Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones: “La política migratoria puede cambiar y la vamos a cambiar”

Se disculpa de antemano por haber dormido poco. No es algo extraño, dice, se ha convertido en habitual en los últimos meses. Cuando Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) llegó a la Secretaría de Estado de Migraciones se encontró un sistema de acogida colapsado, una “rígida” Ley de Extranjería y un aumento de las llegadas en patera a través de la ruta canaria. Bajo el paraguas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, empezaba a dibujar una reforma de las políticas migratorias que dependen de ella, hasta que llegó el coronavirus y, aparentemente, todo lo demás se paró.

O casi todo. Aunque las entradas irregulares al conjunto de España se han reducido, la llegada de pateras a Canarias continúa en aumento. A las ya escasas plazas existentes a su llegada, se ha sumado la necesidad de mayores espacios para atender las exigencias sanitarias ligadas a la pandemia. Durante cinco meses al frente de la Secretaría de Estado, Jalloul ha dado respuesta a antiguas reivindicaciones de organizaciones sociales, como la concesión del permiso de trabajo a los menores extranjeros no acompañados a partir de los 16 años, la flexibilización de los requisitos de las reagrupaciones familiares y el permiso de empleo de dos años a jóvenes migrantes incorporados a la campaña agrícola.

Hana Jalloul concede a eldiario.es su primera entrevista como secretaria de Estado, días después de la aprobación de una batería de instrucciones que rebajan las exigencias económicas impuestas en las peticiones de residencia por arraigo y las renovaciones de los permisos registradas con anterioridad al estado de alarma. Las medidas, valoran algunos expertos, pueden suponer un paso hacia la prometida flexibilización de la montaña de condiciones a la que se enfrentan quienes intentan conseguir los papeles en España.

La secretaria de Estado reitera que el Gobierno “no ha dejado a nadie atrás” en su respuesta a la emergencia de la COVID-19, mientras miles de migrantes en situación irregular aseguran sentirse excluidos, pues no pueden acceder a ninguna de las ayudas económicas activadas por el Ejecutivo durante el estado de alarma. Jalloul no contempla por el momento el proceso de regularización solicitado por más de 200 colectivos. Según defiende, “aunque parezcan pequeñas” sus medidas tendrán “a la larga” un “mayor impacto”.

En los últimos días, han sacado una serie de instrucciones que, según expertos y organizaciones sociales, apuntan a un giro de las políticas migratorias que dependen de este Ministerio. ¿Cree que es así?

Ya hemos tomado medidas que no se han hecho nunca, hemos actuado en demandas clásicas en las migraciones, trabajando en su plena instrucción y por no dejarles atrás. Iniciativas novedosas, vanguardistas y que demuestran que la política migratoria puede cambiar y que la vamos a cambiar. Esa es nuestra idea: modificar lo que se ha venido haciendo hasta ahora con una visión muy positiva del fenómeno migratorio, con itinerarios de inclusión. Con el tiempo esto se demostrará, porque afecta a la vida de miles de migrantes y lo haremos a través de cambios normativos y con las evaluaciones correspondientes. Queremos dejar un legado en positivo en el ámbito migratorio. Si ponemos en práctica todas las medidas que hemos puesto en marcha y seguiremos poniendo, quedará demostrado.

Para nosotros, para todo el ministerio, es muy importante la inclusión y, por eso, según llegamos en febrero dimos la autorización de trabajo a los menores no acompañados que tenían autorizaciones de residencia no lucrativas y otras medidas que hemos ido poniendo en marcha desde la alarma. Nuestra visión de la política migratoria es de inclusión socio-laboral. Ponemos siempre en valor la relevancia que tiene la diversidad.

En su primera comparecencia, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció una reforma de la Ley de Extranjería, que aparenta ser muy ambiciosa. ¿Están trabajando en ella? ¿Cuándo planean tenerla?

Uno de nuestros grandes proyectos es la reforma de la Ley de Extranjería, pero también la reforma del reglamento. Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos medidas, aparte de otras. Hemos estado mirando ya algunos puntos a modificar. Se respondió a una carta al Defensor del Pueblo con artículos concretos de reglamento y nosotros ya nos hemos sentado a hablar de eso [relativo al traspaso a la vida adulta de los menores migrantes no acompañados, con el objetivo de evitar que se queden sin papeles al cumplir la mayoría de edad]. Nos meteremos en la reforma integral un poquito más adelante, pero sí podemos decir que ya estamos trabajando en esto.

¿Cuáles son los principales puntos a modificar en los que ya están trabajando?

Nos centraremos en primer lugar en los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento Extranjería [relativos a los menores extranjeros no acompañados, cuya reforma pretende evitar que se queden sin papeles al cumplir la mayoría de edad]. Lo que pasa que no me gustaría hacer anuncios específicos ahora, porque, quizá, cuando nos pongamos surgen también otros cambios importantes. Además, también tenemos que tratarlo en su momento con otros ministerios que pudieran estar implicados.

Entre las instrucciones lanzadas esta semana hay una importante flexibilización de los requisitos para pedir la residencia por arraigo social y renovar los permisos de aquellas personas que hubiesen registrado su solicitud antes del estado de alarma. ¿Se plantean extender esa misma flexibilización a las próximas peticiones de residencia, no solo con las varadas?

Estas instrucciones se han hecho con la previsión de lo que podía pasar después del estado de alarma para intentar evitar una irregularidad sobrevenida. Sobre estos tres casos concretos, nosotros le hemos dado mucha importancia a aquellas solicitudes de arraigo que se habían quedado varadas. La relevancia que tiene la reagrupación familiar con la flexibilización de criterios en relación a los medios económicos de los que deben disponer las familias que lo solicitan.

Pero ¿estudian permitir que una persona que pida la residencia por arraigo una vez finalizado el estado de alarma pueda optar al permiso sin presentar necesariamente un contrato de trabajo sino con un informe de arraigo, como se ha aprobado en el caso de quienes tenían bloqueadas sus solicitudes?

Eso depende de la casuística. Tenemos que ver los casos concretos y saber si se puede o no, o si se pueden adaptar estas personas con sus expedientes a este tipo de instrucciones. Si se puede adaptar esta instrucción, que ya está hecha, y que además ofrece una seguridad jurídica, por supuesto.

Miles de personas en situación irregular también han sido afectadas por la COVID-19, sin poder salir a la calle a trabajar para obtener lo poco que antes ganaban. No pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital ni a ninguna de las ayudas de emergencia del Gobierno. ¿Han buscado alguna solución para que estas personas no se queden atrás?

Las personas que están en situación de irregularidad administrativa no entraban en el mínimo vital porque la Ley de Extranjería no permite en su artículo 14 que puedan acceder a una prestación de la Seguridad Social. Es algo muy bien establecido en la ley, que no se puede esquivar. Para las personas en situación de irregularidad, existen ONG que se encargan. Lo hacemos con un sistema de subvenciones amplias, como nuestro programa de atención humanitaria: a estas personas que están en nuestro sistema nos encargamos de cuidarlas bien.

Por otra parte, también tenemos colaboración con otras entidades que tratan este tipo de personas o, por ejemplo, con otras administraciones a nivel local, como pueden ser los ayuntamientos con los que colaboramos en distintas circunstancias para que estas personas sean atendidas. Esto ocurre, por ejemplo, en el tema de los asentamientos, donde hay población irregular, aunque no es competencia nuestra sino de los ayuntamientos, pero sí que damos subvenciones a ciertas entidades sociales del tercer sector para que se proporcione comida, recursos sanitarios, educativos, etcétera.

Me refería a las personas que ya no están en el sistema de atención humanitaria [al que acceden generalmente los migrantes recién llegados de manera temporal], que llevan años en situación irregular debido precisamente a la Ley de Extranjería que el Ministerio pretende corregir y flexibilizar, debido a su rigidez, en palabras del ministro. ¿Se están haciendo gestiones para encontrar alguna vía para que accedan a ayudas de emergencia en el contexto de la COVID-19?

Las comunidades autónomas han recibido fondos para este tema. Eso ya pertenece a la labor que se realiza desde otras administraciones. No es tanto nuestra competencia y no puedo decirte otra cosa. Pero tu pregunta a lo mejor tiene un error de partida, porque quienes llevan años en España se pueden acoger al arraigo, si llevan tres años en España. Y también depende de la casuística. Pero sabemos que hay fondos para las comunidades para ese tipo de circunstancias y ellas también están trabajando en esto. También están los servicios sociales de los ayuntamientos. O sea que yo creo que en España, y sobre todo por parte del gobierno, no dejamos atrás a nadie.

200 ONG han pedido una regularización de este colectivo, a través de un procedimiento de regularización como el lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. También ponen como ejemplo las regularizaciones aprobadas en el contexto de la crisis del coronavirus en Italia y Portugal. ¿Por qué se ha descartado en el caso de España?

Primero, en lo alto de la pirámide, el Consejo de Europa no aconseja regularizaciones masivas, sino dependiendo de las personas, por razones económicas o humanitarias. No podemos comparar nuestro caso con el de Portugal e Italia. En Portugal la regularización ha sido para aquellos migrantes que no tenían acceso a sanidad pública, que aquí sí tienen, independientemente de su situación administrativa. Y en Italia ha sido por el tema de jornaleros. La situación de estos países es distinta a la que nosotros tenemos en España.

En España hemos hecho un montón de medidas en relación a las migraciones. Por ejemplo, dar autorización de trabajo a los menores entre 18 y 21 años nacionales de terceros países que hasta entonces tenían residencias no lucrativas, no podían trabajar. Esas personas ahora tienen la posibilidad de trabajar y han estado en campañas agrícolas y ahora se les va a renovar el permiso de residencia y trabajo por otros dos años. Nosotros hemos adoptado medidas de las que esperamos un impacto mayor al que pueda tener una regularización, pues tendrán una mayor duración en el tiempo y proporcionarán más seguridad jurídica a la larga.

Ahora estamos en el proceso de evaluación de las medidas. No podemos hablar de otro tipo de cosas, como pueden ser la regularización, cuando no hemos evaluado otras medidas, como las últimas instrucciones que hemos emitido. De hecho, la renovación de las prórrogas, la flexibilización de criterios de las prórrogas por la caducidad documental, etc., es solo una batería de medidas extensas, con mucha seguridad jurídica y que creemos que tienen un efecto muy positivo en todo el ámbito migratorio. Vamos a evaluar cómo funciona eso y cómo este set de instrucciones mejora la vida de la gente y, en todo caso, podemos hablar de otras cosas.

Está prevista una reforma de la Ley de Asilo para esta legislatura. A Migraciones le corresponde las competencias de acogida de solicitantes de asilo. Escrivá anunció “un replanteamiento del procedimiento” basado en “priorizar a personas más vulnerables y con alto perfil de protección internacional”. ¿A qué se refería? ¿Cómo es el nuevo modelo planteado?

Ya tenemos una idea más o menos de lo que queremos hacer, que todavía la tenemos que plasmar en papel. Estamos trabajando sobre ello, porque llegamos en febrero y, enseguida, con el estado de alarma, nuestras prioridades han sido otras. Lo hemos tenido que desplazar, pero lo vamos a retomar de inmediato, en unas semanas. Está en nuestro calendario de reformas normativas, junto con el reglamento y la Ley.

No puedo detallar más, porque tenemos que sentarnos y consensuar los enfoques que cambiarán esa forma de ver el propio sistema de acogida. Tenemos que evaluar la normativa existente, el modelo que nosotros queremos y sobre todo, también ver cómo lo podemos sacar. Son procesos de trabajo que tenemos que llevar a cabo con el Ministerio del Interior, y ya hemos iniciado las conversaciones con Interior.

¿Se plantea la descentralización del sistema de acogida y que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de una parte de este sistema? ¿Cómo plantean ese nuevo modelo?

Esto viene en relación a una sentencia. No lo llamaría descentralización, sino un sistema de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. Según este dictamen judicial, las competencias en acogida pertenecen a las comunidades autónomas.

Bueno, es una idea, por supuesto que está en la mesa. Tuvimos reuniones con cada comunidad autónoma. Creemos que la coordinación con el resto de administraciones es fundamental. Nosotros nos hemos reunido con todas las comunidades y hemos hablado ya de este tema, pero hasta que no tengamos la idea clara no podemos hacer público el detalle. Tenemos que analizar esas sentencias, analizar nuestro modelo, consensuarlo también con el resto de ministerios para coordinarnos y, luego, tendremos conclusiones claras.

¿Cómo se piensa poner en la práctica? ¿Qué papel jugará el Estado en ese nuevo modelo? Algunas organizaciones temen que tenga un efecto negativo en los solicitantes de asilo si las competencias pasan a las comunidades autónomas, como ocurre en el caso de los menores tutelados.

No, no, no, no. Esto es algo distinto y no lo podemos comparar porque la competencia en menores es las comunidades autónomas. Esto es algo que se va a trabajar de manera muy distinta. Vamos a hacer un trabajo muy exhaustivo sobre esto. Nosotros creemos en la filosofía del sistema acogida, que es un sistema generoso, de reparto equitativo. El Sistema Nacional de Acogida está repartido entre todas comunidades autónomas, aunque es una competencia del Estado. Aunque se asuman las competencias en ciertas partes, como en integración, la competencia en del Sistema Nacional de Acogida pertenece al Estado y seguirá así. Solo estamos estudiando [el traspaso de] unas competencias concretas que, según una sentencia, pertenecen a las comunidades autónomas.

Cuando llegó a la Secretaría de Estado se encontró un sistema de acogida de refugiados y solicitantes de asilo colapsado y un aumento de las llegadas en Canarias, con poca capacidad para recibirlas. En febrero, se comprometieron a abrir más plazas de acogida de manera urgente. ¿Qué se ha hecho en este tiempo?

Un trabajo ingente... Según llegamos, visitamos las islas Canarias en varias ocasiones. Hemos abierto la unidad de madres con más de 200 plazas. Hemos creado muchos dispositivos, debido al aumento de las llegadas que hemos tenido recientemente en Canarias. En 15 días, volveré a las islas para inaugurar otro dispositivo nuevo que tiene una capacidad de 800 plazas. Estamos también con otras dos instalaciones. Nuestro compromiso es máximo en aquellos sitios donde más se nos necesita, donde el sistema de acogida y el Gobierno de España tiene que estar.

Algunas organizaciones denuncian que a pesar de la apertura de nuevas plazas se necesitan más. Hay migrantes que se han tenido que quedar más de dos días en instalaciones policiales [aunque sin custodia policial pues la ley impide ser detenido sin orden judicial durante más de 72 horas] ante la falta de espacio en el sistema de acogida. A lo que se suma la obligación de realizar cuarentena de 14 días a su llegada a España…

Nosotros estamos trabajando para no dejar a nadie atrás. Hemos multiplicado las plazasde acogida un 2.000% en la isla, lo cual pone de manifiesto que nosotros hemos tenido capacidad por el año, que debemos tener capacidad para atender a todas estas personas y no dejar a nadie atrás. Y yo creo que nos hemos movido muy rápido. Hemos abierto dispositivos muy rápido. Creo que respondemos rápido a las demandas que estamos viendo. En 15 días bajaré menos y abrimos un nuevo espacio temporal de acogida con capacidad para 800 plazas.

¿Sería más fácil si Interior acelerase los traslados desde las islas Canarias y desde Melilla [cuyo centro de acogida está saturado] a la Península, donde hay más plazas liberadas?

Nosotros con Interior tenemos una coordinación. De hecho, sacamos a 140 personas, como bien sabes, hace dos semanas desde Melilla. Sí, claro. Siempre los traslados son una forma de facilitarlo para evitar cuellos de botella cuando tienes llegadas de personas irregulares más continuadas en el tiempo en ciertos lugares.

El CETI de Melilla continúa saturado. Es una prioridad nuestra. Para nosotros la dignidad de las personas es prioritaria y estamos trabajando en eso.

Lo que te puedo decir es que nosotros, en lo que es el ámbito de nuestras competencias, estamos abriendo plazas para no dejar a nadie atrás y creo que lo estamos haciendo bien.