Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han quedado vacíos tras la salida este miércoles de la última persona que estaba encerrada en Algeciras, según ha informado la plataforma CIEs NO y ha confirmado el Ministerio de Interior a eldiario.es.
El Ministerio de Interior, del que dependen estos centros, ha ido poniendo en libertad durante el estado de alarma a los extranjeros internos en todos los CIE de España.
El Defensor del Pueblo había solicitado a mediados de marzo al Gobierno la liberación de todos los inmigrantes de los CIE, pues el cierre de fronteras y las restricciones de viajes ligadas al brote del coronavirus impiden ejecutar su deportación, tal y como informó eldiario.es. El organismo solicitó la medida alegando que los internos se encuentran “en una situación particularmente vulnerable” en el escenario de la crisis sanitaria actual, la cual “impide” además que se pueda materializar la devolución o expulsión a su país de origen.
Desde el Ministerio de Interior aseguraron que no se había dado “ninguna orden” estatal para liberar a los internos de los CIE, sino que los inmigrantes son liberados cuando cumplen los 60 días de encierro, el periodo máximo de estancia marcado en la legislación. No obstante, las organizaciones sociales que suelen tener presencia en estas dependencias apuntaban en marzo que ya estaban siendo liberados varios grupos de internos que no habían cumplido los dos meses de internamiento. Normalmente, la mayoría de las personas encerradas en los CIE acaba en libertad ante la imposibilidad de las autoridades españolas de ejecutar su devolución o expulsión.
“Somos conscientes de que esta situación responde al carácter extraordinario que caracteriza a la coyuntura provocada por el coronavirus y, por eso, seguiremos luchando para que este cierre sea irreversible y hasta que consigamos convertirlo en definitivo”, ha informado la plataforma CIEs NO.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito.