Desde hace unos días, la Parroquia San Carlos Borromeo, situada en el madrileño barrio de Vallecas, ha vuelto a abrir sus puertas para dar cobijo a 11 personas de origen palestino y sirio que se han visto en situación de calle. Han sido excluidas del sistema de acogida tras ser devueltas a España desde Alemania, Holanda o Luxemburgo en virtud del Reglamento de Dublín, la normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez.
La batalla vuelve a resurgir seis meses después. A principios de año, distintos colectivos sociales como la Red Solidaria de Acogida (RSA) o la Coordinadora de Barrios en Madrid celebraban la instrucción del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que, tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reconocía el derecho de las personas devueltas a España en aplicación de la normativa europea a ser reingresadas en los programas de acogida, de los que estaban excluidos.
“No puedo entender la lógica del Convenio de Dublín. Me obligan a venir a España y luego me dejan en la calle, incluso estando con mis hijos y mi mujer embarazada de ocho meses”, exclama Mohamed AlHaaj, con tres menores de dos, ocho y diez años a su cargo. La familia, que cuenta con protección internacional, lleva acogida en la parroquia desde la noche del pasado 6 de junio.
Antes de recibir el apoyo de la RSA y la Coordinadora de Barrios, pasaron por el rechazo de las administraciones. Desde la Oficina de Asilo y Refugio les denegaron la acogida por haber abandonado el país con anterioridad y fueron expulsados por la Policía de las inmediaciones del Samur Social, donde habían dormido una noche en el suelo y en unas sillas, ante la falta de otra alternativa, según explican.
En 2016, Mohamed y su mujer, Muna, abandonaron junto a sus hijos su pueblo en Siria, atrapado en fuego cruzado en la batallada librada entre las fuerzas kurdas e ISIS. De ahí volaron hasta Sudán y luego a Libia, donde nació la pequeña de sus hijas y donde fueron víctimas del infierno que denuncia la población migrante que huye del país del norte de África.
“Allí no tratan bien a nadie, solo explotan y maltratan a la gente. Mi jefe me amenazó con cortarme la cabeza si no trabajaba todo lo que él quería. He visto cómo encerraban a cientos de subsaharianos sin comida ni bebida”, rememora Mohamed entre silencios prolongados. Es su escudo ante el dolor de todo un periplo en busca de refugio, que continuó atravesando el desierto argelino hasta llegar a Marruecos, donde se vieron empujados a ponerse en manos de traficantes. Después pisaron suelo comunitario en la ciudad autónoma de Melilla y, a los 20 días de cruzar a la península, continuaron su camino hacia Alemania donde esperaban concluir su recorrido. Pero no fue así.
“Llamaron a la puerta, luego esposaron a mis padres”
Laith, el mayor de sus hijos, se cuela en la conversación para contar cómo fueron sus últimos momentos en Alemania antes de la devolución a suelo español. “A las cinco de la mañana llamaron a la puerta muy fuerte, luego abrieron y esposaron a mi padre y a mi madre”, recuerda el niño de diez años. Según narra su padre, el crío se resistió sin éxito durante media hora ante el dispositivo policial que acudió para efectuar el traslado al aeropuerto.
“Mi hijo pedía a la Policía que nos dejara en paz, que estábamos allí por culpa de la guerra”, recuerda mientras Laith asiente con la cabeza. De su gesto serio se desprende una infancia arrebatada que, sin embargo, aún asoma en sus intensos ojos verdes o en las carcajadas que se le escapan con unas simples cosquillas o jugando con sus hermanos.
Uno de ellos es Ibrahim, de ocho años, más juguetón que su hermano. Se entretiene bromeando y buscando la complicidad de los mayores; dibujando o comiendo pan mojado en aceite y zaatar rojo, una mezcla de especias típica en Siria. Parece adaptarse a otro repentino giro en su corta vida. Aparenta que no pasa nada. Sin embargo, mientras duerme no puede controlar sus temores, por eso, desde que llegó a Madrid, moja la cama por las noches.
Mohamad AlKhatib es otra de las personas que duerme en la parroquia estos días. En 2016, cuando tenía 19 años huyó de Siria para evitar que le reclutaran en el Ejército u otro grupo bélico, según su testimonio. Líbano fue el primer punto de llegada en su exilio. Después voló hasta Sudán, el único país que le permitía un visado. Continuó hacia Chad y luego a Libia. Allí intentó cruzar el Mediterráneo para alcanzar Europa, pero después de 17 horas a la deriva fueron devueltos al país africano. “Nos metieron en prisión. Sufrimos torturas, nos pegaban, no nos daban comida, ni podíamos lavarnos”, recuerda.
Cuando logró escapar, atravesó Argelia para llegar a Marruecos y de ahí a Melilla, la puerta a Europa, donde estaba su meta. “Siempre he querido ir a Inglaterra porque mi familia está allí, pero me hicieron poner la huella y me devuelven a España. ¿Por qué me mandan aquí si no tengo nada, ni un lugar para dormir, no sé el idioma, ni tengo trabajo?”, lamenta el joven. Se siente atrapado en un proyecto migratorio que no concluye y en el que buscaba protección. Sin embargo, ha encontrado los abusos en Libia y la dureza de Calais en Francia.
Como Mohamad o la familia AlHaaj, muchas de las personas que llegan a España de forma irregular pretenden continuar su viaje al lugar donde piensan tener más oportunidades de futuro. Si su entrada ha quedado detectada en otro Estado miembro, corren el riesgo de ser devueltos en base al Reglamento de Dublín. A su llegada a España, muchas de estas personas devueltas han visto denegada su readmisión en el sistema de acogida, una práctica muy criticada por las ONG. Es decir, no pueden residir en centros de refugiados, no se les facilita cursos de español o acceso al empleo ni atención psicológica.
En enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la administración por negar la acogida a varios demandantes de asilo por vulneración de su derecho reconocido en al artículo 24 de la Constitución Española –derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa– por negarles la acogida en el sistema de protección para solicitantes de asilo, ordenando su readmisión en el programa de acogida. Tras el fallo, Trabajo emitió una orden para reingresar en este sistema a los demandantes de asilo devueltos a España en base al Reglamento de Dublín.
“Siguen dejando en la calle a niños y familias”
Aunque el agotamiento físico y emocional pesa sobre la familia AlHaaj, y el resto de chicos acogidos en la parroquia, entre los que hay refugiados y solicitantes de asilo, no pierden las fuerzas para denunciar lo que, dicen, “está pasando” y “encontrar una solución” para ser reingresados en el sistema de acogida del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Para ello cuentan con el apoyo de vecinos de Madrid que se organizan diariamente para acompañar a las 11 personas instaladas en la iglesia vallecana. “Estamos consternados porque el Gobierno de España siga dejando en la calle a niños, jóvenes y familias y por la falta de sensibilidad de la Comunidad de Madrid, quien durante los últimos cuatro años no ha desplegado ni una sola medida para mejorar la situación. Cada vez se entorpece más el acceso de las personas refugiadas a sus derechos, y cada vez es mayor el nivel de insensibilidad de los responsables”, denuncian desde la RSA y la San Carlos Borromeo.
Según ha podido comprobar este medio, el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, competente en el seguimiento y acompañamiento de las personas solicitantes de asilo, declinó en un primer momento la petición de reingreso en el sistema de acogida de estas personas.
Consultadas por eldiario.es, fuentes de Trabajo han asegurado este jueves que están “trabajando para que puedan reingresar lo antes posible en el sistema de acogida, al igual que hemos hecho con otras personas que han sido devueltas a España por el Convenio de Dublín”. Desde el Gobierno también remitieron en un primer momento al Ayuntamiento de Madrid. Este medio se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer su versión, pero no ha recibido ninguna respuesta.
Esta disputa a la hora de dar una respuesta a la acogida de las personas refugiadas y migrantes ha sido señalada ante el Defensor del Pueblo el pasado martes por la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid, que acoge a otras familias solicitantes de asilo igualmente desatendidas por los recursos oficiales. “Las administraciones públicas siguen dando muestras de improvisación y absoluta descoordinación a la hora de afrontar el desafío estructural de las personas desplazadas que llegan forzosamente a Madrid sin contar con un lugar en el que ser dignamente atendidas”, critican.
En el documento, instan a las tres administraciones, central, autonómica y local, a que “remen en una misma dirección, con la colaboración del tercer sector” y advierten que, de lo contrario, “el problema se agravará con consecuencias fatales”.