Una vez más, una visita oficial al Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid (CIE) ha finalizado con el mismo resultado: sin que los diputados puedan hablar con los internos y con la prohibición de entrada para los medios de comunicación. La opacidad que caracteriza a los CIE vuelve a evidenciarse a pesar de las últimas declaraciones del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que aseguró que estos centros “no tienen nada que ocultar” tras la protesta acontecida a mediados de octubre.
Una veintena de parlamentarios del Partido Popular, Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE han realizado un recorrido por las instalaciones del CIE de Aluche acompañados del director general de Policía, Ignacio Cosidó y el comisario general de Extranjería, Juan Carlos Ortiz. Han podido ver las habitaciones, los barrotes y las placas azules que cubren sus ventanas, el comedor, el patio; han hablado con la dirección del centro... pero no han podido cruzar palabra con ninguna de las personas encerradas en su interior.
Desde el PP, PSOE y Ciudadanos han justificado la imposibilidad para reunirse con los internos con la visita de la Defensora del Pueblo que tuvo lugar la semana pasada, quien sí pudo reunirse con las personas encerradas en su interior. Por esta razón, se remiten al próximo informe en el que la institución presentará sus conclusiones. Podemos ha denunciado que “no hayan podido reunirse con ellos por la vía oficial” después de la protesta y tuvieran que hacerse pasar por familiares y amigos los días posteriores al motín para acceder a la versión de estos, quienes denunciaron represalias policiales.
Seis internos “testigos” de la protesta, deportados
Durante el paseo por el CIE, los diputados han recibido información por parte de los responsables policiales, quienes han confirmado la reciente deportación de siete internos que, según han anunciado los diputados de la formación de Pablo Iglesias, fueron testigos de las supuestas represalias recibidas tras el motín que tuvo lugar el pasado 18 de octubre.
A su salida, los parlamentarios de Unidos Podemos han denunciado que este centro “es a todos los efectos una cárcel” y han criticado la falta de aclaraciones recibidas sobre los supuestos malos tratos sufridos por los internos a raíz de la protesta.
“Nos han dado mucha información pero pocas respuestas sobre la situación de las personas que participaron en la protesta”, ha concluido la diputada por Navarra, Ione Belarra. “No nos han aclarado si se ha podido realizar un informe médico independiente -de quienes denuncian agresiones policiales”, añade.
La Policía, según Belarra, sí ha confirmado la expulsión de siete personas de origen argelino que, aunque no participaron en el motín, “fueron testigo de los hechos y podrían dar información” sobre los supuestos malos tratos, que han sido denunciados ante la justicia por varias ONG. “Según dicen las organizaciones sociales estas personas no recibieron la notificación de expulsión con 12 horas de antelación -exigidas por los jueces de control del CIE-”, añade.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Interior del Congreso, Rafael Merido (PP), ha defendido “el absoluto respeto a los derechos humanos” que, según insiste, se da en estos centros, destacando como garantía la vigilancia de los tres jueces de control. Uno de estos magistrados ha criticado recientemente el incumplimiento de muchas de sus resoluciones judiciales.
Merino -que ha llamado de forma errónea “CEI” en las cinco ocasiones en las que trataba de referirse a los CIE- ha valorado la visita como “muy positiva y de absoluta transparencia”. Preguntado por la prohibición de entrada a la prensa, el diputado 'popular' ha argumentado que “se trataba de una visita de parlamentarios” y “los medios pueden acceder a través de la oficina de prensa del Ministerio del Interior”. De esta forma, invita a que los periodistas “que tengan interés lo hagan a través de esta vía”. No obstante, hasta el momento la prensa ha tenido vetada la entrada a los CIE de forma sistemática.
Unidos Podemos había solicitado por escrito a la Comisión de Interior la entrada de la prensa pero, según han confirmado varios diputados, no recibieron respuesta.
Por su parte, desde el PSOE no ha entrado a valorar las condiciones del CIE de Madrid y aseguran mantenerse a la espera del próximo informe de la Defensora del Pueblo al respecto después de la visita realizada por esta institución la semana pasada en la que tuvo la oportunidad de hablar con las personas encerradas. “Queremos conocer con urgencia ese informe”, ha afirmado el diputado Antonio Ramón Trevín Lombán, .
El parlamentario socialista se ha mostrado especialmente preocupado con “el problema de seguridad” que, según asegura, hay en el CIE debido a la “falta de policía”. Por esta razón, solicita “mejorar las plantillas” para que no se “altere la seguridad”, como asegura que ocurrió el pasado 18 de octubre. Sobre el cumplimiento de los derechos humanos, pide “más esfuerzos”, por ejemplo, en el acceso al asilo en el interior, como ha exigido en varias ocasiones los jueces de control del centro de Aluche.
El secretario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha afirmado que “no tiene constancia de que no se cumplan los derechos humanos” en en interior del CIE, aunque sí ha especificado algunas posibles mejoras como “la instalación de un servicio sanitario de 24 horas”, incluido los fines de semana. También se trata de una de las exigencias de los jueces de control del CIE que no ha cumplido el Ministerio del Interior.
En relación a la propuesta de Ciudadanos de crear nuevos CIE en módulos de presiones en desuso y privatizarlos, Gutiérrez ha aclarado ahora que “se referían a ponerlo en manos de ONG, a fundaciones” y no pensaban “en empresas con ánimo de lucro”.
Sobre la posibilidad de cerrar los CIE, como piden las ONG especializadas en migración así como uno de los magistrados de control -Ramiro García de Dios-, el presidente de la Comisión de Interior defiende que estos centros son necesarios para “un control de la inmigración irregular eficaz”.
Por su parte, los parlamentario de Unidos Podemos han apostado por la eliminación de estos centros. “Es la propia comisión Europea la que dice que hay alternativas a los CIE. El único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado”, ha insistido Irene Montero, tras recordar que estas instalaciones encierran a personas por el hecho de haber cometido una falta administrativa, no un delito.