En los centros de detención y en los campos de entrenamiento militar de Eritrea se han cometido crímenes contra la humanidad de forma “generalizada y sistemática” en los últimos 25 años, denunció este miércoles Naciones Unidas en un informe. Los abusos continúan hoy en día, según el informe de Naciones Unidas, en un país del que huyen miles de personas, algunas hacia Europa a través de la peligrosa ruta del Mediterráneo.
La comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea, creada en junio de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó este miércoles su segundo informe en el que denuncia que se han cometido crímenes de esclavitud, prisión, desaparición forzada, tortura, persecución, violación, asesinato y otros actos inhumanos “como una campaña para instaurar el miedo y desalentar a la oposición”.
Los integrantes de la comisión destacan que esta situación comenzó cuando las actuales autoridades tomaron el poder en 1991, tras independizarse de Etiopía, y se mantiene hasta ahora.
“Eritrea es un estado autoritario. No hay una justicia independiente, no hay un Parlamento, y no hay otras instituciones democráticas. Esto ha creado un vacío en la ley y el orden y un clima de impunidad para los delitos contra la humanidad ocurridos durante 25 años. Estos crímenes siguen ocurriendo hoy”, afirmó en rueda de prensa Mike Smith, presidente de la comisión.
Los eritreos en la ruta hacia Europa
El informe destaca que los eritreos están sometidos a servicio militar obligatorio indefinido, detención arbitraria, represalias por supuestas acciones de otros miembros de su familia, discriminación basada en la etnia o la religión, violencia sexual y de género y asesinatos.
“Hay gente que pasa cuatro años sin ver a su familia y que son sometidos a formas de trabajo forzado y a la jerarquía militar. Hay perdido control total de sus vidas, y eso es esclavitud moderna”, sostuvo Smith.
Los expertos destacan que el servicio militar indefinido es uno de los argumentos esgrimidos por muchos de los eritreos que huyeron del país.
En 2015, 47.025 eritreos solicitaron asilo en Europa muchos de ellos tras haber cruzado el Mediterráneo en peligrosas travesías. Esta nacionalidad es una de las que más llega a las costas italianas por la ruta del Mediterráneo central, aunque su número ha descendido este 2016 respecto al año anterior, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
Varias organizaciones sociales han denunciado el dinero que la UE destina a Eritrea en concepto de “ayudas” para reducir la migración desde este país. Consideran que el dinero sustenta a un gobierno que ataca los derechos de su población y que no existen garantías de cómo se va a emplear este dinero.
Los ejecutores son agentes del Estado
El texto de la ONU presentado hoy establece que la Oficina de Seguridad Nacional “es responsable” de muchos de los casos de arresto domiciliario, desapariciones forzadas y tortura en centros de detención oficiales y no oficiales.
Asimismo, el informe identifica a individuos específicos, jerarcas del partido gobernante –el Frente del Pueblo para la Democracia y la Justicia– y altos cargos militares como los responsables de los crímenes contra la humanidad.
No obstante, Smith no quiso revelar ni los nombres ni la cantidad de personas en esa lista e indicó que sólo la entregará a la instancia judicial relevante que decida investigar los crímenes.
Eritrea no forma parte del Tratado de Roma y por lo tanto no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es por ello que la comisión pide al Consejo de Seguridad de la ONU que refiera a dicho tribunal la investigación sobre los crímenes cometidos en el país africano.
El Gobierno eritreo no concedió acceso al país a los miembros de la Comisión, que obtuvieron la información recopilada de 833 entrevistas con ciudadanos eritreos residentes en 13 países y de 160 declaraciones escritas obtenidas durante su primera investigación entre mediados de 2014 a mediados de 2015.
Tras la publicación del primer informe, la comisión recibió 45.000 declaraciones escritas, la mayoría críticas con el trabajo de los expertos y de similar tipo, por lo que se concluyó que provenían de una campaña organizada por el gobierno para desacreditar el trabajo de los expertos.
“El gobierno ha organizado una campaña para desacreditarnos. Esta situación no tiene precedentes”, enfatizó Smith.
El jefe de Asuntos Políticos del gobierno eritreo, Yemane Gebreab, en una rueda de prensa posterior, descalificó a la comisión como “tres personas con total falta de imparcialidad y objetividad”.
“La comisión no tiene ninguna evidencia sólida de lo que afirma y sólo tiene motivaciones políticas, por lo que el informe no tiene ningún rigor ni validez”, sentenció Gebreab.