El buque Open Arms se encuentra a 28 millas del puerto de Lampedusa con 121 rescatados a bordo sin puerto donde desembarcar. Entre quienes esperan una respuesta de los gobiernos europeos, se encuentran menores, mujeres embarazadas, víctimas de violación y torturas, decenas de personas con estrés postraumático y un herido de bala, ha alertado Óscar Camps, presidente de la ONG. “Es increíble que no se tenga en cuenta la situación, se menosprecien sus derechos y nos tengan a la deriva esperando”, ha lamentado en declaraciones a eldiario.es.
Mientras Italia aún no ha respondido de forma oficial a la solicitud de la ONG catalana, Malta ya ha rechazado el acceso del barco a su territorio y lo remite a su Estado de bandera, España. Las autoridades españolas, a las que el capitán aún no ha solicitado permiso de entrada, no han realizado declaraciones oficiales sobre la posibilidad de permitir la entrada a las personas migrantes rescatadas. Tampoco han aclarado si multará a la organización catalana después de desafiar su prohibición de salvar vidas en el Mediterráneo Central.
Por el momento, de los 124 náufragos hallados la semana pasada en aguas internacionales, solo han sido evacuadas de urgencia tres mujeres, dos de ellas embarazadas. “Entre los rescatados encontramos la tensión habitual posterior a un naufragio. Hay personas con estrés postraumático derivado de las torturas sufridas en Libia, personas con heridas de bala. Otros han perdido recientemente a familiares a su paso por los centros libios”, relata Camps minutos después de aterrizar en Roma para tratar de agilizar la situación.
“El trauma es grande. Y ya hemos tenido alguna pequeña crisis. Todos necesitan asistencia médica y psicológica inmediata”, advierte el presidente de Proactiva Open Arms.
El Estado psicológico de los migrantes a bordo inquieta especialmente a la tripulación del buque. “Nos preocupa mucho: han sufrido cosas inenarrables y puede pasar cualquier cosa”, sostiene Camps, quien lamenta la tardanza de los Estados miembros para alcanzar una solución. “Tendremos que esperar, mientras 28 gobiernos son incapaces de poner una solución hasta que no se desencadene una emergencia humanitaria”. La ONG solicitará a la Fiscalía italiana el desembarque inmediato de los menores a bordo.
Si se cumple el mismo modo de proceder que ha marcado la gestión europea de la mayoría de los rescates desde el cierre de los puertos italianos, el Open Arms se enfrenta a cerca de una semana en alta mar. A finales de julio, Salvini impidió el acceso a 116 personas auxiliadas por la propia Guardia Costera hasta el acuerdo alcanzado por cinco países europeos. Semanas antes, el buque Sea-Watch permaneció 14 días a la deriva tras salvar a 42 migrantes hasta que su capitana, Carola Rackete, desafió la prohibición de entrada por la emergencia humanitaria despertada a bordo.
La ONG catalana, consciente de los antecedentes, se encuentra preparada a nivel logístico, indica su presidente. En caso de requerirlo, tiene en sus planes movilizar su segunda embarcación (el velero Astral) para proporcionar más material humanitario y poder hacer frente a los próximos días en alta mar.
“La logística la tenemos cubierta. Lo que nos preocupa es la salud de la gente a bordo. En cuanto tengamos problemas serios, tomaremos decisiones de otro calibre porque siempre antepondremos la salud humana a cualquier otro artículo o cualquier otro criterio absurdo”.
“Minimizamos mucho el aspecto psicológico, cuando estas personas han sufrido cosas inenarrables. Los gobiernos europeos las deshumanizan y las convierten mercancía para detenernos semanas enteras en alta mar”, continúa.
A la falta de puerto donde desembarcar, se suman las advertencias lanzadas por el Gobierno al Open Arms a finales de junio. La Dirección General de la Marina Mercante envió al buque humanitario una carta en la que amenazaba con multas de hasta 901.000 euros en caso de rescate en el Mediterráneo Central. Desde Fomento insisten en que se trataba de mera “información”.
En este sentido, Camps ve remota la materialización de una sanción española por rescatar vidas en el mar. “No tiene sentido que nos multen. Sería inverosímil y fácilmente recurrible”, dice el presidente de la ONG con convicción. En esta ocasión, aclara, el Ministerio de Fomento no ha mandado ninguna advertencia más una vez desafiada su prohibición de ejecutar rescates en la zona. Este lunes, el director de la Marina Mercante, Benito Núñez, ha negado en una entrevista de la Cadena Ser haber emitido una “amenaza” de multas. Según justidica, la misiva, firmada por él mismo, “dice que si no se comporta de acuerdo con las normas de los convenios...” y añade unas cuantías de sanciones que “se copian un texto de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante”.
“Ahora parece que el Gobierno está reculando. Fue su manera de bloquearnos durante el periodo electoral, ahora se echan para atrás”, considera Camps, quien recuerda que las autoridades españolas están “informadas de todo” pero “no se les ha solicitado ninguna intervención”. Por el momento, el Open Arms espera a un acuerdo europeo que empuje la apertura de los puertos más próximos, Malta o Italia.