España es principalmente un lugar de destino y de tránsito para el tráfico de seres humanos. 2.777 personas han sido identificadas por las autoridades como víctimas de la trata en nuestro país entre 2009 y 2012, según se desprende de un informe publicado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata (GRETA) del Consejo de Europa.
Todas las víctimas -excepto 89 identificadas en 2012- sufrieron explotación sexual. La mayoría eran mujeres procedentes de China, Brasil, Paraguay, Nigeria, Rumania y República Dominicana. Un total de 161 menores fueron víctimas de la trata en España y, aunque el Consejo de Europa dice que es un número “bajo”, expresa la necesidad de un mecanismo de referencia para las víctimas menores de edad. Estrasburgo solicita, además, que las víctimas de esta lacra “reciban apoyo y asistencia apropiados”, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad y tipo de explotación, así como que tengan acceso a los servicios de salud, educación y empleo, y que puedan obtener permisos de residencia temporal.
En 2012, las autoridades españolas también identificaron a 89 víctimas de trata con fines de explotación laboral y mendicidad forzada. El GRETA señala en su informe que España ha implementado medidas positivas para luchar contra el tráfico de mujeres para su explotación sexual, pero insta al Gobierno a hacer más para erradicar la trata con otros propósitos, como la explotación laboral. Así, denuncia que la detección e identificación de estas víctimas es todavía insuficiente. El organismo europeo recuerda que el Gobierno esbozó un plan nacional para combatir la trata con fines de explotación laboral que nunca se implementó, a pesar del apoyo del Defensor del Pueblo.
El informe también señala que ciudadanos españoles fueron identificados como víctimas de la trata entre 2009 y 2011. En total 143 personas (26 en 2009, 109 en 2010 y ocho en 2011).
Violación de los derechos humanos
El delito por trata de seres humanos fue introducido en el Código Penal en 2010 y las primeras sentencias fueron dictadas el año pasado, pero España debería abordar estos delitos como “una violación grave de los derechos humanos de las víctimas”, según el Consejo de Europa, que también recomienda la adopción de las medidas legislativas necesarias para convertir en infracción penal “el hecho de utilizar los servicios de una persona a sabiendas de que es víctima de la trata”.
El Consejo de Europa encuentra riesgo para las víctimas durante las investigaciones y los juicios por lo que insta al Gobierno a revisar el sistema actual. En este sentido, recuerda que debe evitarse el traslado forzoso de las posibles víctimas. El GRETA considera que debe incrementarse la cooperación con los países de origen para asegurar que el regreso de las víctimas es seguro.
Estrasburgo llama la atención sobre la necesidad de mejorar las condiciones de detección de los casos de tráfico de seres humanos en las fronteras. Los expertos consideran que las instituciones españolas deben proporcionar a los agentes “capacitación especializada sobre el tráfico de personas, desde la perspectiva de los derechos humanos y con un enfoque centrado en las víctimas”, con instrucciones claras sobre cómo proceder en estos casos.
El Convenio europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos entró en vigor España en 2009. Firmado por 40 de los 47 países miembros del Consejo de Europa, el tratado tiene como objetivo la prevención de la trata, la protección de las víctimas y la persecución de los traficantes, ligados o no al crimen organizado. GRETA se encarga de monitorizar la implementación de medidas para erradicar la trata y emite recomendaciones a los estados firmantes del Convenio.