Desde primera hora, pero sobre todo después del mediodía, centenares de jóvenes se agolpaban ante los barrotes que componen la valla del puerto de Patras, en el oeste de Grecia. Observaban la llegada de los camiones, el lugar en el que se encuentra la Policía y la seguridad del puerto, saltaban y comenzaban a correr para no ser interceptados y tratar de colocarse en los bajos o en el interior de los camiones.
Siempre les acompañaba una pequeña botella de agua, adosada a la espalda con una cuerda para no perderla durante los saltos. No se alejaban ni un instante de ella, porque en cualquier momento podía presentarse la opción de saltar la valla e introducirse en uno de los camiones. En caso de conseguirlo, esa botella es lo único que les va a acompañar durante todo el viaje, que a veces puede durar hasta 72 horas. Desconocen a qué ciudad italiana llegarán.
La escena se repetía día tras día hasta el pasado 15 de mayo. Entonces, los voluntarios que trabajan en la zona recibieron un mensaje: la Policía había desalojado las dos fábricas abandonadas frente al puerto que servían como refugio a los centenares de migrantes que trataban de colarse en los distintos ferris que transportan mercancía con destino a Italia y parten a diario de este estratégico y transitado puerto.
Con la ruta de los Balcanes sellada, sin opciones de pedir asilo en Grecia o negándose a que esa sea la única opción y con el miedo a ser deportados a Afganistán o Pakistán, el puerto de Patras se había convertido en una de las pocas vías de salida para completar la travesía al centro de Europa, principalmente Francia y Alemania. La forma de conseguirlo era peligrosa y extenuante.
Hikmat era uno de ellos. Tiene 24 años y dejó atrás su hogar en Afganistán para buscar un lugar seguro donde completar sus estudios y encontrar un trabajo, lejos de la violencia y la falta de oportunidades en su país.
Tras cruzar Pakistán, Irán y Turquía llegó a Grecia con la intención de continuar la ruta hasta Francia, donde le gustaría instalarse. Pero el programa de reubicación de refugiados, al que no puede optar por su nacionalidad, y el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que dejó en 2016 a miles de personas atrapadas en el país heleno, le han empujado a la clandestinidad.
“Algunos amigos han muerto en el camino hasta aquí. Tenemos muchos problemas en nuestros países, por eso venimos a Europa y nos encontramos con este tipo de problemas, de castigo y de dificultades”, criticaba el joven.
Cientos de personas desalojadas
Hikmat vivía junto a más de 300 jóvenes, todos hombres, en una de las fábricas desalojadas. La mayoría tiene unos 20 años, aunque también hay menores de 14 y 15. Las lúgubres y precarias condiciones en las que se encuentran las instalaciones –en un estado de abandono muy alto– incrementaban el sufrimiento de tener que jugarse de nuevo la vida.
No disponían de agua corriente, ni de luz. Dormían en tiendas de campañas y solo contaban con la comida que la ONG FoodKind les repartía a diario. “En Semana Santa se rumoreaba que iba a venir la Policía y muchos se fueron a Atenas, los que tenían los papeles, para evitar ser detenidos”, comenta Manuel Asencor, voluntario de la organización.
Así fue. A las 4:30 horas de la madrugada del 14 al 15 de mayo, 350 agentes de la Policía irrumpieron en las fábricas abandonadas con la orden de desalojar a todas las personas que se encontraran en su interior. Según los datos oficiales, 611 migrantes fueron desalojados de las instalaciones.
En una conversación con eldiario.es, el capitán de la Policía del oeste de Grecia, Ignatios Triantafyllou, esgrime tres motivos para la operación: “Razones humanitarias, porque las condiciones en las que vivían eran muy malas, por los peligros de accidente [con los vehículos cuando cruzan la transitada carretera que separa la valla y las fábricas] y los problemas que causan en el interior del puerto”.
Después de tres horas y media de registro y retención, fueron trasladados en autobuses a dos centros. Triantafyllou asegura que a uno de ellos se ha trasladado a quienes van a pedir o están en proceso de solicitud de asilo en Grecia, por lo que no es de estancia obligatoria. El otro es un centro de detención, en Corinto. En estas instalaciones viven entre rejas y sin ninguna opción de salir, según las ONG. El capitán confirma que algunos serán deportados.
Pero hay quien persiste en su intento de salir del país. En los últimos días, 76 personas han regresado al puerto y se refugian en un nuevo edificio según confirma Kai Wittistock, coordinador de la organización DocMobile. “Desconocemos qué haremos. No sabíamos si regresarían o vendrían nuevos, pero en menos de una semana ya han vuelto varios. Aquí todo cambia muy rápido”, comenta. La Policía asegura que custodia las dos fábricas para “evitar” que se instalen de nuevo.
Meses esperando para saltar
Algunos de los desalojados llevaban varios meses esperando para poder cruzar a Italia desde el puerto. “Si no nos permiten saltar, ¿durante cuánto tiempo quieren que estemos aquí?”, preguntaba un joven afgano. Según su relato, llevaba dos meses intentándolo a diario, varias veces al día.
Uno de los principales escollos era evitar que la seguridad del recinto portuario y la Policía les interceptara durante la carrera hasta los camiones y fueran detenidos. “Es duro. Si la Policía nos coge, nos golpea”, aseguraba el joven. Sarah Galastri, doctora voluntaria en DocMobile, confirma que han atendido heridas producidas por estas presuntas agresiones, además de otras ocasionadas cuando trataban de cruzar la valla.
Según los últimos datos –diciembre 2017– de la Oficina griega para los refugiados, el país ha registrado algo más de 58.600 solicitudes de asilo. Estas personas permanecen varadas en territorio heleno con escasas opciones de llegar a otros Estados, lo que a menudo les empuja a recurrir a rutas clandestinas peligrosas y a redes de traficantes.
Hikmat solo deseaba poder salir de Grecia para retomar sus estudios de Ingeniería Informática, que tuvo que abandonar tras el incremento de los atentados terroristas en Afganistán. “Llega gente a nuestros pueblos y disparan, sin ningún sentido, también a niños. Los talibanes me impidieron continuar con mis estudios. Quieren que no tengamos conocimientos, evitan que vayamos a la escuela”, relata el joven.
“Solo quiero ir a Italia. Quiero iniciar de nuevo mi vida. Comenzar mi futuro”, resume. “¿Por qué no me permiten ir desde aquí? ¿por qué tengo que hacerlo de esta forma?”, concluye.