Un grupo de organizaciones sociales, en total 139 entidades, han firmado un manifiesto este martes en el que exigen al Gobierno “el cese inmediato” de las devoluciones sumarias en las fronteras españolas, después de que este sábado quedaran registradas las 'devoluciones en caliente' a varias personas que habían intentado entrar en España saltando la valla de Melilla. Es una “flagrante vulneración de los derechos humanos”, denuncia el texto.
El 21 de noviembre, un centenar de personas trató de llegar a suelo español superando la valla de Melilla, en la zona próxima al Barrio Chino. Un grupo permaneció en lo alto del perímetro fronterizo hasta que fueron bajando uno a uno por unas escaleras que facilitaron los agentes españoles. Después, los inmigrantes fueron “retornados”, decía la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, a la zona marroquí. Sin ser identificados, sin darles la opción a pedir protección internacional ni la asistencia de un intérprete.
Esta expulsión sumaria es lo que se denomina 'devolución en caliente' y las 139 organizaciones sociales le recuerdan en su escrito al Gobierno que son ilegales y exigen “que se depuren responsabilidades”. También lo ha hecho la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en un comunicado en el que expresa su “preocupación” por las devoluciones automáticas del sábado.
Acnur recuerda que “la figura del 'rechazo en frontera' no avala las devoluciones automáticas”. La agencia de las Naciones Unidas se refieren a la reforma de las devoluciones en las fronteras de Ceuta y Melilla aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de una disposición en la Ley de Seguridad Ciudadana. En ella, el Gobierno pretende amparar el 'rechazo en frontera' de las personas que sean detectadas intentando entrar de manera irregular en España en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Gracias a la presión de Acnur, el Gobierno incluyó en esta disposición una mención expresa al compromiso del cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional. En virtud de estas menciones, la agencia de la ONU afirma que “la enmienda a la Ley de Extranjería del 12 de marzo ni regula ni da cobertura a las devoluciones automáticas” y también exige su cese.
Javier Baeza, párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo, afirma que las entidades sociales han decidido firmar esta denuncia porque “desde la última reforma legislativa era la primera vez que teníamos documentadas unas devoluciones sumarias con fotografías, que teníamos la evidencia”. Con este manifiesto están diciendo al Gobierno que no toleran que se sigan cometiendo estas ilegalidades.
Este noviembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, ha registrado una declaración escrita en el Tribunal Europeo de Estrasburgo para ratificar que España vulnera el derecho al asilo de los migrantes en sus frontera de Melilla, a través de las devoluciones en caliente. “Esta práctica evita que los migrantes que intentan entrar por la valla accedan al derecho a la protección internacional de forma efectiva”, testificó en el texto, que se incluirá en los dos casos que en la actualidad estudia la Corte europea contra las expulsiones sumarias en España.
Sin un protocolo para las devoluciones
En el manifiesto, las ONG incluyen las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al Ministerio del Interior, en las que pide que se desarrolle un procedimiento para estas devoluciones en frontera. Este protocolo debe contemplar “la necesidad de dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella”, dice la Defensora. Además, debe haber “constancia escrita” de este procedimiento.
El Gobierno ha respondido a estos requerimientos, que no estima, tal y como figura en un escrito de la Defensora del Pueblo fechado el 11 de noviembre. El Ministerio del Interior mantiene su posición de “rechazar” a las personas que intenten entrar de manera irregular en España: “Éstos podrán solicitar, en su caso, el reconocimiento de la condición de refugiado o la protección subsidiaria en los lugares habilitados al efecto en los puestos fronterizos”. Los puestos de asilo de las ciudades autónomas no permiten el acceso a los inmigrantes subsaharianos.
Acnur también ha pedido al Gobierno, como solicitó tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana en marzo, que se ponga en marcha “un marco procedimental claro para la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” en las vallas fronterizas, “que incluya un mecanismo de identificación de personas en necesidad de protección internacional y su derivación al procedimiento de asilo”. Ese procedimiento “aún no se ha desarrollado”, añade Acnur, que se presta para asesorar a las autoridades españolas en su elaboración
Las ONG piden también que a las instituciones comunitarias e institucionales que no “miren hacia otro lado” y actúen para que se respeten los derechos humanos en la frontera sur. “Son las bases del Estado de derecho y nuestra dignidad lo que está en juego”.