De cargar sobre los migrantes la responsabilidad de su muerte a procesar a 16 guardias civiles: los giros del caso Tarajal
Había transcurrido un año y medio tras las muertes de Ceuta cuando el juzgado de instrucción decretó el archivo provisional de la causa. La jueza encargada entonces del caso exculpó a los 16 guardias civiles investigados y señaló la responsabilidad de los migrantes en su propio fallecimiento. Las víctimas “asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español” e hicieron “caso omiso de las actuaciones disuasorias” de los agentes, decía María del Carmen Serván. “Los inmigrantes -destacaba- no eran personas en peligro en el mar”.
Cuatro años después, el mismo juzgado, con una nueva magistrada al frente, ha procesado a los 16 miembros del Instituto Armado, apoyándose en la normativa internacional en materia de derechos humanos.
El tribunal ha pasado de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son “una zona de excepción” y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos “no precisaban ayuda”, a concluir que “los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron” sin justificación.
Durante la mañana del 6 de febrero de 2014, 14 personas murieron en un intento de entrada a Ceuta a nado disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo hacia el agua, en la zona donde se encontraban cientos de migrantes. El giro de la posición del juzgado ceutí ha sido celebrado por la acusación popular, mientras que desde la defensa de los guardias civiles han tachado el nuevo auto de “contradictorio” con lo estipulado a lo largo de cinco años de procedimiento.
“Con esta nueva juez, el cambio de criterio es evidente”, sostiene Gonzalo Boye, letrado del Observatorio de Drets Humans (DESC), una de las organizaciones personadas en la causa como acusación popular. Las ONG celebran el procesamiento de los 16 guardias civiles en el último auto, que enfila el procedimiento hacia la apertura de juicio oral a la espera de recibir el posicionamiento de las acusaciones.
“Las víctimas merecen justicia, nada puede aliviar perder a un hijo. Para las familias, -el auto- puede ser una luz en medio de un proceso tan largo, objeto de dos archivos que todas las acusaciones logramos levantar”, apunta Paloma Favieres, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Todo esto es muy importante en una batalla que a veces dimos por perdida”, confiesa.
Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, considera que se trata de un “paso imprescindible para enjuiciar los hechos y buscar responsabilidad” de las 14 muertes ocurridas el 6 de febrero de 2014. No obstante, la jurista cuestiona la llegada del final de la instrucción sin haber completado todas las diligencias solicitadas. Entre ellas se encuentra la identificación de los cuerpos de las víctimas enterradas en el cementerio de Ceuta a través del cotejo del ADN con sus familiares, una actuación descartada por el juzgado el pasado 16 de septiembre. Del mismo modo, tampoco se ha concluido la toma de declaración de uno de los tres supervivientes llamados por la jueza.
Desde la defensa de los guardias civiles procesados también han resaltado el giro de la investigación, pero con el objetivo de cuestionar su resultado. “Lamentamos que tras dos archivos anteriores, donde se evidenciaba la inexistencia de responsabilidad penal, ahora, la Señora Instructora de la causa, con la misma carga de pruebas, vea indicios de delito en la actuación de los guardias civiles”, ha sostenido Jesús Martín Vázquez, letrado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que está prestando asistencia jurídica a los agentes investigados.
“Nos sentimos profundamente desamparados y desprotegidos por parte de los diferentes gobiernos en situaciones como la que nos ocupa, cuando no hacemos otra cosa que cumplir con lo que se nos encomienda, que como en este caso es impermeabilizar la frontera española”, ha afirmado desde la asociación.
Cinco años de instrucción y dos archivos
El largo procedimiento judicial, que acumula más de cinco años y escasos avances, ha estado interrumpido por dos archivos provisionales, seguidos de sus correspondientes órdenes de reapertura por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictadas tras varios recursos de apelación presentados por las ONG de la acusación popular.
En octubre de 2015, después de solicitar una serie de informes policiales y llamar a declarar a 16 guardias civiles como investigados, la magistrada María del Carmen Serván concluyó el primer sobreseimiento provisional de la causa. Este auto sostenía que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios “con efecto disuasorio” y aseguró que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”.
“Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”, zanjaba la jueza. En enero de 2017, la Audiencia Provincial de Cádiz rechazó el sobreseimiento. Según argumentó, el juzgado ceutí no realizó todas las pesquisas necesarias antes de dictar su carpetazo.
“Ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias”, espetaron los jueces de la Audiencia Provincial, que también cuestionaron las “prisas innecesarias” en la realización de los informes forenses de los cinco cuerpos hallados en España, que fueron enterrados en poco más de las 24 horas posteriores a su localización.
El caso regresó al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Un año después, en enero de 2018, una nueva magistrada al frente de la investigación, Macarena García Recio, decretó el segundo archivo del caso.
La tardía declaración de los supervivientes
“De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa [...] por lo que procede decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones”, afirmó la jueza. En su escrito, García Recio descartó la viabilidad de llamar a declarar a dos supervivientes de la tragedia, propuestos por la acusación popular, por residir de forma irregular en Alemania. “Ni siquiera tendrían fuerza suficiente para ello, dado que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”, justificó.
Una vez más, la decisión del juzgado ceutí fue reprendida por la Audiencia Provincial, que exigió de nuevo la reapertura del caso. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, consideraron los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón en agosto de 2018.
“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, recriminaron los jueces, quienes instaron al juzgado ceutí a desarrollar la toma de declaración a través de videoconferencia, como suele hacerse en estos casos. La causa es reenviada al juzgado de Ceuta.
El caso llegó a las manos de una nueva magistrada, María de la Luz Lozano Gago, la tercera en más de cinco años de instrucción. Tras las consecutivas directrices de la Audiencia Provinical de escuchar a los supervivientes de la tragedia, el juzgado ceutí accedió a llamar a declarar a tres testigos. Dos de ellos, un residente en Madrid y otra en Berlín, testificaron por videoconferencia. El tercero, un joven que era menor de edad cuando intentó sortear el espigón del Tarajal aquel 6 de febrero de 2014, no pudo completar su declaración debido a un fallo técnico en su videollamada, relatan fuentes jurídicas.
La magistrada titular del juzgado de instrucción no vio necesario repetir la testifical y descartó ordenar la identificación de los cuerpos enterrados en un cementerio de Ceuta, como solicitó la organización Coordinadora de Barrios. Este martes, Lozano Gago ha firmado el auto de preparación de juicio oral, en el que concluye la existencia de indicios de homicidio imprudente y omisión de auxilio entre los 16 guardias civiles investigados.
