Uno a uno, a lo largo de un año y sin hacer mucho ruido, las autoridades marroquíes han terminado expulsando a todos los miembros con pasaporte español que trabajaban en Marruecos con la ONG Novact. La organización ha decidido cerrar su oficina en Marruecos “ante el clima de miedo e impunidad”, dicen desde la organización, después de la última expulsión, que se llevó a cabo en la noche del lunes.
La última cooperante española, N.M., que trabajaba en terreno acababa de aterrizar en Rabat la tarde del lunes después de unos días de vacaciones cuando fue retenida por la policía marroquí, que la esperaba en el aeropuerto. Acto seguido fue obligada a marcharse en el mismo avión de vuelta con destino a Gerona después de pasar casi un año en Marruecos temiendo una expulsión que, finalmente ha llegado en forma de rechazo en frontera.
“Creemos que el gobierno marroquí persigue a todas las organizaciones independientes que trabajan por los derechos humanos, sobre todo a las locales. Imponiéndonos este clima de terror, buscan impedir que apoyemos a la sociedad civil independiente en Marruecos”, señala a eldiario.es Luca Gervasoni, codirector de NOVACT. “Todo sucede en un clima de impunidad muy grande y sentimos que este clima ha generado un miedo que no permite el trabajo de las organizaciones”, continúa. Por eso han decidido marcharse.
Las cosas empezaron a ponerse feas para NOVACT en mayo del año pasado. En junio, la delegada de NOVACT en Marruecos, L.V., fue expulsada del país acusada por el Ministerio de Interior marroquí de “apadrinar acciones no autorizadas en el marco de las ofensivas emprendidas por organizaciones extranjeras que sostienen causas de conductas desviadas” y de organizar “actos hostiles contra Marruecos”. “Fue arrestada en plena calle y deportada a España en condiciones deplorables e ilegales”, explica Gervasoni.
La ONG trabajaba en aquel momento en la promoción de los derechos del colectivo LGTB y unos días antes había organizado una actividad en la que presentaron los últimos casos de marroquíes arrestados por violar el artículo 489 de la Constitución marroquí, que penaliza la homosexualidad con penas de entre uno y tres años de cárcel.
En enero de 2016 fue el turno del codirector de NOVACT en Marruecos, Gervasoni, a quien tampoco se permitió la entrada al país. Estuvo 30 horas retenido en el aeropuerto de Casablanca hasta que pudo tomar un avión a España para no regresar nunca más a Marruecos.
Sin embargo, la ONG decidió seguir adelante porque tenía proyectos en marcha. Actualmente, la última cooperante expulsada estaba trabajando en un programa de salud comunitaria en Alhucemas para promover el acceso a la sanidad de las poblaciones desfavorecidas del norte de Marruecos. El proyecto cuenta con una financiación de 187.700 euros por parte de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
“A partir de junio de 2015 cambió la situación en el país y comenzaron las presiones del gobierno marroquí contra NOVACT, al tiempo que se daba un preocupante aumento de las restricciones contra organizaciones locales de derechos humanos, como la AMDH”, explica la ONG.
Desde hace meses, ni Amnistía Internacional -que ha denunciado que sigue habiendo tortura en las cárceles- ni Human Rights Watch -que señalaba en sus últimos informes los retrocesos de Marruecos en materia de derechos humanos- pueden trabajar sobre el terreno. Las autoridades marroquíes les acusan de elaborar informes sesgados.
El Ministerio español de Asunto Exteriores no cuestiona la decisión de Marruecos de expulsar a la última cooperante española y desmantelar, de facto, la ONG con base en Barcelona. No se critica el fondo, sino las formas. Ninguna autoridad avisó al cónsul general en Rabat, Rafael Fernández-Pita, de que iba a producirse esta expulsión: “Hemos pedido información sobre los hechos y trasladado nuestra preocupación y nuestro desagrado porque se nos ha impedido prestar asistencia consular a la cooperante”, señalan a eldiario.es desde la OID (Oficina de Información Diplomática) evitando pronunciar la palabra “queja”.
En el lenguaje diplomático, los matices los carga el diablo, y España es especialmente cuidadosa en los términos que utiliza para referirse al vecino marroquí. A nadie le sorprende, sin embargo, que hasta el momento no haya habido respuesta por parte de Rabat.
Las autoridades marroquíes alegan que la última cooperante expulsada, N.M., no tenía la tarjeta de residencia. Marruecos se negó a admitir la solicitud de la tarjeta, la carte séjour, necesaria para poder trabajar y registrar la organización en el país. La paradoja es que para solicitar la carte séjour es necesario estar registrado como trabajador. Según NOVACT, la burocracia es sólo una excusa, ya que una buena parte de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el país lo están haciendo con normalidad sin estar registradas.
“Por miedo e inseguridad cerramos la oficina, pero nuestro personal en Túnez y en Barcelona hará visitas puntuales para asegurar el desarrollo de los proyectos”, asegura Gervasoni. NOVACT llegó a Marruecos en 2012. “Abrimos con mucha ilusión después de las primaveras árabes y la nueva Constitución marroquí, que prometía un proceso de transición hacia la democracia”, prosigue. Actualmente NOVACT tiene proyectos activos con la Unión Europea (derechos civiles y políticos), con la AECID (derechos a la salud), con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el ayuntamiento de Barcelona (derecho a la participación política de la mujer) y con Naciones Unidas (derechos digitales).