Laura (nombre ficticio) se repite a menudo que la decisión de denunciar ante la Policía la agresión física de la que asegura haber sido víctima no fue un error, que hizo lo correcto, pero creérselo le resulta complicado. Desde entonces, relata a eldiario.es, “no es la misma”, ya no siente “tranquilidad”, la ilusión con la que llegó a España “se ha apagado” y ha dejado de caminar por la calle con seguridad. Ella es la mujer hondureña que acudió a la comisaría de Xirivella (Valencia) para denunciar presuntos golpes y amenazas con arma blanca por parte de un hombre, y salió de ella con un expediente de expulsión bajo el brazo.
Todo empezó, relata, por una luz encendida. El pasado 3 de mayo la mujer hondureña, quien vive en España de forma irregular desde hace siete meses, se encontraba en casa de un amigo español cuando el casero de este empezó a recriminarle que tenía muchos gastos. “Empezó a discutir muy fuertemente”, recuerda Laura. Cuando la vio a ella, sus gritos aumentaron: “Tira a esa puta vagabunda de aquí”, recoge la denuncia. Un parte médico indica que la chica hondureña sufrió hematomas y contusiones en brazos y hombros.
“Estaba muy agresivo y, para evitar que siguiesen discutiendo, cerré la puerta de una habitación. Cuando la abrió, me interpuse entre ellos y empezó a agredirme en los brazos. Después fue a la cocina, agarró dos puñales e iba a por mí”, indica Laura por teléfono desde la Comunidad Valenciana. Según su relato, el casero los amenazaba con dos cuchillos, mientras los insultaba y les exigía abandonar la casa, a pesar de que el inquilino ya había pagado el alquiler. “Corrí para encerrarme en una habitación y entré en pánico. No sé cómo pude salir de allí”.
“Estaba desconsolada y lo primero que se me ocurrió es ir a la Policía, sin imaginar que al llegar a comisaría iba a tener más problemas todavía...”, reflexiona Laura en su primera entrevista con un medio de comunicación. Dada su situación irregular, a la mujer se le pasó por la cabeza la posibilidad de tener consecuencias por acercarse a agentes policiales. “Lo pensé por un momento, pero me dije: este tipo le puede hacer lo mismo a otras personas. Y decidí ir”.
En la comisaría de Xirivella (Valencia), Laura y su amigo comenzaron a relatar a la Policía lo ocurrido antes de formalizar la denuncia. “Nos pidieron la documentación. Vieron que no tenía y fui al coche a por mi fotocopia del pasaporte. Cuando regresé, llegaron unos agentes de Extranjería y me dijeron que los acompañase”. La mujer hondureña fue detenida y trasladada a otra planta de las dependencias policiales, donde le incoaron un expediente de expulsión.
“Empezaron a decirme que vivía ilegalmente en el país y que me iban a abrir una orden de expulsión. Entonces, yo empecé a llorar y les dije que por qué me hacían eso, que sólo quería poner una denuncia a un tipo que me agredió”, explica Laura, a quien contarlo le continúa provocando un llanto desconsolado un mes después de lo sucedido. “Les preguntaba que, si ellos estaban ahí para proteger a las personas, por qué no les importaba lo que me había pasado en ese momento. Me respondieron que esto era un caso aparte”.
“Desde ese momento no he sentido tranquilidad”, confiesa Laura. En la denuncia por agresión, solo aparece registrado el nombre de su acompañante. No quedó constancia de que su objetivo era interponer una denuncia, se queja, por lo que recientemente acudió a los juzgados a registrarla de nuevo. Esta vez sin pasar por una comisaría. “No sabía que era peligroso ir a la Policía y era mejor ir a los juzgados”, precisa.
Es uno de los consejos repetidos una y otra vez por letrados expertos en Extranjería: cuando inmigrantes en situación irregular quieren denunciar un delito, muchos recomiendan que ni se acerquen a una comisaría, sino que la presenten en los juzgados para evitar unas represalias que, a su juicio, incumplen la legalidad.
De huir de las pandillas, a no ser protegida en España
El episodio y la incertidumbre ante una posible deportación está generando en la hondureña una gran ansiedad. Laura asegura haber huido de Honduras ante la amenaza de las pandillas. Varios familiares, incluido su hermano, han sido asesinados por las maras.
Hablar de ello, dice, podría poner en riesgo la vida de los seres queridos que aún continúan en su país, por lo que prefiere no profundizar en los motivos que le empujar a vivir en España de manera irregular.
La mujer hondureña no ha solicitado asilo porque, explica, temía ser trasladada a un lugar alejado de una ciudad donde poder encontrar trabajo con más facilidad pues los solicitantes de refugio no pueden buscar empleo hasta transcurrido los 6 primeros meses. También conoce las constantes negativas con las que se chocan las víctimas de la violencia pandillera para encontrar protección internacional en España.
“Si hubiese muerto, ¿se fijarían en mis papeles?”
“¿Qué hubieran pasado si ese hombre me hubiese matado y les hubiera tocado hacer el levantamiento de mi cuerpo? ¿Se hubiesen fijado en ese momento que era indocumentada?”, le espetó a los agentes entre lágrimas. “No recibí su protección. Sólo les interesó que no tenía papeles. Sólo me preguntaron que si tenía amigos, que si tenía conocidos en las mismas circunstancias... les dije que no”, explica la mujer.
Laura llegó a España hace apenas seis meses con la ilusión de empezar una nueva vida en la Comunidad Valenciana. Su encontronazo con el hombre denunciado, que le recordó a la violencia que le empujó a migrar, sumado a la apertura de un expediente de expulsión cuando trataba de buscar protección en comisaría, le ha generado la ruptura de sus expectativas. Se le nota en sus palabras entrecortadas, en el miedo que transmite, en las lágrimas desconsoladas difíciles de frenar a lo largo de toda la entrevista. Teme salir a la calle y se pasa la mayor parte del día encerrada.
“No sé si tratan así a todas las personas migrantes. Yo fui a denunciar como víctima y, cuando empezaron a hacerme las fotos de un lado y de otro, a tomarme las huellas, me sentí como una delincuente. Como si hubiese hecho algo malo”, describe la hondureña. “Esa fue la sensación y el miedo que me dio. Ese es el miedo con el que yo quedé”. Ese temor ha impedido a Laura conceder entrevistas hasta ahora, aunque desde el primer momento aceptó la difusión de su caso a la organización València Acull.
Exigen una instrucción policial para evitar estos casos
“Cualquier persona que haya sido víctima de un delito, independientemente de su situación administrativa, tiene el derecho a denunciar y recibir el amparo de las instituciones sin que los que deben protegerla la intimiden y revictimicen”, ha denunciado la ONG, integrada en la Red Acoge. La organización ha solicitado a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana “que tome las medidas precisas para que no se vuelvan a repetir situaciones como la de esta joven hondureña y se garantice el derecho de las personas migrantes para acceder sin ningún temor a la justicia”.
El delegado, Juan Carlos Fulgencio, ha defendido la actuación de la Policía Nacional en Xirivella. Según afirmó en declaraciones recogidas por la Agencia EFE, la mujer hondureña “se encontraba en situación irregular y, por lo tanto, tuvo que ser identificada e iniciar un procedimiento de expulsión, porque así lo marca la ley”. Fulgencio insistió en que el trámite que la Policía abrió a Laura fue un “expediente ordinario de expulsión del que hay miles y miles”.
No obstante, el delegado del Gobierno reconoció la existencia de una serie de “procedimientos establecidos” que “somos conscientes de que tenemos que someter a revisión”, sin dar más detalles al respecto. València Acull ha solicitado al Ejecutivo cambios concretos a incluir en esa posible “revisión”. Entre ellos, la emisión de una instrucción a las fuerzas de seguridad para cesar la apertura de expedientes de expulsión “a quienes acudan a denunciar”.
La Ley de Extranjería permite que se den este tipo de situaciones, pues solo detalla tres excepciones por los que se impide iniciar el proceso de deportación de inmigrantes en situación irregular: víctimas de trata, de violencia de género y de explotación laboral. Red Acoge propone una instrucción similar a la aprobada por el Ministerio del Interior el pasado mes de mayo para evitar el inicio de los trámites de deportación a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia de género, una medida que solo incluye a quienes han sido agredidas por su pareja o expareja, pero excluye a las que sufren una agresión sexual, como publicó eldiario.es.
La abogada de Laura presentó alegaciones contra el expediente de expulsión el pasado 17 de mayo, pero la Policía Nacional ha propuesto la continuación de la orden de expulsión al no haber acreditado “que se encuentre de forma legal en el territorio nacional”. La institución defiende que “en ningún momento se ha impedido realizar ninguna denuncia a esta persona informándole incluso de la conveniencia de presentar junto a la denuncia un parte de lesiones en el que se refleje las lesiones que manifiesta haber sufrido”.
El proceso de expulsión tiene una duración de 6 meses y puede concluir de tres maneras diferentes: la anulación de la apertura del expediente, la emisión de una orden de deportación por parte de Delegación del Gobierno o la suspensión del procedimiento por silencio administrativo. “Pasan los días, un mes ya, y yo quisiera que terminara”, sostiene Laura. “Yo a veces quiero que se termine, sea cual sea la decisión. Le está afectando tanto mí salud, me siento tan mal...”, describe la mujer. “Yo no sé si nosotros le hacemos daño a las personas por venir a este país, para que nos merezcamos este trato... Yo no he venido a hacer nada malo en ese país. No me lo merecía”, lamenta.