Despliegue policial, motos de nieve y prismáticos térmicos: Francia aumenta el control migratorio en la peligrosa ruta de los Alpes

Maïa Courtois y Simon Mauvieux

Montgenèvre (Francia) —
18 de abril de 2021 21:55 h

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Sobre las nueve de la noche del pasado 19 de marzo, una pareja de gendarmes apuntaba con sus linternas hacia la oscuridad cerrada de las montañas. Junto a ellos aguardaban seis personas sentadas en el suelo, cuatro miembros de una misma familia que acababan de ser detenidos. Habían intentado entrar en Francia por un pequeño sendero nevado a solo unos cientos de metros de las pistas de esquí de Montgenèvre. La policía esperaba refuerzos para trasladarlos, a pie, al puesto fronterizo. Esa misma noche todos serían devueltos a Italia, pero días más tarde lo volverán a intentar.

Montgenèvre, a 1.800 metros de altitud, es un puerto de montaña conocido por sus pistas de esquí situadas en plena frontera franco-italiana. Desde 2015, se ha convertido en un punto clave para miles de migrantes que buscan entrar en Francia desde Italia. Al principio, la mayoría de quienes se aventuraban a atravesar los Alpes eran jóvenes procedentes de África Occidental, pero ahora el perfil ha cambiado por completo: desde 2020, familias enteras originarias de Irán o Afganistán toman esta peligrosa vía para continuar su proyecto migratorio. Esta población más vulnerable se enfrenta también a una mayor presencia policial en la zona.

Entre las personas detenidas el 19 de marzo, una mujer mayor parece no encontrarse bien. Se queja del pecho y tiene problemas para respirar. Les acompaña Baptiste, un voluntario de la asociación Tous Migrants, asociación local creada en 2015 para ayudar a los migrantes de zona. Los gendarmes, molestos porque las personas detenidas ralentizan el el ritmo de la marcha, desoyen la llamada de alerta de Baptiste. Dos de los hijos de la mujer enferma se ven obligados a llevarla en brazos hasta el puesto fronterizo, donde los agentes los devolverán a Italia.

Hacia una “militarización” de la frontera

Estas situaciones, cotidianas en los Alpes, son un reflejo de la política migratoria francesa. Durante el pico registrado en la llegada de solicitantes de asilo en 2015, Francia se esforzaba por encontrar soluciones duraderas para estas personas, pero sus esfuerzos no duraron mucho tiempo. Los atentados contra Charlie Hebdo, el Bataclán (2015) y Niza (2016-2020) permitieron al Estado francés, en el marco del estado de emergencia antiterrorista, restablecer los controles en las fronteras interiores, creando una clara confusión entre inmigración y terrorismo.

Desde entonces, el marco legal de puntos fronterizos como Montgenèvre sigue sin estar claro. Las autoridades defienden que no es necesario registrar las solicitudes de asilo en las fronteras interiores de la UE, por lo que rechazar la entrada de migrantes, con su consiguiente devolución, es “legal”. Por su parte, asociaciones como Tous Migrants, denuncian una vulneración del derecho de asilo, regulado por la Convención de Ginebra. En 2020, según la Delegación de gobierno de los Hautes-Alpes (a la que pertenece Montgenèvre), 1.576 personas fueron expulsadas sin motivo justificado.

Mientras tanto, la presencia policial aumenta. “Desde el comienzo del invierno, los controles y las detenciones no han parado. Se han intensificado”, dice 'Manou', una voluntaria de la asociación Tous Migrants. En noviembre de 2020, tras el atentado de Niza, Emmanuel Macron anunciaba que se iba a doblar el número de agentes del orden en las fronteras francesas. Actualmente, 120 policías patrullan la zona, equipados con motos de nieve y prismáticos térmicos para detectar mejor cada movimiento. Las asociaciones denuncian una “militarización de la frontera”, mientras que el Gobierno defiende que su objetivo es luchar contra el terrorismo.

Durante la noche del 19 de marzo, un total de quince migrantes fueron detenidos. Entre ellos, una mujer afgana, con dificultades respiratorias en el momento de su detención. Preocupado por su estado, Alfred Spira, médico voluntario en Médicos del Mundo, pidió a la policía que se le atenderla en el puesto fronterizo. Unos minutos más tarde salió decepcionado: “Pedí que me dejaran entrar como médico, pero no me lo permitieron”.

Los accidentes son habituales. Un día más tarde, una ambulancia tuvo que socorrer a una mujer tras desplomarse sobre la nieve. Donya*, de 59 años, es diabética. Fue llevada al hospital y dada de alta unas horas después para trasladarla al Refugio Solidario de Briançon, un centro de acogida gestionado por voluntarios, donde la esperaba su familia. En cuanto se recuperó, ya estaba pensando en irse a Alemania a vivir, lejos de Afganistán, de donde huyó tras el asesinato de uno de sus hijos.

Voluntarios detenidos: “Buscaban inculparnos”

“Todo es muy aleatorio”, dice Baptiste, que ha sido identificado casi 40 veces desde noviembre. “Hacen turnos mensuales, nunca sabes qué esperar de los gendarmes, depende mucho de los equipos”. En la noche del 20 de marzo, la policía detuvo a dos voluntarios bajo el pretexto de “ayuda a la entrada ilegal”. Fueron puestos en libertad al cabo de 35 horas, sin cargos.

“El policía me hizo la pregunta: '¿Pidió usted dinero?' Era una farsa, buscaban inculparnos”, cuenta Jules Gallien, uno de los dos detenidos, miembro de Tous Migrants. “No es normal que nos traten como si fuéramos contrabandistas”, dice Laurent Thérond, el segundo arrestado, un agricultor residente en la zona. “Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente en la montaña”.

A principios de año, durante una visita de diferentes diputados franceses al puesto fronterizo, un policía afirmaba que “el 100%” de los migrantes devueltos a Italia “acababan pasando” tras varios intentos, lo que hace difícil de entender tal despliegue de recursos en la frontera. La presencia policial en la frontera responde más a una postura política que a una voluntad real de impedir la entrada de exiliados en Francia.

“Lo que ocurre aquí no es más que un teatrillo montado para hacer creer a la opinión pública francesa, cada vez más extremista y racista, que las fronteras están bien protegidas”, afirma Agnès Antoine. “Cuando en realidad, sabemos muy bien que la gente que quiere pasar, pasará. Es una política nociva”. Y mortal. En el paso de Montgenèvre, al menos cinco personas han fallecido desde 2018, ya sea cruzando la frontera o escapando de los controles.