Malick lo llama “la jaula sin salida”. Llegan a España en situación irregular, pasan por un CIE, pero las autoridades acaban dejándoles en libertad. Ni tienen papeles, ni podrán trabajar legalmente hasta, como mínimo, el cumplimiento de los tres años de estancia en España. Ven en la manta una alternativa para sobrevivir hasta regularizar su situación pero, llegado el momento, las sanciones generadas de la venta ambulante en la que encontraron sustento se convierten en uno de los mayores obstáculos para obtener la documentación anhelada. Es la jaula de la clandestinidad.
La misma en la que acabó Mame Mabaye, el mantero fallecido en Lavapiés, poco después de desembarcar en patera en las Islas Canarias el 29 de mayo de 2006. “Empezó en la manta cuando llegamos de Madrid, después de estar durante unos meses en A Coruña. Aquí nos dimos cuenta de que, sin poder trabajar, la única opción era vender en la calle”, recuerda Serigne Mbaye, quien viajó en patera a España junto al fallecido.
En sus casi 12 años en el país, el joven senegalés nunca pudo regularizar su situación. Más de una década en la que intentó conseguir los papeles sin éxito “en dos ocasiones”, relatan a eldiario.es dos de sus compañeros del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, que aseguran desconocer los motivos de la denegación.
Abogados expertos en Extranjería, el Sindicato de Manteros de Madrid y la Asociación sin Papeles explican a eldiario.es que casos como el de Mame Mabaye llegan de forma habitual a sus despachos y asambleas en busca de asesoramiento. La llave de la jaula se encuentra en la Ley de Extranjería. El candado lo cierran las multas administrativas ligadas a la manta y el Código Penal, con la introducción de la venta ambulante como delito.
La llave de la 'jaula': la Ley de Extranjería
El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería establece una serie de requisitos para las personas que no tienen familiares en España, tras llegar de forma irregular al país, buscan regularizar su situación. Para optar a la regularización deben haber vivido en el Estado español tres años de forma continuada, presentar un contrato de trabajo indefinido de jornada completa (40 horas semanales) y no contar con antecedentes penales ni multas pendientes con la administración.
A ello se añade que, generalmente, las oficinas de Extranjería -dependiendo de la comunidad- exigen una serie de requisitos a las empresas que haya ofrecido empleo a quien pretende obtener los papeles, como la solvencia o la inexistencia de deudas. “En Madrid están solicitando que la compañía debe estar libre de deudas, para lo que exigen la presentación de la declaración de la renta y el impuesto de sociedades de los dos últimos años”, detalla Marta Herrero, abogada de la Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM).
El primer obstáculo para el cumplimiento de los requisitos se sitúa en el mercado laboral, explica Herrero. “Desde la crisis, a partir de 2007, conseguir un contrato indefinido a jornada completa es muy complicado, ni muchos españoles lo conseguimos y las personas sin papeles lo tienen aún más complicado”, indica la letrada de la ASPM.
Paco Solans, abogado experto de Extranjería y exportavoz de la Fundación del Consejo General de la Abogacía coincide con la visión de Herrero. “La reforma laboral ha hecho que todos los requisitos sean muy complicados de cumplir. Tener un contrato de un año y a jornada completa es casi un lujo para los españoles, imagínate para un inmigrante irregular”.
Algo parecido ocurre, apunta, con las exigencias impuestas a las empresas que buscan emplear a una persona sin papeles: “Tras la crisis, cuántas compañías han tenido algún mes en el que que no han estado al día, por errores, o por alguna deuda”, dice Herrero. El contrato generado por una empresa nacida recientemente, apunta, tampoco serviría para regularizar la situación de una persona sin papeles.
“Nos encontramos cada día con personas con titulaciones universitarias: médicas, ingenieras, periodistas, abogadas... Que se encuentran condenadas a permanecer tres años sin poder trabajar y, después, que no consiguen un contrato indefinido de jornada completa y, si lo hacen, los empleadores no cumplen los requisitos impuestos”, sostiene la abogada de la Asociación Sin Papeles.
El segundo candado: las sanciones por vender en la calle
Estas son las trabas con las que se choca cualquier persona en situación irregular en España. Si, como Mbaye, quienes buscan regularizar su situación han recurrido a la venta ambulante para sobrevivir durante los tres primeros años en los que no pueden conseguir los papeles, la situación se oscurece aún más, resumen los expertos consultados.
La venta ambulante está tipificada como delito en el Código Penal desde 2015. Cuando los manteros son interceptados por agentes policiales, pueden abrirles expedientes por la vía penal, lo que, si acaba en condena, genera antecedentes penales. Con ellos, la jaula permanecerá cerrada: la ausencia de estos es uno de los requisitos impuestos por la Ley de Extranjería para obtener la documentación.
A ello se añaden las multas derivadas de las ordenanzas municipales que sancionan la venta ambulante por la vía administrativa. “Los manteros que, por vender en la calle, han sido objeto de multas y se les ha decomisado el material tampoco podrán regularizar su situación hasta que no haya sido pagada”, explica Herrero.
“Son multas grandes a las que no pueden recurrir y que muchas veces, dada la situación precaria de los manteros, no pueden financiarlas. Al ser acumulativas, la deuda con la administración va creciendo. He llegado a ver 3.000 o 6.000 euros”, añade la letrada.
“En estos casos, una persona sin papeles, aunque haya estado tres años en el país, logre un contrato de trabajo indefinido en una empresa sin deudas; la oficina de Extranjería no aprobará su regularización hasta que no pagué la multa”, añade la abogada. Costearla, en muchas ocasiones, se torna imposible.
“Cuando te dedicas a vender, porque no tienes otra opción al llegar en patera, y la manta es un delito, tienes expedientes penales por vender en la calle y multas por incumplir ordenanzas municipales. Necesitas un contrato de 40 horas que, en estos tiempos es muy difícil de lograr. Cuando lo consigues, no puedes pagar las multas que has generado durante los años de vendedor”, resume el portavoz del Sindicato, Malick Gueye.
“Es así como deniegan los papeles a muchos de tus compañeros. Por eso, Mbaye lo intentó y no lo consiguió. Es la jaula sin salida. Nos condenan a la clandestinidad”, concluye el compañero y amigo del fallecido en Lavapiés.