Hospitales 'santuario': qué hacen médicos de otros países para proteger a los inmigrantes que tienen miedo de ir a la consulta

En febrero de 2017, un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en el hospital Mission, ubicado en la ciudad de Mission Viejo, en California. Querían promover un programa regional destinado a “desarrollar fuentes potenciales de información”. Pero los directivos del centro les pidieron que se fueran inmediatamente. Les preocupaba su sola presencia, en un momento de miedo por los operativos migratorios tras la llegada al poder de Donald Trump.

“Decidimos que no había necesidad de que estuvieran aquí desde el punto de vista de la atención médica. Un hospital es un lugar de asistencia sanitaria y cualquier persona de la comunidad es libre de utilizarlo”, dijo Deb Franko, directora ejecutiva de comunicaciones del hospital, en declaraciones a la emisora local KPCC. “Queremos que sea un lugar que dé la bienvenida a todos aquellos que tienen una necesidad médica de buscar atención en nuestro centro sin miedo ni dudas”, apostilló.

Los defensores de derechos humanos estadounidenses recordaron entonces que, si se extendía el temor entre las personas en situación irregular a que las autoridades llevaran a cabo arrestos en las clínicas y los centros hospitalarios, así como a que obtuvieran su información personal de sus bases de datos con el fin de deportarles, podían empezar a dejar de ir al médico aunque lo necesitaran. De lo mismo han alertado esta semana las organizaciones sociales españolas, que se oponen a que la Junta de Andalucía comparta datos sanitarios de inmigrantes sin papeles con la Policía precisamente por este motivo.

El hospital Mission no ha sido el único en salir en defensa de sus pacientes para evitar que se sintieran inseguros en su centro. Médicos, instalaciones sanitarias y activistas tanto en el país norteamericano como en su vecino Canadá se han puesto también manos a la obra para protegerlos.

En EEUU, como alertaban los defensores, hay personas que han dejado de acudir a los centros médicos por miedo a ser localizados por el ICE, aunque eso les cueste renunciar al tratamiento para sus problemas de salud. “La gente se esconde en los lugares más recónditos y evita ir a cualquier institución. Personas que tienen serios problemas de salud no van a hospitales o a consultas médicas. Esto tiene un efecto increíblemente dañino en las comunidades”, sostuvo hace un año el legislador demócrata Joaquín Castro al periódico mexicano La Jornada. Una encuesta de la ONG Children's Partnership reveló el año pasado que un 42% de los pacientes inmigrantes en California no asisten a sus citas y programan menos visitas con sus médicos, y constata un mayor temor a la confrontación con los agentes migratorios.

Bajo las directrices de Trump, que ha ampliado las competencias del ICE, las detenciones y las deportaciones de inmigrantes han aumentado. En total, 20.464 personas fueron detenidas solo por permanecer en EEUU de forma irregular, un tercio más que en 2017.

La política migratoria del presidente de EEUU ha sido duramente criticada, tras varios casos mediáticos, por sus redadas para arrestar inmigrantes en los llamados “lugares sensibles”, como lugares de culto o escuelas, que tradicionalmente habían sido evitados por los agentes migratorios para no “alarmar innecesariamente a las comunidades locales”, según un memorando del ICE de 2011. Entre ellos también están los hospitales. Uno de los casos más sonados en este terreno fue el de Rosa María Hernández, una niña mexicana con parálisis cerebral que fue detenida en Texas en octubre de 2017 cuando era trasladada en ambulancia para someterse a una cirugía de emergencia.

Los 'hospitales santuario'

Pocos meses antes, las alarmas se dispararon en la clínica Monseñor Óscar Romero de Los Ángeles, que brinda atención sobre todo a inmigrantes. Según sus cifras, de las que informó Univisión en agosto de aquel año, al menos 500 pacientes no habían acudido a sus citas médicas en los meses previos. De nuevo, lo atribuyeron al miedo por el endurecimiento de los controles migratorios. Lo saben, principalmente, por las promotoras, quienes van calle por calle ofreciendo información sanitaria y tratando de convencer a la gente para que acudan al médico, asegurándoles que sus datos son confidenciales, tal y como estipula la ley federal.

En marzo de 2017, la clínica comunitaria fue la primera del país en declararse “santuario” para que los inmigrantes que quisieran acudir tuvieran la confianza de encontrarse seguros en el centro. Según explicó su directora, Ana Grande, a Univisión, a sus instalaciones habían llegado personas atemorizadas por redadas en sus edificios. Ante esta situación, decidieron preparar a su equipo médico y administrativo para cuando llegaran agentes migratorios. “Vamos hacer un cierre total de la clínica y vamos averiguar si ellos tienen una orden judicial para ver si pueden entrar”, explicaba la responsable a la cadena estadounidense.

Desde entonces, varios profesionales sanitarios se han sumado a la defensa de los “hospitales santuario”, como Altaf Saadi, Sameer Ahmed y Mitchell Katz, que un artículo científico argumentan que los hospitales deben preparar protocolos, capacitar a su personal e informar a sus pacientes de que sus datos no serán compartidos para garantizar un lugar seguro para los inmigrantes que buscan atención.

“Si los agentes de ICE van al hospital, por ejemplo, se debe verificar su identificación y, en caso de emergencia, para evitar daños inmediatos o actividades delictivas, ningún empleado del hospital debe proporcionar información sobre ningún paciente a los agentes ni proporcionarles acceso a ninguna habitación del paciente sin orden judicial o citación”, defienden los autores del artículo.

“Es importante que los profesionales de la salud hablen con una sola voz para cumplir con sus responsabilidades éticas”, agregaban. No era la primera vez que se recordaba el papel de los hospitales a la hora de proteger a sus pacientes. En 2012, un informe del Centro para la Justicia Social de la Universidad Seton Hall recopiló más de 800 casos de lo conocido como “repatriaciones médicas”, es decir, el traslado involuntario de inmigrantes enfermos directamente desde los hospitales a centros sanitarios de sus países de origen.

El centro de estudios recalca que esta práctica puede tener suponer un riesgo para sus vidas. “Son enviados a instalaciones que no tienen los recursos para proporcionar la atención necesaria. A menudo, esto resulta en un deterioro significativo de la salud de un paciente, o incluso de la muerte”, recalca el centro en un documento de 2015 destinado a los abogados que tratan de ayudar a estas personas. Asimismo, defienden que vulneran las leyes nacionales y derechos básicos. “Cuando los hospitales repatrían a pacientes vulnerables sin consentimiento, o cuando se obtiene el consentimiento mediante coacción, están llevando a cabo una deportación de facto sin ninguna supervisión o responsabilidad gubernamental, y esta situación es susceptible de abuso”, sentencia Lori A. Nessel, directora del CSJ.

Una red para atender a los migrantes en Canadá

Byron Cruz asegura que su teléfono móvil se ha convertido en el 911, el número de emergencias en Canadá, para inmigrantes en situación irregular que le piden ayuda para ir al médico. En 2016, recibía varias llamadas al día, explicó a la radio pública canadiense, de personas que expresaban su miedo a acudir a los servicios de salud y a que se entregara su información a las autoridades migratorias.

Después, este trabajador social del grupo comunitario Sanctuary Health [Santuario de la salud], trataba de conectarlas con una red de profesionales sanitarios en la ciudad de Vancouver que se comprometen a tratarlas sin denunciarles. Algunas de ellas llegaron a ser atendidas en plena calle, otros médicos los han asistido en su consulta cuando acababa su turno.

En 2014, Sanctuary Health denunció que los departamentos de facturación de algunos hospitales estaban transmitiendo información de sus pacientes a las autoridades de inmigración. Constataron, por ejemplo, que desde los servicios de salud financiados con fondos públicos de las autoridades de Fraser se realizaron más de 500 llamadas a la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA), unidad de la policía federal.

Los integrantes de la red reclamaron que se cambiaran las políticas para que el personal médico protegiera la confidencialidad de los datos de sus pacientes y se aseguraran de que la atención médica “fueran accesible para todos, independientemente de su estatus migratorio”. Lo consiguieron: en 2016, Frases Health se comprometía a cambiar sus procedimientos internos para evitar que se compartiera información con las autoridades fronterizas.

Según explican fuentes de Sanctuary Health a eldiario.es, desde entonces se han conseguido cambios en la política de privacidad de 24 hospitales de la zona. “Los departamentos financieros tienen que consultar al de privacidad antes de hacer una llamada a las oficinas migratorias”, sostienen. Indican que, aunque ya no reciben avisos de pacientes, “el temor persiste”.

En Canadá, los inmigrantes que no cuentan con residencia permanente -requisito para tener una cobertura normalizada en el servicio público- tienen acceso limitado a atención médica gratuita y a veces tienen que pagar algunos tratamientos o seguros. Organizaciones como Médicos del Mundo o el Centro Canadiense para la Salud de inmigrantes y refugiados cuentan con clínicas y programas para atender a personas sin papeles con la confidencialidad como una de sus mayores premisas. Este acceso sin barreras a la salud es lo que empuja a Sanctuary Health a continuar con su labor. “Seguimos en la lucha”, sentencian.