Con la llegada del frío y tras meses de desprotección por parte de las autoridades estatales y municipales, sigue habiendo solicitantes de asilo en la capital madrileña que se ven obligados a dormir a la intemperie a las puertas del Samur social. Este viernes, la Red Solidaria de Acogida y el Centro Pastoral de San Carlos de Borromeo de Entrevías han acompañado a más de 30 personas afectadas, entre ellas varias familias, a presentar dos quejas formales ante el Ministerio de Trabajo y Ayuntamiento de Madrid, a quienes señalan como responsables de una situación “indigna”.
John Alexander, que se define como líder social en Colombia, estaba entre los allí presentes. Llegó a España el pasado 6 de noviembre, y la Administración no le ha dado cita hasta el día 22 para iniciar un proceso que, denuncian, se puede alargar meses, dejándolos en una situación de desprotección. “El Samur no nos ofrece ninguna ayuda, no nos resuelve nada. Nos dicen que, si no podemos pagar un hostal, regresemos a nuestro país. Esa no es la idea, venimos por una serie de dificultades, si salimos de allí es por algo”, sostiene. Cuenta que fue víctima de la delincuencia organizada y la guerrilla, y tuvo que salir escoltado hasta el aeropuerto, dejando atrás a su familia.
John incide en que los solicitantes de asilo necesitan y “merecen respeto e igualdad como personas migrantes”. Defiende que de acuerdo a los convenios internacionales tienen derecho al alojamiento más allá de que el Samur los derive a hostales. En la queja formal a la que ha tenido acceso eldiario.es, los solicitantes señalan que “la mayoría de hostales indicados en la lista ya no existen y, en todo caso, no tenemos dinero para pagarlos”. También denuncian que los comedores no resultan útiles porque no se puede acceder a ellos con hijos, exigen inscripción previa o están muy alejados y es necesario desplazarse en transporte público, que no siempre pueden pagar.
“Hay compañeros que duermen en la calle, en condiciones inhumanas. Solo pedimos un techo. Tenemos familias con niños, merecemos ser dignos de nuestros derechos. Algunos llevan más de cuatro meses aquí, separados de sus familias, en diferentes albergues”, indica John. De momento, pasa la noche en la Parroquia San Carlos Borromeo, en el barrio de Vallecas, que le ha abierto las puertas tras el portazo de las administraciones. John se muestra agradecido con los voluntarios, pero apunta que “no es el sitio indicado”. Allí conviven estos días más de 20 personas, en un espacio reducido y con dos cuartos de baño.
Su párroco, Javier Baeza, reclama al Consistorio que reconozca que el Samur social es “incapaz de dar respuesta a las urgencias en la ciudad de Madrid”. “Pedimos al Ayuntamiento que cambie el Samur o que se cambie la política de acogida”. Baeza, una vez más, también se dirige al Ministerio de Trabajo, quien tiene la competencia en refugio y asilo. “Requerimos que ponga en marcha la política necesaria para que funcione el programa de ayuda humanitaria de las personas susceptibles de refugio, para que estas puedan ser acogidas con un recurso no tan precario como el que ahora mismo estamos ofreciendo”, zanja.
Cuatro meses de espera
La situación de Julio Aponte es una de las más extremas. Dice que al principio no daba su nombre por temor a represalias, pero “ya he perdido el miedo a muchas cosas”. Han pasado cuatro meses desde que llegó desde Venezuela con su familia. Explica que el tercer día solicitó asilo, y un mes más tarde le dieron cita para iniciar el proceso. Desde entonces, no ha obtenido respuesta. “Ha pasado el tiempo límite, no me han llamado y uno ya entra en un bucle de desesperación”.
Duerme en un mismo colchón con sus mellizos de ocho años y su esposa en el suelo de la parroquia. Con ayuda de los voluntarios, sus hijos han podido ser escolarizados. “No solo te dan techo y comida, sino que de verdad se preocupan por ti como ser humano, se crea un vínculo muy bonito”. Según su testimonio, era funcionario público en Venezuela, y asegura que se vio abocado a salir del país porque su vida corría peligro. “No ha sido fácil, cuando llegamos no conocíamos nada, te das cuenta de que esto no es como lo pintan”.
Respuesta insuficiente
Las organizaciones especializadas llevan tiempo alertando del “colapso” que sufre el sistema de asilo español. La demora que sufren desde hace tiempo quienes tratan de oficializar su demanda de protección internacional ante el Ministerio de Trabajo, en el que recae la competencia en materia de asilo, deja a decenas de personas en la calle. Los solicitantes de protección no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud. Así, al carecer de recursos, muchos se quedan sin un lugar donde dormir, y es el Consistorio quien debe hacerse cargo de la situación de emergencia de estas personas hasta que entran a formar parte de la red estatal de acogida.
“No puedo acceder al programa de acogida del Ministerio, al que tengo derecho por ser solicitante de protección internacional, porque en la Unidad de Trabajo Social de la Oficina de Asilo no me atienden hasta que realice la entrevista para formalizar mi solicitud de asilo, y aún realizando la entrevista es casi imposible conseguir cita a través de la página web”, indica la queja.
Ayuntamiento y Ministerio llevan más de un año acusándose mutuamente por no asumir sus competencias. En respuesta a las últimas acusaciones del Ayuntamiento, la Secretaría de Estado de Migraciones señaló este jueves que “en la última semana, se ha hecho cargo de 420 personas, de las cuales más de la mitad proceden de los servicios municipales”. “Desde que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento tomó posesión, el sistema de acogida estatal ha asignado en Madrid un total de 2.365 plazas, 1.413 de las cuales habían acudido inicialmente al consistorio”, recalcan.
Tras meses de peticiones por parte del Consistorio, que propuso la cesión de siete espacios para los solicitantes de asilo, el Ministerio dio el visto bueno a dos: la Residencia Nuestra Señora de la Paloma, ubicada en Cercedilla, y el Pabellón Cruz Roja II, en Casa de Campo. El centro de Cercedilla, gestionado por Cruz Roja, abrió el pasado 6 de noviembre con una capacidad de 120 plazas. Sin embargo, ya están ocupadas, según recoge El País, lo que lleva a estas personas al mismo punto: depender de la solidaridad vecinal para poder tener un techo bajo el que dormir.
“Me he visto obligado a dormir en la calle, a las puertas del Samur, en cartones o mantas que nos traían los vecinos y vecinas de la zona, con temperaturas por debajo de los 10 grados”, concluye el documento presentado este viernes. En él, alertan de las bajas temperaturas a las que se ven expuestos, que pueden seguir descendiendo a medida que se aproxime el invierno.