Para hablar de la devolución a Marruecos que sufrió en agosto de 2021, Abdelhakim Zerrad repite la misma frase una y otra vez, como si dos años después aún no llegase a entender cómo España le dejó de repente al otro lado de la frontera de Ceuta tras pasar dos meses en la ciudad: “Nadie me preguntó si quería volver; nadie me dijo lo que iban a hacer”. Cuando lo metieron en un furgón junto a 14 adolescentes marroquíes como él, creyó que sería trasladado a otro centro. Hasta que, desde la ventanilla, identificó el puesto fronterizo del Tarajal, y rompió a llorar. Suplicaba que quería quedarse. No fue escuchado.
Abdelhakim Zerrad era uno de los menores que, según ha ratificado el Tribunal Supremo este lunes, fue puesto en “serio peligro” por la Administración durante la devolución “ilegal” activada en 2021 por la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad autónoma con el beneplácito del Ministerio del Interior. Pese a la contundencia de la sentencia, tanto el ministro Fernando Grande-Marlaska como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han defendido la actuación este martes e insisten en haber preservado el interés superior de menores como Abdelhakim y sus compañeros.
Pero el chaval marroquí, ahora mayor de edad, no entiende cómo la Administración podía conocer sus intereses si nunca le preguntaron nada sobre su situación en Marruecos: “Yo estaba en Ceuta, en el centro de Santa Amelia y nadie me preguntó si quería volver. Nadie me preguntó. Entró la policía en el centro y nos echaron a 15 chicos. Nadie nos avisó. Y yo no quería volver”, insiste el chaval. El fallo del Supremo confirma que la Administración “no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales”, como exige la legislación española en un proceso de expulsión de los niños y niñas no acompañados.
“Si ni me preguntaron y nadie sabía nada de mí, ¿cómo iban a estar pensando en lo mejor para mí?”, dice Abdelhakim. “Pasé mucho miedo porque no quería irme, no sabía qué iba a pasar”, añade el joven. Después de atravesar la frontera, los 15 chavales de aquel grupo fueron trasladados a un centro de menores de Marruecos y un día después Zerrad regresó a su humilde casa cercana a la frontera con Ceuta, donde sus padres se esforzaban en sacar adelante a su familia con grandes dificultades. “En Marruecos no había futuro. Siempre pensaba en volver a Ceuta. Pasé un año en Marruecos, tenía que ayudar a mi familia, trabajar y no había nada; mi familia es muy pobre. Decidí volverlo a intentar”, dice el joven, quien ya ha cumplido los 19 años.
Tras pasar en Ceuta dos meses como menor tutelado, se vio de nuevo en el punto de partida. Al año siguiente de su devolución, Abdelhakim decidió lanzarse al mar y arriesgar su vida hasta alcanzar la ciudad española. Se quedó y, cuando pudo llegar a Madrid, logró obtener sus papeles a través del apoyo de Fundación Raíces.
“Su vocación para el empleo era hostelería, en concreto la cocina, y por eso le acompañamos a Madrid para que se formase en nuestra Escuela Cocina Conciencia. Hakim ha demostrado siempre mucho interés por aprender tanto el oficio como el castellano así como otras competencias básicas de preparación al empleo”, detalla Lourdes Reyzábal, la presidenta de la organización.
Después de cursar varias formaciones, el joven ha logrado un trabajo como ayudante de cocina en el restaurante Bertys Burger de Vigo que participa en los programas de Fundación Raíces. “Ahora estoy muy contento. Tengo mi futuro”, dice el marroquí desde la ciudad gallega.
Abdelhakim se muestra agradecido, pero recuerda a los compañeros que siguen en Marruecos tras la devolución: “Muchos están mal. Me dicen lo mismo que yo decía cuando estaba allí: que allí no tienen futuro, que quieren irse de Marruecos”.
¿Qué pasa con los que siguen en Marruecos?
Desde un juzgado de Ceuta hasta el Tribunal Supremo, los nueve magistrados y magistradas que han estudiado este asunto han llegado a la misma conclusión y de manera unánime: España y Marruecos no respetaron los derechos fundamentales de los menores, el proceso administrativo necesario para su vuelta a Rabat nunca existió y la crisis migratoria de 2021 no justifica todas estas carencias que hicieron del procedimiento algo irregular desde varios puntos de vista.
El fallo confirma la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta de ordenar en febrero de 2022 retornar a España a los menores devueltos ilegalmente. Las ONG que defienden a los menores, Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, ratifican su intención de acudir próximamente a los juzgados ceutíes para impulsar el procedimiento de ejecución de la sentencia y exigir que los chavales denunciantes que continúan en Marruecos puedan regresar de forma segura a suelo español.
“El Estado debe cumplir la sentencia, lo que incluye restaurar el derecho vulnerado, asegurando la posibilidad de retorno. Vamos a solicitar que se ejecute y para ello hay que preguntarle a estos chicos si desean retornar a España y, si lo desean, proceder a su ejecución”, indica Patricia Fernández Vicens, abogada de Coordinadora de Barrios. “Todos los niños que defendemos nos han pedido que continuemos con el procedimiento hasta el final”.
La letrada teme las posibles trabas que puedan encontrarse en los próximos pasos. “Las declaraciones de este martes de la portavoz del Gobierno y el ministro del Interior señalando que actuaron bajo la legalidad y preservando el interés del menor evidencian que no están dispuestos a acatar la sentencia”, considera Fernández Vicens. “Es posible que el Estado alegue el imposible cumplimiento del retorno, que se van a imponer dificultades procedimentales para el cumplimiento de la sentencia”, añade.
La última sentencia del Supremo se refiere a ocho de los 55 menores devueltos por España en agosto de 2022, mientras que las ONG denunciantes se encuentran a la espera de un fallo pendiente en relación a la situación de otros 12 chavales, cuyo caso es idéntico, por lo que auguran que el Tribunal se posicionará en la misma dirección.
De los ocho casos a los que se refiere la última sentencia del Supremo, solo dos se encuentran actualmente en España tras lograr alcanzar Ceuta por su cuenta tras la devolución ilegal. Todos han cumplido ya 19 años, mientras que uno de ellos tiene 20, describe Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces.
“Solo dos consiguieron volver a nado, cuando aún eran menores de edad, arriesgando de nuevo sus vidas. Esos dos menores al volver a Ceuta, solos y sin la protección de ningún adulto, fueron tutelados por la Ciudad Autónoma y antes de cumplir los 18 años, fueron atendidos por nuestra fundación y les hemos acompañado en su paso a la península y en su formación y búsqueda de empleo posterior”, detalla Reyzábal. De los cinco que se quedaron en Marruecos, la ONG tiene a cuatro localizados. “Uno de ellos se encuentra en una situación de abandono absoluto, viviendo en la calle desde entonces y en una situación de enorme riesgo. A otro de los menores no le hemos conseguido localizar y nadie sabe nada de él”, lamenta la presidenta de la Fundación. “Estudiaremos la situación individualizada de cada uno y, conforme a su interés, emprenderemos las acciones oportunas para el restablecimiento de sus derechos y para reparar el daño sufrido y la vulneración, ya reconocida por el Supremo, de su derecho a la integridad física y moral”, concluye.
“Va en ello la respetabilidad de España como Estado de derecho”
Los chicos entraron en España en mayo de 2021 y fueron devueltos a Marruecos en agosto de ese año, varios meses después. En ese lapso de tiempo, la crisis migratoria abierta entre Madrid y Rabat se tradujo en miles de personas cruzando la frontera de Ceuta de manera descontrolada y los menores estuvieron alojados en un polideportivo. Tres meses, en total, hasta que un día fueron devueltos.
Todos los tribunales coinciden en señalar que esta actuación de la Administración vulneró casi todas las normas que protegían, precisamente, a los jóvenes: la ley de extranjería, que promueve la protección de menores no acompañados y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Tribunal Superior de Andalucía fue claro: “Omitió todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación” y eso puso a los chicos en un “riesgo relevante para la integridad física o moral”. El contexto de crisis migratoria, añadieron los jueces andaluces, “en absoluto autorizaba al Reino de España a excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.
El Supremo escuchó a los representantes del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta refugiarse en esa crisis migratoria, pero ha llegado a la misma conclusión. Que Marruecos aceptara la entrega en esos términos, añade el Alto Tribunal, no justifica que España esté autorizada a hacerlo vulnerando los derechos de los menores: “Va en ello la respetabilidad de España como Estado de derecho”.
Esta sentencia del Supremo deja claro, por tanto, que ni en las circunstancias más críticas de la frontera sur España está autorizada a devolver menores sin asegurarse de que están bien y que son, efectivamente, entregados a sus familias. También da la puntilla al acuerdo firmado entre Madrid y Rabat en 2007 como documento habilitante para hacerlo. Y lanza una advertencia: devolver a una docena de menores no acompañados sin ningún tipo de procedimiento “constituye una expulsión colectiva de extranjeros, algo que es ilegal” según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dice el Supremo.
Cuando Abdelhakim regresó a Ceuta un año después de su devolución, se reunió con cientos de compañeros que había conocido antes de su retorno ilegal, aquellos que habían entrado a la ciudad junto a él pero no llegaron a ser expulsados tras la suspensión del operativo. Se fijó en lo bien que ya hablaban español: “Ellos ya habían dado clases todo este tiempo y yo no, por eso yo voy algo más retrasado que el resto”, indica el joven en castellano.
“Es importante que los jueces digan esto porque la policía de Ceuta nos dejó tirados en la frontera y todos los niños llorábamos”, concluye.