Son las 12 del mediodía y Abdou (nombre ficticio) lleva paseando por la calle desde las ocho de la mañana sin saber qué hacer ni a dónde ir. Mira con timidez cómo juegan al fútbol otros chavales pero no se atreve a unirse a ellos. Mete sus manos en los bolsillos y tensa sus brazos para tratar de menguar el frío enraizado en su cuerpo tras pasar horas a la intemperie sin el abrigo suficiente. Guarda en su mochila un trozo de pan que cogió en el albergue para personas sin hogar donde solo le dejan pasar la noche: cree que es posible que apenas encuentre nada más que llevarse a la boca durante el día.
Su pasaporte y su acta de nacimiento dicen que Abdou no tendría que estar así, desamparado por la Administración, durmiendo en un alojamiento para adultos sin techo, sin apenas nada que hacer. Sus documentos oficiales, verificados por la Embajada de Gambia en España, prueban que este chico menudo, de mirada baja y sonrisa amable, tiene 14 años. Pero la Fiscalía le dice que no, que no se fía de los datos incluidos en su pasaporte gambiano.
Y Abdou no entiende nada. “Miran mi documentación y, aunque ven en mis papeles que soy menor, me dicen que no lo soy”, dice el chico en una entrevista con elDiario.es. Su caso ha llegado al Comité de los derechos del Niño de la ONU, que pidió la semana pasada a España el reingreso del adolescente en un centro de menores de la Comunidad de Madrid tras ser declarado mayor de edad por la Fiscalía. Este jueves, el Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio Público que, en cumplimiento con la exigencia de las Naciones Unidas, proteja al chaval.
El adolescente llegó en cayuco a Las Palmas en agosto de 2023 y desde entonces, aunque asegura haber declarado su edad desde el primer momento en su reseña policial, fue tratado como adulto tanto en Canarias como en las diferentes ciudades de la península por donde ha pasado: Granada, Barcelona y Madrid. Su primera reseña policial en España recoge que Abdou tiene 19 años, según fuentes jurídicas. Él niega que declarase tener esa edad: “Siempre dije los años que tenía cuando llegué a Las Palmas. O no me entendieron bien por el idioma o se equivocaron, no sé qué pasó”, lamenta el chico cuyo aspecto encaja con el de un adolescente. En cada uno de los traslados a distintos centros dentro del sistema de atención humanitaria, dependiente del Ministerio de Inclusión, el chico mencionaba su edad. “Lo decía, pero me respondían que si no tenía los papeles que lo demostrase, no podían hacer nada”.
Superado el tiempo máximo en el sistema de acogida para adultos pidió ser trasladado a Madrid donde pensó que podría tener más oportunidades. A su llegada, perdido y sin contactos, Abdou no sabía qué hacer. Le habían dicho que en el barrio madrileño de Lavapiés quizá alguien podría ayudarle. Allí, cuenta, un chico senegalés le dio la dirección de Sercade, una ONG que apoya a los migrantes africanos en situación de exclusión. Fue entonces cuando el joven empezó a sentirse escuchado. A través del apoyo de la Fundación Raíces, organización especializada en infancia que le presta asistencia jurídica, solicitó el envío de su pasaporte a un familiar, explica la ONG. Tras verificar el documento en la Embajada de Gambia, su letrada activó el procedimiento para enviarle a un lugar acorde con su edad.
Declarado mayor de edad
En diciembre de 2023 el adolescente entró en un centro de menores, pero no por mucho tiempo. Dos meses después la Fiscalía le comunicó su decisión: Abdou dejaba de ser un niño a ojos de la Administración. “Estábamos con la educadora en el centro y me dijeron que no podía quedarme más allí, que me tenía que buscar la vida”, recuerda el chico. “Si tengo un pasaporte donde dice que soy menor, ¿por qué no me creen? ¿por qué a otros sí los creen? ¿por qué a algunos nos dicen que nos hagamos unas pruebas?”, añade el adolescente
Las pruebas a las que Abdou se refiere son los exámenes médicos para la determinación de la edad, unos test calificados de invasivos e inexactos por organismos como el Defensor del Pueblo o el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. La jurisprudencia del Tribunal Supremo impide el sometimiento de los menores a estas pruebas con un pasaporte válido que acredite su edad.
“Cuando estaba en el centro, la Fiscalía me dijo si quería hacerme las pruebas de la edad pero yo contesté que no quería, porque ya tengo el pasaporte”, cuenta Abdou, que había sido aconsejado por su letrada de la Fundación Raíces, que suele recomendar no someterse a estos exámenes en caso de contar con documentación que pruebe la minoría de edad, atendiendo al criterio del Tribunal Supremo. Ante su negativa, el Ministerio Público concluyó que el joven era mayor de edad dado que no dan por válidos los datos incluidos en su pasaporte, al haber sido expedido en Gambia sin la presencia del chaval, a pesar de la verificación realizada por la Embajada. La desconfianza de la Fiscalía no solo afecta a Abdou, sino que se trata de un criterio generalizado reconocido en un informe policial que siembra dudas sobre los datos incluidos en los pasaportes gambianos, según desliza la Policía Nacional en un informe al que ha accedido elDiario.es.
“Me sentí muy mal. Me sentí solo y distinto a los otros”, lamenta Abdou, en tono serio. Las escasas palabras que a menudo utiliza para responder se multiplican cuando el muchacho habla de su expulsión del centro de menores y la desconfianza de la Administración española hacia su minoría de edad. La rabia al recordarlo deja a un lado por un rato su aparente timidez: “Veo a otros chicos de otras nacionalidades que, cuando cumplen la mayoría de edad, les dejan hacer formaciones, les arreglan la documentación y les llevan a otros centros. Pero a mí y a otros amigos menores no nos ayudan, solo nos dejan ahí hasta que sea la hora de salir y nos dicen que nos vayamos”, se desahoga.
El 12 de febrero volvió a la casilla de salida. Ahora el chaval vive en un albergue para personas sin hogar donde solo puede pasar la noche. Está cansado y se le nota. “Lo único que me preocupa desde que he llegado es que digan que soy mayor de edad cuando no lo soy. Y que también se lo digan a algunos amigos cuando a otros sí les han llevado a un centro”, recalca el chico.
Nunca pensó, reconoce, lo difícil que sería salir adelante en España. Abdou se crió con sus abuelos y sus tíos porque donde vivían sus padres era más complicado acudir a la escuela, según su testimonio. “No me trataban muy bien. Era una convivencia muy difícil porque mis tíos no me hacían mucho caso y mi abuela era mayor y no se podía hacer cargo de mí, así que me tenía que buscar la vida”, detalla sobre su vida en el país que dejó atrás. Cuando no iba al colegio, ayudaba a un amigo a colocar azulejos. “Estuve mucho tiempo ahorrando para poder ir a España”, continúa. El adolescente pasó nueve días en el mar: “Lo pasé muy mal. Se rompió un poco la barca y estaba entrando agua. Pero estuvimos todo el tiempo quitando el agua hasta que por fin nos rescataron”.
Meses después, ya en territorio español, el joven sigue en su lucha por la búsqueda de un futuro: “Está siendo muy difícil, me preocupa mucho que no me crean, pero no me arrepiento de haber venido porque llegamos todos bien. Mientras esté con amigos, no me siento tan solo y estoy bien”, responde Abdou. A su lado, como casi siempre, está Lamin (nombre ficticio). Dice tener 16 años, sus documentos lo acreditan, pero la Fiscalía tampoco le cree.
Sabe que la ONU ha dado un paso a su favor. Su abogada también le ha explicado que el Defensor del Pueblo ha pedido a la Fiscalía que lo devuelva al centro de menores, pero Abdou siente que ha dado tantas vueltas que hay días en los que le cuesta confiar: “No tengo mucha esperanza, pienso que no me van a dejar volver”, dice decepcionado. “Lo único que pido es que me dejen volver al centro con mis amigos”.