el punto de vista de la normativa que aplica el Gobierno de España y estaríamos incumpliendo un deber moral: sencillamente es imposible, implanteable desde el punto de vista legal y discutible desde el moral…”. La instrucción ha provocado la movilización en contra de las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, que denuncian la orden como una “expulsión colectiva” que no está amparada por la legalidad. 

Más allá de las sombras sobre el procedimiento elegido, el inicio de la repatriación forzada de menores “complicará” la gestión de los equipamientos donde se les da cobijo en Ceuta, tarea encomendada a la Fundación SAMU. “Si hasta ahora las fugas ya eran un problema diario es fácil prever que los intentos de escapar se multiplicarán para intentar evitar que sean devueltos al país vecino”, advierten fuentes de la administración local.

Amnistía Internacional emitió un comunicado a última hora del viernes exigiendo la paralización de las devoluciones. “Las autoridades españolas deben garantizar de manera efectiva y no meramente retórica los derechos de los cientos de menores no acompañados en Ceuta primando su interés superior. No tenemos constancia de que haya sido así en esta ocasión”, asegura Esteban Beltrán, director en España de la oenegé.

A través de las redes sociales, menores acogidos en el polideportivo Santa Amelia insistieron ayer en su rechazo a volver a su país, posición compartida de forma prácticamente unánime por los acogidos en Ceuta según las entrevistas realizadas por las ONG que colaboran con la Ciudad en su atención, que no han logrado localizar ni a una decena de familias partidarias de su regreso.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, había dado pistas el pasado lunes cuando afirmó que que “en días” se podría comprobar que las relaciones entre Madrid y Rabat vuelven a ser “muy buenas”. “Hubo una crisis, no hace falta repetir las causas, pero a día de hoy la relación está muy bien: ha habido un cambio en el Ministerio [de Asuntos Exteriores] y se han retomado las relaciones, que estuvieron un poco paradas, pero ahora -adelantó- son muy buenas y en los próximos días lo vais a ver”.