Tras las denuncias registradas por el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha y los abusos expuestos en un informe jurídico elaborado por varias abogadas que han estado en la provincia de Huelva recopilando testimonios, el ministerio de Trabajo se ha comprometido a trabajar “en el marco de sus competencias” reforzando las campañas para perseguir las conductas que lesionen los derechos de las trabajadoras del campo.
Dicho compromiso se ha anunciado tras una reunión mantenida este martes en Madrid entre la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz con integrantes de Jornaleras de Huelva en Lucha, varias letradas, integrantes de Abogadas Sociedad Cooperativa y también miembros de la cooperativa La Laboratoria. Espacios de investigación feminista.
La ministra Díaz ha puesto en valor el informe, su exhaustividad y ha reafirmado el compromiso de su Ministerio y del Gobierno para “luchar contra este tipo de prácticas que vulneran los derechos laborales y los derechos humanos”.
“Hemos percibido mucha predisposición, nos ha recibido la propia ministra, se habían leído el informe, lo habían estudiado, han mostrado tienen interés”, han indicado a elDiario.es las asistentes al encuentro con la vicepresidenta Díaz.
La actividad en el campo de Huelva es enorme y por ello el 28% de las inspecciones llevadas a cabo en el primer trimestre de 2021 se ha concentrado en la campaña de recogida de frutos rojos de esta provincia, según datos oficiales. Desde Jornaleras en Lucha subrayan que la vulneración de derechos es tan alta que requiere una mayor vigilancia, algo a lo que la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz se ha comprometido durante el encuentro.
“La discriminación por razón de género es evidente, al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad”, señala el informe jurídico presentado.
“Una prioridad” para Trabajo
El Ministerio de Trabajo subraya que aborda esta situación como “una prioridad” y que tratará en detalle el contenido del informe. También indica que ya ha propuesto cambios normativos para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda personarse e intervenir en la situación de pobreza y exclusión denunciada en numerosas ocasiones, incluso por parte del relator de la ONU, Philip Alston, en el campo de Huelva.
“En esta línea se modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo, o cedidas por las empresas”, señalan desde Trabajo.
En el encuentro con la vicepresidenta tercera y ministra Díaz han estado presentes Ana Pinto, integrante de Jornaleras de Huelva en Lucha, Marta Malo, del colectivo La Laboratoria. Espacios de investigación feminista, Pastora Filigrana, de Abogadas Sociedad Cooperativa, así como el Secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey y la jefa de Gabinete Jurídico María Amparo Ballester.
Compromiso de seguimiento
“Desde Trabajo nos ha trasladado que tienen intención de reforzar la Inspección en Huelva de cara a la campaña, han acogido de buen grado esa propuesta”, ha indicado la abogada Pastora Filigrana a elDiario.es. “También hemos percibido que comparten la perspectiva de género necesaria para abordar esta realidad, enmarcándola no solo como un tema laboral, sino en un marco más amplio de derechos fundamentales. En ese sentido se han comprometido ha mantener un seguimiento y continuidad en la comunicación que esperamos que sea efectivo”, ha añadido.
Recientemente una brigada de observación integrada por abogadas, documentalistas y activistas especializadas en temas de género y de derechos humanos visitaron varias localidades de Huelva y se reunieron con jornaleras afectadas por abusos y explotación. Ese viaje es la base de la que parte el informe jurídico presentado, en el que incluyen testimonios, datos, denuncias y propuestas.
Discriminación en la selección
En el informe las abogadas advierten de la existencia de una discriminación en la selección de las trabajadoras en origen, por razón de sexo, estado civil y situación familiar, puesto que se exige que las contratadas en su país de origen sean mujeres casadas, viudas o divorciadas y que tengan al menos un hijo menor a cargo en su país.
También denuncian que cada año se recopilan reiterados testimonios de vulneraciones en materia de derechos laborales: no se abonan salarios según convenio, hay casos en los que las horas extras no se remuneran, se registran sanciones de empleo y sueldo si no se alcanzan unos determinados objetivos de productividad, algunas jornaleras marroquíes tienen que pagar por la vivienda o los suministros dentro de las fincas y tienen jornadas de trabajo intermitentes.
Violación de derechos fundamentales
Además subrayan que se violan derechos fundamentales. Han recopilado testimonios de trabajadoras marroquíes a las que se les impide salir de las fincas acabada la jornada laboral, o se les ha retirado el pasaporte. Otras relatan tratos humillantes y vejatorios por parte de los encargados, así como represalias y despidos cuando han exigido el cumplimiento de sus derechos, como relataba recientemente elDiario.es.
También señalan la existencia de casos de acoso sexual, en los que habitualmente los encargados de la finca abusan de la situación de inferioridad de las trabajadoras, “ a través de chantajes consistentes en exigir mantener relaciones sexuales a cambio de mejoras en la relación laboral o el mantenimiento del puesto de trabajo”.
“Las condiciones reales de trabajo de las mujeres en los campos de fruta de Huelva y las que se le ofertan en su país de origen antes de la contratación son tan dispares que nos encontramos ante una situación de engaño generalizado”, denuncian las juristas. “El engaño en las condiciones de contratación de origen cuando es determinante para la aceptación del contrato y del traslado es una de las notas características de la trata de seres humanos, y en particular de las mujeres”, añaden.
Incumplimiento en prevención de riesgos laborales
Por lo demás, denuncian que no existen servicios de asesoramiento y de traducción independientes de las empresas que permitan a las trabajadoras acceder a los servicios públicos ni ejercer los derechos de denuncia, queja o solicitar el amparo de organismos encargados de garantizar sus derechos.
Otro de los asuntos que destacan es el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Advierten de que las trabajadoras siguen expuestas a los productos tóxicos y pesticidas que se rocían en los cultivos sin las medidas de prevención suficientes e indican que durante la pandemia no se han facilitado medidas de prevención.
Refuerzo de las inspecciones
Ante todas estas vulneraciones descritas las integrantes de la brigada observadora consideran que las acusaciones de la Inspección Laboral son insuficientes y están marcadas por “un funcionamiento anómalo”: “no realizan visitas a los centros de trabajo, no contrastan la prueba que se presenta por parte de los trabajadores y no comprueban muchas de las infracciones alegadas en las denuncias”. También señalan que las actuaciones judiciales son insuficientes.
Por todo ello han apelado “al Gobierno de España, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Junta de Andalucía, al Ministerio Fiscal y a cuantas administraciones sean competentes para que lleven a cabo las propuestas que se realizan a fin de erradicar las vulneraciones de derechos que padecen las trabajadoras marroquíes en el contexto de la campaña de recolección del fruto rojo en Huelva”.
Tanto Jornaleras de Huelva en Lucha como las abogadas que han elaborado el informe solicitan que se lleven a cabo procesos de selección en origen que garanticen los principio de igualdad de trato y no discriminación, así como un refuerzo de las inspecciones de Trabajo durante las campañas de recogida.
También piden mecanismos que informen a las trabajadoras de sus derechos y las ayuden a denunciar los abusos de sus derechos cuando estos se produzcan, fortaleciendo para ello mecanismos de tutela y acción colectiva para ellas. Además proponen herramientas de prevención y de protección frente a las situaciones de violencia que enfrentan, como pueden ser los abusos sexuales.
Tras el encuentro mantenido con el ministerio de Trabajo Jornaleras de Huelva en Lucha, el colectivo La Laboratoria y las abogadas que las acompañan se han mostrado esperanzadas. “El compromiso de refuerzo de las inspecciones es un paso positivo, así como la voluntad expresada de mantener un seguimiento y continuidad en la comunicación”, han dicho.