La recortada política de cooperación al desarrollo, que ha perdido más del 70% de sus recursos en la última década, ha experimentado un aumento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado entregado este lunes por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Los fondos asignados a esta partida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se incrementan un 19,7% y alcanzan los 664,12 millones de euros, frente a los 554,74 millones que recibió en 2018, lo que supone 109 millones -un 19,7%- más de presupuesto.
No obstante, los recursos inyectados a la política de cooperación española aún están muy lejos de los niveles que registraron en los años previos a la crisis económica: en 2009, esta partida recibió algo más de 2.817 millones de euros (3.113 ajustado a inflación).
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), encargada de gestionar los proyectos y programas de la cooperación española, estará dotada en este ejercicio, si las cuentas salen adelante, con un 12,2% más de presupuesto que el año pasado. Entonces, con el Gobierno de Mariano Rajoy, también experimentó un aumento similar de sus fondos, esta vez del 14,6%. La AECID ha sufrido en los últimos años un tijeretazo de casi el 70% de sus recursos: en 2010 recibió algo más de 933 millones.
Así, el órgano contará en 2019 con una partida de 365,83 millones de euros, 40 más que en 2018, cuando recibió 325,96 millones. Del monto previsto para este año, 3,17 millones vuelven a destinarse, un año más, a sus actividades de promoción y difusión de la cultura española en el extranjero. Asimismo, 82,9 millones del presupuesto de la AECID provienen de la cooperación delegada, fondos procedentes de la UE para proyectos en distintos países.
La subida del monto total de los fondos destinados a la política de cooperación al desarrollo se explica, también, por el aumento de los otros dos principales instrumentos presupuestarios con los que cuenta en el marco del Ministerio de Exteriores, además de la AECID. Su dotación había permanecido congelada en los dos últimos proyectos de presupuestos, pero en estas cuentas experimentan un crecimiento.
Se trata de dos activos financieros, esto es, créditos o préstamos concedidos por el Estado a empresas públicas o privadas en países empobrecidos. Estos están gestionados, en primer lugar, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento -que solo financia a instituciones públicas-, cuya inversión será de 35 millones de euros, un 133,3% más que en 2018, cuando recibió, por segundo año consecutivo, 15 millones.
A este instrumento se une el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que este año registra un incremento y se sitúa en los 249,23 millones de euros. Se trata de un 25,8% más que en 2018, cuando la partida se mantuvo igual que el año anterior en los 199,23 millones. Esta herramienta para canalizar los presupuestos de la cooperación al desarrollo acumula años de críticas por parte de las ONG, que cada año cuestionan su dotación en los PGE debido a la “enorme infraejecución” en los últimos ejercicios. Asimismo, fue cuestionada en 2016 en un informe del Tribunal de Cuentas, que constataba que parte de ese dinero público se transfiere a los países empobrecidos a través de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales.
“Casi el 70% del aumento [de la partida para cooperación] irá destinado al Fondo del Agua y al FONPRODE, fondos con baja capacidad de ejecución y con partidas supuestamente reembolsables. En contraste, las partidas que más contribuyen al desarrollo se mantienen prácticamente estancadas”, sostiene la Coordinadora de ONGD, que agrupa a decenas de organizaciones, en un comunicado.
“Si observamos cómo han venido funcionando estos fondos, esta decisión nos genera ciertas inquietudes: ¿serán ejecutados esos fondos en su totalidad o, como viene siendo habitual, servirán simplemente para engordar el presupuesto?”, agrega la red de ONG, que considera que, con estas cifras, el Ejecutivo “no asume la recuperación” de la política de cooperación.
El Gobierno enmarca la subida de fondos destinados a cooperación en el cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la ONU, “con la finalidad última de reducir la pobreza y la desigualdad, y fomentar un desarrollo sostenible”. Cuando llegó al poder el pasado junio, el nuevo Ejecutivo tenía entre sus retos la tarea de revertir los efectos que han tenido los recortes en la maltratada cooperación española.
En la oposición, el PSOE se había comprometido en varias ocasiones a aumentar los recursos y a plantear “una senda realista” para la recuperación presupuestaria, aprovechando, decían, “el margen de maniobra político” que dé la legislatura. El pasado julio, el presidente del Gobierno señaló en el pleno del Congreso que uno de los retos de su mandato sería “fortalecer y recuperar la política de cooperación al desarrollo como elemento definitorio de la política exterior de España”. Sin embargo, en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 suscrito entre PSOE y Unidos Podemos el pasado octubre no hacía ninguna mención a la cooperación al desarrollo.
Aún se desconoce la cifra total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), compuesta por partidas de otros ministerios y de comunidades autónomas, que no suele conocerse hasta la publicación del Informe Agregado en las próximas semanas. La Ley de Cooperación estipula que debería difundirse junto al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del estado, una exigencia incumplida desde hace años, según ha denunciado ejercicio tras ejercicio la Coordinadora de ONGD Española.
La red de ONG ha propuesto al Gobierno de Sánchez, entre otras medidas, que en estos presupuestos destinara el 0,35% de la Renta Nacional Bruta a la ayuda al desarrollo, “para garantizar una cooperación a la altura de los retos mundiales” y con el objetivo de lograr el 0,4% para 2020, tal y como el PSOE demandaba junto al resto de partidos políticos en la oposición: el grupo parlamentario socialista fue precisamente el que impulsó a finales de 2017 una Proposición No de Ley que instaba al Ejecutivo a caminar hacia este objetivo a final de la legislatura. El año pasado, la AOD se situó en el 0,22%, lo que coloca a la cooperación española a la cola de Europa.
“El anunciado incremento de 109 millones para cooperación inicia una débil recuperación, aunque claramente insuficiente tras años de enorme debilitamiento y muy lejos de la ruta para cumplir con el compromiso del gobierno de alcanzar el 0,4% de la RNB para final de la legislatura”, opina la Coordinadora, que destaca una de las “pinceladas positivas” del proyecto de presupuestos: el aumento, en 20 millones, de los fondos para acción humanitaria, que ha sufrido un recorte acumulado de casi el 90% en los últimos años.