Hay una xenofobia más explícita y otra menos en las actuaciones de los Gobiernos europeos, aunque en todos coincide la existencia de un racismo estructural. El auge de la extrema derecha ha encontrado en la antinmigración la primera respuesta de la mayoría de capitales europeas, aunque las fórmulas son variadas: desde el endurecimiento del discurso de Pedro Sánchez hasta el rechazo más radical que hace el ultraderechista Viktor Orbán, que amenaza ahora con pagar billetes de autobús a Bruselas a los solicitantes de asilo como protesta por la multa impuesta por la vulneración del derecho al asilo. Mientras tanto, los controles fronterizos que hasta 2015 eran prácticamente anecdóticos dentro del espacio Schengen van aumentando.
La última “provocación” del Gobierno de Orbán a la Unión Europea la personificó el secretario de Estado de Interior húngaro, Bence Rétvári, en una comparecencia ante autobuses amarillos de la compañía pública Volanbusz en Röszke-Brüsszel, el itinerario que Budapest quiere financiar a solicitantes de asilo que se encuentran en suelo húngaro. “Si Bruselas quiere inmigrantes ilegales, que se los quede Bruselas”, proclamó el dirigente del Ejecutivo ultranacionalista.
El desafío responde al rechazo que Hungría hace del reparto de refugiados que plantea el pacto migratorio alcanzado hace unos meses –y que contempla la posibilidad de que los Gobiernos paguen 20.000 euros por cada persona rechazada– y coincide con la pugna de Budapest con la UE por la multa de 200 millones de euros (a los que se sumará un millón por cada día de impago) impuesta en junio por la vulneración del derecho al asilo durante la crisis de refugiados que provocó la guerra en Siria.
“Es inaceptable”, ha respondido la Comisión Europea a la amenaza de Orbán. “Si esta acción se lleva a cabo (...) sería una clara violación del derecho europeo”, ha expresado la portavoz de asuntos de Interior, Anitta Hipper, la que ha asegurado que el Gobierno comunitario usará los “poderes” que tiene a su disposición en contra de esa acción. Como primera medida, están en contacto con Budapest para evitar que pase de las palabras a los hechos.
Pero no sólo ha cabreado al Ejecutivo comunitario sino que el Gobierno belga, que sería el principal afectado por ese incremento en la llegada de migrantes procedentes de suelo europeo, ha cargado contra Orbán, que ya ha agotado la paciencia de sus socios de los 27. “Bélgica no permitirá el acceso a esos flujos migratorios políticamente instrumentalizados. Necesitamos trabajar juntos para una política migratoria justa, humana y efectiva”, expresó la secretaria belga de Estado para el Asilo y la Migración, Nicole de Moor.
Más allá de la retórica inflamada de Orbán, el discurso contra la migración va calando en la UE, donde se ha producido un endurecimiento de las políticas que parecían tener su culmen en el pacto migratorio que los 27 empezarán a implementar próximamente, pero que muchos gobiernos quieren traspasar incluso con la propuesta de que los solicitantes de asilo aguarden la resolución de las peticiones en centros fuera de la UE, como ha pactado Giorgia Meloni con Albania y que hasta 15 países han defendido en una carta enviada a la Comisión Europea.
Controles en las fronteras alemanas
Entre tanto, la reintroducción de los controles fronterizos dentro del espacio Schengen empieza a ser la tónica habitual. Alemania, que tenía vigente algunos controles puntuales en fronteras con Francia, Polonia, Suiza o República Checa, por ejemplo, ha anunciado que los implantará en todas las fronteras terrestres con el objetivo de “reducir la migración por vía irregular”. La decisión del Gobierno tripartito de socialistas, liberales y verdes coincide con la histórica victoria de la ultraderecha en las elecciones del estado de Turingia y llega en un momento de debate acalorado tras el ataque con cuchillo del mes pasado en el oeste del país.
La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, se ha reunido este martes con la oposición democristiana y los responsables de los estados federados para abordar la política migratoria, un encuentro en el que dijo que presentaría “maneras para realizar expulsiones de forma eficaz”. Horas más tarde, los representantes de la conservadora CDU han dado por rotas las conversaciones, alegando que las medidas propuestas por el Gobierno no llegan lo suficientemente lejos. Las organizaciones especializadas han mostrado su inquietud por los pasos del Ejecutivo de Olaf Scholz.
Se multiplican unos controles que antes eran anecdóticos
Actualmente hay otros siete países que han introducido controles fronterizos. Alemania, Italia, Francia y Austria hacen alusión directa a los flujos migratorios como la razón para eliminar temporalmente la libre circulación que establece el acuerdo de Schengen. Noruega, Dinamarca, Suecia y Eslovenia lo camuflan en la explicación de los “riesgos” geopolíticos vinculados a la amenaza rusa o a la guerra en Gaza.
En la Comisión Europea se limitan a decir que esta debe ser una medida “necesaria” y “proporcionada” y que la están evaluando (no obstante, la de Alemania figura ya en el listado de controles fronterizos temporales a partir del 16 de septiembre). Y lo que no desvela es cuántas peticiones de controles han sido rechazadas en los últimos tiempos.
En los últimos años se han multiplicado esos controles. Desde 2022, más de 70 de ellos (el grueso de los que se han implantado) se han justificado por el incremento de los flujos migratorios. De las 441 autorizaciones para establecer controles desde 2006, el principal motivo tuvo que ver con los cierres por la pandemia del coronavirus.
La primera vez que se activaron por los movimientos migratorios fue durante la crisis de refugiados de 2015 y 2016. Hasta entonces, la activación de esa herramienta había sido residual y vinculada a grandes acontecimientos, como cumbres de líderes, visitas del Papa o campeonatos de fútbol. También el terrorismo es una de las razones habituales en las peticiones actuales y en las puntuales que se produjeron a comienzos de siglo, como el cierre de fronteras en Noruega tras el atentado ultra en la isla de Utoya o los controles impuestos por Francia en la lucha contra ETA.