El pasado 1 de enero, en su primer discurso como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se presentó ante una multitud para fijar los ejes de lo que será su mandato. Uno de los primeros que mencionó fue “combatir la ideología de género conservando nuestros valores”. Este concepto, “la ideología de género”, también fue usado el pasado verano por el entonces candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, que lo definió como un “colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir”.
No era la primera vez que resonaba este argumento. Ya había sido empleado en España por obispos, grupos como HazteOír o partidos como Vox, que lo han convertido en una de sus principales banderas. También se ha utilizado en otros países como Australia, Polonia o en Colombia, en este último caso para arremeter contra el acuerdo de paz con las FARC.
Aunque no es una narrativa nueva, en los últimos años ha sido enarbolada con fuerza por líderes políticos o grupos conservadores y ultracatólicos para oponerse a avances sociales y leyes que protegen los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI en Europa y América Latina, presentándolos como una amenaza contra instituciones como la familia o el matrimonio. Este “auge” del uso del concepto de la “ideología de género” ha despertado en los últimos días las críticas de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
En el informe que presentará a finales de este mes ante el Consejo de Derechos Humanos, centrado en la situación de las defensoras, Forst muestra su “profunda preocupación” por el avance de este tipo de argumentos y su impacto en la labor las mujeres que defienden los derechos de otras mujeres, así como de los activistas LGTBI. “En el clima político actual, en el que hay una reacción contra los derechos humanos, las defensoras son a menudo las primeras a las que se ataca”, sostiene en el documento.
“Se está utilizando para justificar la discriminación”
El relator denuncia que los líderes políticos y religiosos que avivan este tipo de discurso, que encuentra sus raíces a comienzos de la década de los 2000, “malinterpretan” y “utilizan indebidamente” las cuestiones de género. “Describen la 'ideología' como una amenaza para los valores religiosos, la familia y la moral de la sociedad”, argumenta el experto.
“Los que piensan de esa manera, especialmente virulentos en América Latina y Europa Oriental, consideran que la 'ideología de género' responde a un intento de los defensores de los derechos humanos” de las personas LGTB y de las activistas feministas, “por desestabilizar el orden político y social”. “La supuesta amenaza se está utilizando para configurar los resultados políticos y justificar la discriminación”, agrega Forst.
El pasado diciembre, Amnistía Internacional también dio la voz la alarma sobre lo que considera una “nueva táctica de represión en respuesta a la resistencia y el activismo de las mujeres”. “Estos grupos tratan a menudo de silenciar a las mujeres y a las personas LGBTI que defienden los derechos humanos con métodos como campañas de comportamientos abusivos en Internet”, documentaba AI en su último informe anual. En julio del año pasado, un grupo de especialistas independientes del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres reclamaron a los países miembros que contrarrestaran esta narrativa utilizada “para desinformar a las sociedades y socavar el avance de los derechos de la mujer”.
En su análisis, el relator dibuja el difícil panorama mundial al que se enfrentan las mujeres que defienden los derechos humanos y apunta que, actualmente, encuentran una mayor resistencia para seguir adelante con su labor. “Esas formas de resistencia están vinculadas al contexto político más amplio, en el que se asiste al auge del populismo, el fundamentalismo y el extremismo violento”, indica. En esta línea, describe que en los últimos años ha habido una “preocupante proliferación de discursos misóginos, sexistas y homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos prominentes, han normalizado la violencia contra las mujeres y las personas que no se ajustan a las normas de género”.
Represión, violencia e impunidad crecientes
Asimismo, el relator de la ONU recuerda que las defensoras de los derechos humanos, con las que se ha reunido en distintas partes del mundo para elaborar el informe, “señalan que se enfrentan a una represión, violencia e impunidad crecientes”, a pesar de los compromisos de los Estados en esta materia. El último registro de IM-Defensoras, reveló que en los años 2015 y 2016, las agresiones a mujeres que defienden los derechos humanos en México y Centroamérica se incrementaron un 30% respecto al periodo anterior.
En el documento, Forst vuelve a hacer hincapié en lo mismo que llevan años denunciando las redes de mujeres defensoras: además de correr los mismos riesgos que los hombres defensores en un entorno cada vez más hostil para esta labor, es frecuente que se enfrenten a “riesgos y obstáculos adicionales y diferentes” que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, como por ejemplo ser cuestionadas por acciones por las que sus compañeros sí son alabados. “Obedecen a estereotipos de género arraigados y a ideas y normas profundamente asentadas sobre quiénes son las mujeres y cómo deben ser”, esgrime el especialista.
Al hecho de ser mujeres, se añaden otros factores que determinan los riesgos a los que se enfrentan, como la edad, la religión, el origen étnico, la clase, la inmigración, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género, ejemplifica Forst. “No son solo blanco de ataques individuales; también son blanco de ataques por pertenecer a redes, colectivos y movimientos, y se pretende que esos ataques sirvan de advertencia a terceros”, asegura. Su diagnóstico va más allá de los grupos de mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres, también se amplía a las que están en primera línea de la defensa del medio ambiente, en situaciones de conflicto, las que son menores o migrantes.
Entre los principales riesgos que sufren por el hecho de ser mujeres están el no reconocimiento o la “exclusión sistemática”, en el que Forst subraya que “es habitual ”que se haga caso omiso de sus opiniones, que se las trate con escepticismo y minusvalore“, también dentro de los propios movimientos pro derechos humanos. A menudo, son objeto de ataques a su reputación; comentarios e insinuaciones sobre su sexualidad o amenazas y ataques contra seres queridos.
También se repiten el “acoso judicial y la criminalización”, el encarcelamiento, los impedimentos y represalias por colaborar con organismos internacionales y el acoso y la violencia online. En la punta más visible de este iceberg están las agresiones físicas, la violencia sexual, las torturas, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
“Es necesario desmantelar por completo los nocivos estereotipos de género y reinventar el mundo de manera que las formas de entender el género no se utilicen para legitimar el sometimiento y la marginación de las mujeres”, concluye Forst, antes de pedir a los Estados que “cumplan sus obligaciones jurídicas” a la hora de proteger a estas activistas y que otros actores como las empresas, las redes de delincuencia organizada y las “instituciones financieras” colaboren con ellos. El relator cita para ello algunos ejemplos de “buenas prácticas” dos leyes aprobadas por Malí y Costa de Marfil que prevén una protección específica para las mujeres defensoras o reconocen las amenazas a las que se enfrentan, respectivamente.