- La Coordinadora de ONG de la Comunidad de Madrid denuncia en la campaña 'Elijo Solidaridad' el incumplimiento de los compromisos de la región en materia de cooperación
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que Madrid era una región referente en materia de solidaridad internacional y cooperación para el desarrollo. La cooperación madrileña constituyó durante años ese punto de encuentro en el que la ciudadanía, las organizaciones sociales y los poderes públicos trataron de articular cada vez mejores respuestas ante los crecientes problemas del desarrollo como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la violencia o los efectos del abuso de la naturaleza. Era pues una expresión de la solidaridad internacional de la población madrileña y un esfuerzo de las administraciones públicas madrileñas por participar, a partir de la propia experiencia, en los procesos de desarrollo de otros territorios que, con el tiempo, veíamos que cada vez influían más en nuestro propio proceso de desarrollo.
La construcción, no sin dificultades, de esta política pública autonómica de carácter global nos enseñó que lo que ocurría en otros lugares del mundo estaba íntimamente ligado a lo que sucedía en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Y al contrario, que nuestro modelo político, social y económico acababa por afectar a otras personas más allá de nuestras fronteras.
En definitiva, aprendimos en el camino que la cooperación no es ya solo el canal por el que expresar los deseos de solidaridad, o por el que aportar recursos, conocimientos, vivencias y experiencias. La construcción de la política de cooperación no es pues exclusivamente un imperativo moral y político, es también una exigencia para gobernar colectivamente mundo que se ha hecho más complejo e interdependiente. Es por tanto una responsabilidad para el conjunto de actores de la sociedad internacional.
Es doloroso, por todo ello, conocer un año más el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid en el que la cooperación para el desarrollo vuelve a quedar excluida. La misma comunidad autónoma que fue pionera en entender su papel en relación a esta cooperación que hoy ignora: fue la primera comunidad autónoma en consensuar una Ley autonómica de cooperación y es una de las que mayor capacidad de planificación y orientación estratégica de su cooperación había logrado. La misma comunidad autónoma que había evidenciado una apuesta por aumentar de manera sostenida su compromiso presupuestario con la cooperación.
En estos días nos encontramos con un proyecto de presupuestos que no hace más que confirmar el abandono de esta política, tras el incumplimiento de elaboración de una Plan General de Cooperación ―principal instrumento de planificación― y la supresión hace poco menos de un año del Consejo de Cooperación ―principal órgano de consulta y participación―.
El actual proyecto de presupuestos corrobora el desmantelamiento de la cooperación autonómica madrileña, cuyo presupuesto ha descendido en un 94% respecto a su máximo histórico, en 2008. La cifra propuesta en el proyecto de presupuestos para 2015 no llega a los dos millones y medio de euros (más de la mitad de los cuales son dedicados a cubrir gastos de estructura y personal), sobre un presupuesto de más de 17.400 millones de euros. Representa la triste cifra del 0,01% respecto al presupuesto de la Comunidad de Madrid, lo que sitúa a esta comunidad en el último lugar en cuanto al compromiso con la cooperación.
La clásica explicación según la cual en tiempos de crisis es necesario priorizar las políticas domésticas y la propia población comienza a mostrarse, además de insolidaria y profundamente errónea, insostenible. El efecto sobredimensionado de los recortes en la cooperación cuando los presupuestos descendían no está encontrando su correlato inverso ahora que el presupuesto vuelve a crecer.
El rápido desmantelamiento de la política de cooperación de la Comunidad de Madrid (apenas tres o cuatro años han sido suficientes) ilustra una concepción instrumental de esta política. Pero el problema de fondo es más profundo, evidencia una clara miopía por parte del gobierno regional respecto a las preocupaciones de la ciudadanía, conlleva a un alarmante debilitamiento del tejido asociativo madrileño, trunca largas relaciones con los socios de cooperación centradas en la construcción conjunta de procesos de desarrollo y cercena las aspiraciones de consolidar una ciudadanía madrileña profundamente global.
En definitiva, es una renuncia, difícilmente asumible, a contribuir a la gobernanza de un mundo que demanda la participación de todos los actores. Es una renuncia excesiva para una ciudadanía y una región como la madrileña.
Nos encontramos en el caso de la Comunidad de Madrid, no obstante, ante una opción política, el desmantelamiento de la política de cooperación, que, aunque común, no ha sido mayoritaria. Otros gobiernos locales en la región madrileña y otros gobiernos autonómicos parecen haber entendido que la cooperación es una política pública construida a partir de la demanda ciudadana y en respuesta a las responsabilidades globales.