Hace diez años, Óscar Darío Arias, un joven campesino colombiano, estaba labrando la tierra cuando golpeó una mina antipersonal. La explosión se llevó su vista y tuvieron que amputarle los antebrazos. “Óscar pensó que su vida se iba a acabar, pero decidió seguir adelante”, cuenta Johana Huertas, coordinadora nacional del Programa de Acción Contra Minas de Handicap International-Colombia. Johana lleva ocho años trabajando para esta organización que presta asistencia a los sobrevivientes de accidentes con minas. La historia de Óscar, quien hoy estudia en la Universidad de Antioquia, es un destacado jugador de goalball y trabaja como guía turístico, es la que más la ha marcado en todo este tiempo. “Tras el accidente, su proceso de aprendizaje y rehabilitación ha sido tremendo, es un ejemplo para su familia y para el resto de víctimas y personas con discapacidad”.
En Colombia, uno de los países con mayor número de víctimas de minas del mundo junto con Camboya y Afganistán, existen registros oficiales de víctimas de minas terrestres desde 1999. En la actualidad se han contabilizado 10.557 sobrevivientes, de los cuales, el 39% son civiles. “Son cifras significativas, sobre todo si tenemos en cuenta que el 20% de ese 39% son niños y niñas”, destaca Huertas por Skype, en un descanso entre las sesiones de la 13ª Reunión de los Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de Minas, celebrada a principios de diciembre en Ginebra.
Unos días antes, se presentaba en la ciudad suiza el informe anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés), un trabajo que, por un lado, arroja algunas cifras esperanzadoras pero que evidencia también esa tendencia a que las minas impacten, principalmente, sobre la población civil. En 2012 se registró el número más bajo de nuevas víctimas desde que comenzara a elaborarse este estudio en 1999. El total de víctimas de minas y otros restos explosivos de guerra fue de 3.628 personas frente a las 4.474 de 2011, un 19% menos. De una tasa de incidencia de 25 víctimas diarias en 1999 se ha pasado a diez en la actualidad, lo que representa una reducción del 60 por ciento. No obstante, se debe tener en cuenta que son muchos los estados y zonas donde no se elaboran registros, por lo que todo hace suponer que las cifras reales son superiores.
“Esta reducción es una buena noticia y creo que en parte se puede reconocer que está relacionada con el éxito del Tratado de Ottawa de 1997, pero también es importante advertir de que a pesar del menor número de nuevas víctimas, el total de sobrevivientes sigue aumentando cada año y eso incrementa las necesidades de asistencia, porque esta condición se prolonga por el resto de sus vidas”, afirma Megan Burke, coordinadora del Proyecto de Redes de Sobrevivientes del ICBL y del equipo del Asistencia a Víctimas del Monitor de Minas Terrestres.
Ocho de cada diez de estas nuevas víctimas son civiles. “Sólo el 20% de las víctimas de minas son militares o combatientes. En 2012, aumentó el número de víctimas civiles, que más o menos se solía situar en torno al 75%. Además, ha subido el porcentaje de niños hasta un 47% así como el de mujeres, actualmente en un 13%, tres puntos más que el año anterior, una diferencia significativa a la que tendremos que dar una explicación y seguimiento”, explica Burke, quien asegura que en estos momentos se desconoce a qué puede deberse esa variación en el impacto sobre las mujeres.
Pese a que el uso de minas antipersona se ha reducido significativamente en los últimos años y que el Tratado de Ottawa prohíbe el uso, la producción, la acumulación y la transferencia de minas antipersonales a los 161 Estados Parte, países como Yemen, Sudán del Sur, Sudán y Turquía ha empleado este tipo de armas. Según el Monitor de Minas Terrestres, a lo largo de 2013, lo han hecho también grupos armados no estatales de Afganistán, Myanmar, Pakistán, Siria, Tailandia, Túnez Yemen y Colombia.
De sobrevivientes a activistas
La violencia del conflicto armado ya había provocado un desplazamiento forzado de la familia de Cristian. Este colombiano, el mayor de nueve hermanos, tenía 16 años cuando, “el 5 de agosto de 2006”, recuerda perfectamente la fecha, explotó una mina en el campo donde jugaba con tres de sus hermanos. “Solamente sentimos la explosión, no sabíamos nada más, ni quién la activó ni nada, solo la explosión y que después nos despertamos en ese mismo lugar, nos miramos unos a otros, y salimos corriendo”, relata.
Cristian sabe que fueron relativamente afortunados, sobrevivieron todos y no hubo consecuencias físicas graves más allá de las heridas por esquirlas y secuelas menores. Pero al accidente le siguió un nuevo desplazamiento, esta vez a la ciudad. “Después del accidente nos fuimos a Medellín y ahí nos tocó volver a empezar de cero sin saber cómo, fue muy duro”, recuerda.
“Es verdad que un accidente así le cambia a uno la forma de pensar, fue como una oportunidad, un volver a nacer y a trazar nuevos proyectos de vida”, cuenta Cristian, que ha viajado a Ginebra con Handicap International Colombia para participar en tareas de incidencia política. “Este año, tenemos el gran reto de hablar con el gobierno colombiano para recordarle que, en pleno proceso de paz, se deben seguir dando los esfuerzos pertinentes para cumplir con los compromisos del Plan de Acción de Minas y transmitirle cuáles son las necesidades de las víctimas para que se las atienda de la mejor forma posible”, sostiene Johana Huertas.
En un caso como el colombiano, las víctimas de minas terrestres suelen sufrir un impacto triple: el del accidente, la discapacidad y el desplazamiento. “Son personas con una vulnerabilidad muy especial, pues la mayoría vive en entornos rurales y tiene un nivel educativo muy bajo”, explica la coordinadora de Handicap Colombia. “Las mayores necesidades tienen que ver con la rehabilitación y las víctimas se encuentran con muchas barreras para acceder a la red oficial de servicios, tienen que hacer frente a distintos obstáculos, como la distancia a la que se encuentran los centros especializados, las dificultades de transporte, el coste… Además, los supervivientes no siempre reconocen su afectación, es necesario un gran trabajo de atención psicosocial, no solo con las víctimas sino también con los cuidadores y cuidadoras”, detalla Huertas.
El mozambiqueño Luis Wamusse tenía la edad que ahora tiene Cristian cuando, en 1984, perdió la pierna derecha y dos dedos a consecuencia de una mina. “Cuando sufrí el accidente no pude continuar con mi carrera, tuve que interrumpir mis estudios”, recuerda. Hace ocho años, Wamusse y otro compañero crearon RAVIM, la Red de Asistencia a Víctimas de Minas, una organización compuesta por sobrevivientes que trata de ofrecer asistencia a las víctimas, especialmente a aquellas que se encuentran en zonas recónditas de Mozambique.
“El impacto de un accidente con mina es muy fuerte y traumático. Significa que, en muchos casos, esa persona no va a poder volver a realizar actividades que eran habituales en su vida”, comenta. Wamusse habla con Desalambre minutos antes de presentar en Ginebra un estudio que ha elaborado su organización en el que se constata que el 90 por ciento de los sobrevivientes mozambiqueños han perdido la capacidad de hacer lo que hacían antes del accidente y que, en la mayoría de los casos, experimentan grandes desafíos a la hora de acceder a material de compensación como muletas, prótesis o sillas de ruedas. “Esto dificulta enormemente la rehabilitación, especialmente para los sobrevivientes de las zonas recónditas, donde carecen de acceso a este tipo de materiales”, apostilla.
Precisamente Maputo, la capital mozambiqueña, acogerá el próximo año la conferencia de revisión del Tratado de Ottawa. Wamusse se ha marcado el objetivo de que su país consiga ser declarado para ese entonces como país libre de minas, siguiendo la estela de otros que han declarado haber completado esta limpieza en 2012 como República Democrática del Congo, Dinamarca, Gambia, Jordania y Uganda. En la última década se han eliminado del suelo más de 3,3 millones de minas.