Miriam Miranda lleva toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales en Honduras. En especial, a aquellos vinculados a los pueblos indígenas. Desde la ciudad de La Ceiba, en conversación con elDiario.es, denuncia que en su país la defensa de la tierra sigue siendo motivo de persecución y criminalización. Pero también de desapariciones forzadas y asesinatos.
Tal es el caso de Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo Róchez y Sneider Centeno. Un grupo de jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna que, el 18 de julio del año pasado, en lo que parecía un operativo policial, fueron secuestrados en Triunfo de la Cruz, en la costa norte de Honduras, una de la zonas con mayor biodiversidad del país.
Hace un año que no se sabe dónde están y Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de esta búsqueda. “El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el secuestro y la desaparición forzada”.
El caso de la desaparición forzada de los jóvenes de Triunfo de la Cruz se entiende solo en un país atravesado por la persecución a los líderes sociales. El caso más conocido es el de Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016.
El mes pasado, una histórica sentencia declaró culpable a Roberto David Castillo, directivo de una hidroeléctrica. Para Miranda, la decisión de la Justicia marca un avance en el esclarecimiento de la causa, pero dice que todavía falta mucho camino por recorrer.
¿Tiene expectativas con la investigación por el asesinato de Berta Cáceres?
Por supuesto me llena de esperanza. Pero me preocupa mucho que no lleguen a juicio los verdaderos culpables, aquellos que dieron la orden de asesinar a Berta. En un país como este siempre se buscan chivos expiatorios. Está claro que David Castillo formó parte de esa estructura, pero si no se lleva a juicio a los verdaderos culpables que son los dueños, sería un mal precedente.
¿Por qué cree que se puede frenar la causa?
En este país existe un Estado fallido donde los grupos de poder económico tienen el control y pueden cambiar, de la noche a la mañana, algunas resoluciones. Y eso es lo que nos preocupa. Si no se fortalece el Estado de derecho, vamos a seguir en la misma situación.
Tanto usted como Berta son mujeres que han encarado la defensa de los derechos humanos en Honduras, ¿qué papel juega el género en estas causas?
Recuerdo una vez, cuando me estaba golpeando la policia en la calle, me decían: “tú no tienes que estar en la calle tienes que estar cocinando, atendiendo a tu marido y a tus hijos”. Existe un riesgo mayor inminente para las mujeres. Pero las luchas en América Latina tienen voz y cara de mujer. Hay que reconocer que las mujeres estamos impulsando y sosteniendo procesos para garantizar la perpetuidad y salvar a la humanidad.
Ya pasaron más de un año exigiendo la aparición de los cuatro jóvenes desaparecidos de su comunidad, ¿cuál es la respuesta del presidente Juan Orlando Hernández?
Durante los primeros días del secuestro hizo una campaña basada en la narrativa de que los jóvenes eran parte del crimen organizado, que eran narcotraficantes. Intentó convertir a las víctimas en victimarios. Una estrategia que se les cayó porque no la pueden sostener. El Gobierno dice que no hay prueba de que fuera la Dirección Policial de Investigaciones, sino que fue la lucha entre narcotraficantes. El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad en el secuestro y la desaparición forzada, pero hay una comunidad completa que fue testigo. Vio que estaban vestidos de policía y cómo fue el operativo. Eso no lo puede negar.
¿Es la primera vez que tienen un caso de desaparición forzada dentro de su comunidad?
Es la primera vez, sí. Pero tenemos antecedentes de asesinatos de líderes, criminalización y judicialización.
¿Cuál es la reacción del órganos públicos competentes a las peticiones internacionales de esclarecimiento del caso?
El Estado estaba obligado a presentar información ante el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 y al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pero no hay ninguna respuesta que muestre que se está investigando.
¿Este caso lo entiende en el marco de una problemática general de persecución a líderes sociales en su país?
Sin duda. Los informes de los organismos de derechos humanos han demostrado que Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras. No solamente es la desaparición. En lo que va de este año, tenemos 33 personas de una comunidad con órdenes de captura y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.
Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.
¿En qué se apoyan para avanzar con las detenciones?
El Gobierno ha venido aprobando leyes para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos como sucedió con la reforma del código procesal penal en el cual utilizan la figura legal para el control de las maras y pandillas en las ciudades para judicializar a las defensoras. El argumento es que si tú estás defendiendo la tierra, estás a su vez atacando a terceros privados y obligándolos a desplazarse. Nos acusan de usurpación. Juan Orlando Hernández está impulsando un genocidio contra el pueblo garífuna. Nos están desplazando y obligando a irnos del país cuando nosotros tenemos derecho a vivir aquí.
¿Qué espera que cambie en su país en un futuro inmediato?
Espero que cambie la correlación de fuerzas para restaurar el Estado de derecho en este país, si no es muy poco lo que podemos hacer. Espero que pueda surgir algún inicio de que el Estado va a cumplir la sentencia condenatoria de Triunfo de la Cruz. Espero encontrar a nuestros hermanos vivos, así como se los llevaron. Y saber quién dio la orden de la desaparición.
Este lunes, como cada 9 de agosto, se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas. En Honduras, según un informe publicado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen nueve comunidades originarias, varias de ellas de origen afrohondureños. En total represental el 7.25% de la población del país.
Los defensores de derechos humanos y ambientales denuncian que desde el 2017, año posterior al asesinato de Berta, se identifica un incremento sustancial de agresiones contra defensoras de tierra y territorio y que no cuentan con políticas especiales ni legislación específica para proteger a estas personas.
Los garífunas son un grupo étnico afroindígena ubicado en la costa atlántica, en 41 comunidades, pero también se encuentra en Belice, Guatemala y Nicaragua. Además, existen una gran cantidad de garífunas que fueron desplazados de sus tierras.