El pasado 7 de diciembre un grupo de policías municipales y hombres armados con machetes y palos se presentaron en el campo de Mozayik, en Canaan, en las afueras de Puerto Príncipe. En la operación, unas 60 familias fueron desahuciadas a la fuerza de las tiendas y débiles estructuras en las que vivían desde hace cerca de 4 años, en el último de los numerosos casos de expulsiones forzadas de los campos de desplazados que se suceden en Haití desde poco después del terremoto de 2010. Son familias que ya habían sido desahuciadas de un campo, también llamado Mozayik, en Puerto Príncipe. Se trasladaron a Canaan en busca de la tierra prometida, y de nuevo se encuentran con la negación de su derecho a la vivienda.
El 12 de enero de 2010 un terremoto dejó a más de un millón y medio de personas sin hogar en Haití. El país se enfrentaba a uno de los mayores retos de su historia, la reconstrucción de un país que, ya antes del seísmo, estaba en ruinas.
Se estima que antes del seísmo el déficit de viviendas en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, era de unas 700.000 unidades. Otros cálculos apuntan que faltaban unas 300.000 viviendas en Puerto Príncipe. El 86% de los habitantes de la capital vivían, ya antes “de la catástrofe”, en bidonvilles, las más de 200 favelas haitianas, en los suburbios de la ciudad, sin acceso a los servicios más básicos. La mitad de la población de Puerto Príncipe no tenía acceso a letrinas y sólo un tercio tenía acceso a agua corriente.
El 12 de enero de 2010, en unos pocos segundos, las ruinas se multiplicaron, junto con el drama humano de perder más de 300.000 vidas. El seísmo destruyó completamente alrededor de 100.000 hogares y algo más de 200.000 quedaron fuertemente dañados.
Tras el terremoto, y ante las numerosas réplicas que se dieron en los días posteriores, la población se negó a volver a sus dañadas casas. Muchos se instalaron en las calles, sobre terrenos vacíos y en plazas públicas. Tiendas de campaña, lonas y otras precarias estructuras acogían a los que se habían quedado sin casa o tenían miedo de que las dañadas estructuras de su hogar cediesen.
Otros, hasta 600.000 personas, dejaron las ciudades más afectadas para trasladarse a las zonas rurales, sus lugares de origen. Pero la ayuda post-terremoto se concentró de forma casi exclusiva en la capital, de forma que muchas de las que emigraron al campo en los días posteriores al desastre, volvieron en búsqueda de la ayuda durante los meses siguientes.
Baile de cifras
A los seis meses del seísmo más de 1.500.000 personas, 360.000 familias, vivían en unos 1.500 campos de desplazados. Casi cuatro años más tarde entre 172.000 y 300.000 personas, según diferentes fuentes, viven aún en esos campos.
El baile de cifras no es ni casual ni inocuo. Hace tan solo medio año, en junio de 2013, la cifra oficial de población en los campos era de 278.000 personas. Hoy la cifra es de poco más de 170.000. ¿Qué ha cambiado en los últimos seis meses?
Una de las razones de tal disminución es la eliminación de la lista oficial de campos tres áreas, Canaan, Jerusalem y Onavile, que agrupan diversos campos en los que viven aproximadamente 54.000 personas. A los dos meses del terremoto el presidente haitiano declaró la zona dónde ahora se encuentran estos asentamientos de población, a las afueras de Puerto Príncipe, de utilidad pública. Miles de personas lo consideraron una invitación a ocupar los espacios vacíos, ante la falta de respuesta a las necesidades de vivienda. A lo largo de los tres últimos años centenares de familias que han sido expulsadas de los campos de la capital, o se hacinaban en sus bidonvilles, se han acabado instalando en estos terrenos. Las autoridades extienden ahora la amenaza de las expulsiones a estos campos en los que la vida no es en absoluto fácil, pues carecen de cualquier servicio básico, agua potable, saneamiento, educación o sanidad.
Según Sanon Reyneld, de FRAKKA, Fuerza de Reflexión y Acción sobre la vivienda, tres meses después del terremoto empezaron ya las expulsiones de los campos de desplazados, empezando por aquellos más visibles. En marzo de 2010 instituciones y ONG organizaron el desplazamiento masivo de centenares de familias que se habían instalado en el campo de golf de PetionVille, uno de los barrios bien estantes de Puerto Príncipe, hacia el campo temporal de Corail Cesse-Lesse. Un realojo que se hizo famoso por el papel estelar que jugó en él la estrella hollywoodiense Sean Pean.
Corail Cesse-Lesse se encuentra a unos 20 km del centro de Puerto Príncipe, en una zona árida, sin agua, sin escuelas, sin centros sanitarios, sin transporte a la capital, sin trabajo. Las ONG que en un inicio construyeron las viviendas “provisionales” de madera o plástico, de no más de 24m(y en algunos casos de tan sólo 12m), y que proveían el agua potable o las letrinas, han cerrado ya sus proyectos. Pero la población sigue allí. Para Sanon Reyneld Corail Cesse-Lesse, junto con los campos de Cannaan o Jerusalem, están destinados a convertirse en enormes bidonvilles para proveer de mano de obra barata a las zonas industriales que se prevé construir en la zona
Unas 114.000 familias viven en “viviendas transitorias”, con vocación de convertirse en permanentes, como las de Corail Cesse-Lesse. A parte de las relocalizaciones de familias, la medida más habitual para “realojar” a las personas desplazadas a campos han sido las subvenciones de alquiler. Generalmente una aportación de unos 500$ por familia para que dejen los campos. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas y de la Cooperación Internacional de CERFAS, se han dado cerca de 55.000 subvenciones, aunque el 60% de los receptores afirman que el dinero no les ha permitido mantener una vivienda por más de un año. Muy pocos han podido volver a sus casas, pues desde 2010 tan sólo unas 34.000 viviendas (de 300.000) han sido reparadas o reconstruidas con la ayuda de las autoridades locales o internacionales.
Así pues, como también confirma un informe de Amnistía Internacional, un factor clave tras el descenso de personas en los campos son los desalojos forzados, realizados o tolerados por las autoridades. Según las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones, hasta marzo de 2013 unas 16.104 familias habían sido desahuciadas de propiedades y tierras tanto públicas como privadas, sin acceso a ningún tipo de alternativa de alojamiento.
Amenazas
A ellas hay que añadir las familias que han acabado abandonando los campos por la inseguridad que suponen las constantes amenazas. Aproximadamente una de cada cuatro personas viviendo en los campos, unas 75.000 personas, están amenazadas de desahucio.
Según FRAKKA las amenazas van a menudo acompañadas de incendios provocados o ataques violentos, como el sucedido en Canaan el pasado 7 de diciembre. “No pueden expulsarnos así como si nada, sin dar alternativas, sin saber dónde vamos a ir” comenta un joven que vive en el Campo de Canapé Vert, uno de los campos amenazados de desalojo en Puerto Príncipe. Nos lo cuenta mientras Jackson Doliscar, uno de los animadores de FRAKKA, nos muestra las imágenes del desalojo de Canaan. “Eso no va a pasar aquí” dice esperanzada una mujer que mira horrorizada las imágenes. Han organizado el pase de un documental sobre el derecho a la vivienda en este campo que se encuentra en el centro de Puerto Príncipe, eso sí, a lo alto de una de las laderas que dibujan la ciudad, escondido a la vista de quién no quiera verlo. “Es importante hacer este tipo de actividades de sensibilización. De lo contrario esta gente no sabe que tiene derecho a una vivienda digna”, afirma Jackson mientras empieza el documental. FRAKKA se centra precisamente en la sensibilización, el acompañamiento a la resistencia en los campos, la movilización y la presión política alrededor del derecho a la vivienda.
Ante la evidencia de la violación del derecho a la vivienda, Amnistía Internacional demanda al gobierno haitiano que “la reconstrucción debe realizarse de forma que se promuevan y protejan los derechos humanos, más que violando los derechos de personas cuyas vidas ya fueron devastadas por el terremoto”.
La demanda de FRAKKA va más allá. Reclaman al gobierno “que cumpla con el artículo 22 de la constitución haitiana, que además de garantizar el derecho de todo ciudadano a una vivienda decente, también recoge el derecho a la educación, a la alimentación y a la seguridad social”. Para Sanon Reyneld “una vivienda digna no son sólo cuatro paredes, cuando exigimos una política de vivienda social hablamos de casas, pero también de servicios sociales como escuelas, sanidad, electricidad, agua y otros servicios básicos”. Una vivienda digna implica también una ámbito seguro y “bajo las tiendas, no existe ningún tipo de protección”. Desde después del terremoto se repiten agresiones sexuales, violaciones, y otros ataques, además de las amenazas de desalojo. “Es una situación insoportable, inhumana” afirma Sanon Reyneld, como si fuese necesario evidenciar lo evidente.
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Artículo ralizado para Desalambre en el contexto del proyecto 'Haití, los otros terremotos' de Iolanda Fresnillo.