El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha puesto en duda este martes que las condiciones en las que España y Marruecos pactaron iniciar el pasado viernes la repatriación de niños migrantes solos al país vecino deban someterse a la Ley de Extranjería y ha señalado que esa es una disyuntiva “jurídica” que espera que los tribunales resuelvan de aquí viernes, el plazo en el que los retornos forzosos han quedado suspendidos, haciendo extensivas a todos los niños y adolescentes acogidos en la ciudad las medidas cautelares dictadas este lunes por un juzgado ceutí.
En rueda de prensa junto a su consejera de Presidencia, Mabel Deu, el líder del Ejecutivo local ha enfatizado haber logrado activar el Acuerdo de 2007 entre los dos países para propiciar el regreso de menores migrantes no acompañados desde Ceuta, cuya soberanía reclama Rabat, es un “hito histórico” que debe valorarse por encima de todo en términos políticos y de respuesta a una “emergencia humanitaria” como la que, dice, ocurrió entre el 17 y el 19 de mayo con la entrada irregular en la ciudad de 12.000 personas.
“Estamos convencidos de que se ha actuado de manera correcta desde el punto de vista legal”, ha recordado Vivas. “El acuerdo solo dice que los gobiernos se pondrán de acuerdo en cómo llevarlas a cabo, siempre cumpliendo el bien de interés del menor. En ningún sitio dice que haya que tener entrevistas individualizadas”, ha añadido el presidente local, que sobre la obligación expresamente recogida en el texto de actuar con “observancia estricta” de la legislación española ha dicho que “los Juzgados deberán aclarar si el procedimiento debe ser el pactado o lo que dice la Ley de Extranjería”. “Esto nunca se había puesto en marcha y el camino se hace al andar”, ha dicho un día después de que un juzgado ceutí haya alertado de que el pacto en el que se ampara Interior y el Gobierno local para activar el plan de devolución también debe “cumplir con la legislación española”, que obliga a abrir un procedimiento individualizado en cada retorno.
El presidente ha reiterado en rueda de prensa que la realización de entrevistas individualizadas para devolver a los menores migrantes a Marruecos no supone una obligación legal, en base al pacto de 2007 entre Madrid y Rabat: “El acuerdo, tal y como nosotros lo entendemos, no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales”, ha dicho Vivas, que defiende que el único requisito es “acordar un procedimiento entre los dos gobiernos”. No obstante, un juzgado de Ceuta ha concluido que el acuerdo en el que se ampara Interior y el Gobierno local para activar los retornos exige cumplir la legislación española e internacional, que a su vez establece que toda devolución de un niño o adolescente lleve consigo un procedimiento individualizado.
El presidente de la Ciudad ha reclamado para sí toda la responsabilidad de las acciones desarrolladas por la administración local en las repatriaciones ejecutadas (un total de 61, entre ellas seis jóvenes que al cruzar la frontera se comprobó que ya tenían más de 18 años) y ha enfatizado que se ha actuado “de manera conjunta y coordinada” con el Gobierno central, al que ha agradecido la “rapidez” y la diligencia para llegar a un acuerdo con Rabat que “presume” que habrá sido “nada fácil, más bien todo lo contrario”.
“Se ha actuado en interés del menor porque todo el mundo reconoce que donde mejor puede estar es con su familia y su gente en su entorno, y la actuación cumple con ese objetivo prioritario”, ha añadido Vivas, que ha hecho hincapié en que su acogimiento en “recursos provisionales como un polideportivo y campamentos” o en los “asentamientos infrahumanos” que pueblan los que siguen en la calle “no se puede prolongar sin solución a la vista alternativa”.
Desde su punto de vista hacían falta “medidas expeditivas y eficaces” para aliviar la “insoportable presión” descargada sobre Ceuta y para “evitar a los menores seguir en condiciones de absoluta precariedad”. Eso es, cree, lo que se hizo, aunque ha admitido que pueden surgir “dudas” a la luz de las críticas recibidas desde la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, múltiples oenegés, algunos ministerios y hasta Naciones Unidas.
“Estamos convencidos de que se ha actuado de manera correcta desde el punto de vista legal, pero confiamos plenamente en la Justicia y acataremos sus resoluciones”, ha avanzado sobre la posible modificación de un operativo que en la selección de los primeros jóvenes a repatriar primó el criterio de edad (de mayor a menor) y que los trabajadores de la Fundación SAMU no hubiesen detectado en ellos “situaciones de vulnerabilidad”.
El presidente ha reconocido implícitamente que no existen informes individualizados de cada niño expulsado (Save The Children apenas ha podido entrevistar personalmente a unos 350 de un total de 700), pero también ha argumentado que la Ciudad ya ha facilitado al menos una treintena de reagrupamientos familiares en el resto de España y Europa e incluso traslados de emergencia a otras autonomías a los jóvenes en quienes localizaron factores de mayor riesgo.
La consejera de Presidencia, competente en materia de Menores, Mabel Deu, no ha cuantificado el número de jóvenes “vulnerables” ya identificados como tales que, por lo tanto, quedarían al margen de las expulsiones si estas se retoman (“el objetivo es que salgan todos”, según Vivas), pero ha remarcado que están siendo atendidos por SAMU y Engloba en espacios reservados y aislados.
En lo que no ha querido profundizar más allá de reconocer algunas diferencias de criterio es en la posición del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, que ha pedido amparo a la Fiscalía para que los niños y adolescentes de los que se ha hecho cargo no sean expulsados expeditivamente y cuya jefa, Antonia Palomo, reclamó expresamente un protocolo acorde con la legislación para ordenar las devoluciones.