Son las ocho de la tarde de un martes de finales de enero en Ciudad de México y cientos de personas se arremolinan frente a la Secretaría de Gobernación, situada en el centro de la capital. Junto a los carteles que rezan “exigimos justicia”, “no se mata la verdad matando periodistas” y “tengo rabia al silencio”, los manifestantes encienden velas y sus voces ascienden hasta las paredes de hormigón donde se proyectan las fotografías de una mujer y dos hombres de mediana edad: sus nombres son José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado.
Sus asesinatos, ocurridos respectivamente el 10, el 17 y el 24 de enero en las mismas ciudades donde Gamboa y Maldonado ejercían como comunicadores y Martínez como reportero gráfico, han conmocionado al gremio periodístico y a los ciudadanos mexicanos. Este 25 de enero fueron convocadas concentraciones en cerca de 40 localidades con el objetivo de reclamar, una vez más, el fin de la violencia en uno de los países más letales del mundo para los profesionales de la información. Los tres periodistas radicaban en distintos puntos de México: Maldonado y Martínez trabajaban en Tijuana, situada al norte de Baja California, y Gamboa en Puerto de Veracruz, población costera del estado de Veracruz.
Martínez y Maldonado perdieron la vida acribillados a balazos, en el caso de Maldonado frente a su propio domicilio, y Gamboa murió apuñalado. Según los datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en 2021 se documentaron al menos ocho asesinatos y dos desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad periodística y las condiciones en las que esta se ejercía. También fue registrado el asesinato de dos guardias de seguridad que custodiaban las instalaciones de una entidad de comunicación. En 2020, la cifra fue aún mayor: 13 periodistas asesinados y 231 agresiones, de acuerdo con el monitoreo de la Red de Periodistas de a Pie.
“La espiral de violencia no se ha detenido, ni siquiera con la pandemia”, opina la periodista Daniela Pastrana, integrante de la Red de Periodistas de A Pie y fundadora del medio digital Pie de página. “Es necesario establecer un diagnóstico de lo que está pasando, especialmente en Tijuana y Baja California”, recalca a elDiario.es. En 2012, tras los años más duros de la denominada guerra contra el narco, la Red contribuyó a la creación de un Mecanismo Federal y una serie de Mecanismos Estatales de Protección a Periodistas. “Ahora necesitamos ver qué ocurre en las relaciones político-criminales, el punto central que hay que analizar es la revisión de los mecanismos”, afirma Pastrana, algo con lo que coinciden Periodistas Unidos y otras organizaciones de la sociedad civil que convocaron las protestas en distintos puntos del país.
Ineficacia de mecanismos de protección
Al otro lado del teléfono, Omar Martínez, reportero gráfico de Tijuana, explica que la muerte de su compañero Margarito “es lo más complicado que me ha tocado cubrir en mis 20 años como periodista”. “Llevo dos décadas documentando lo que pasa en mi ciudad y nunca me había sentido así”, enfatiza, pese a estar acostumbrado a convivir con la violencia de una localidad fronteriza como Tijuana, actualmente disputada por tres cárteles. Al igual que Margarito, se especializó en cubrir lo que en México se denomina nota roja, una labor que implica retratar situaciones de extrema violencia. “Me preocupan las coberturas de mis compañeros y las mías, sé que si algún día tomo una fotografía que no le gusta a alguien puede pasar algo”, lamenta.
“Para el narcotráfico, llamar la atención matando a un periodista es muy fácil”, prosigue Omar, que dice no confiar ni en la policía ni en el Gobierno, quienes llegan “tarde, porque ya murieron tres personas”. En marzo de 2019, Maldonado había interpelado al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una conferencia matutina, asegurando que temía por su vida y exponiendo su litigio con una televisión local propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, batalla que ganó precisamente una semana antes de su muerte. Bonilla ha negado cualquier relación con el asesinato y López Obrador pidió este lunes “no adelantar ningún juicio”, según declaraciones recogidas en medios mexicanos.
Según explica Daniela Pastrana a elDiario.es, el Mecanismo Federal no se ha aplicado correctamente en los diferentes Estados del país, que no poseen los recursos necesarios para cumplir las medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la estructura federal también está saturada debido a la falta de presupuesto y los tiempos de espera para gozar de medidas de protección, apunta la fundadora de Pie de página.
Al contrario que Gamboa y Martínez -aunque el segundo sí lo había solicitado-, Maldonado estaba acogida al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas de Baja California. Las medidas incluidas en en este sistema, como un “botón del pánico” y el acompañamiento nocturno de una patrulla, demostraron ser insuficientes para evitar su asesinato.
“Más allá de la indignación necesitamos analizar y revisar por qué estas herramientas no están funcionando”, señala Pastrana, quien denuncia la opacidad por parte del Gobierno y los Estados. “Debemos presionar también de forma directa a las Fiscalías, Lourdes dijo abiertamente que temía por su vida, y las agresiones vienen por parte de actores estatales, no solo del narcotráfico”.
La precariedad, otro riesgo
La poca eficacia de los mecanismos de protección y la inseguridad que implica la precarización del periodismo son las dos consignas más repetidas entre los periodistas que toman la palabra en la concentración celebrada este martes en Ciudad de México. También quienes están amparados bajo garantías federales y estatales lamentan que medidas como los botones del pánico se encuentren gestionadas en ocasiones por empresas privadas y no exista una rendición de cuentas. “Soy testigo de la omisión y de las malas prácticas del mecanismo”, asegura Yanely Fuentes, periodista originaria de Guerrero, amparada por el Mecanismo Federal y desplazada por las amenazas recibidas tras documentar las torturas en las cárceles de dicho estado. “Dos años y medio después de estar desplazada el mecanismo me exige retornar, pero no tengo garantías”.
“Uno de los problemas de Lourdes era su situación laboral, la precarización laboral también asesina a periodistas, cancela las posibilidades de vida digna”, recalca el portavoz de la Asamblea de Trabajadores de Medios de Comunicación. Desde la organización Frontline Freelance, Pedro Omar García denuncia que el peligro al que se enfrentan los periodistas en México empieza mucho antes de las amenazas, cuando un profesional “apenas puede pagar el taxi que le lleva a realizar sus coberturas o los medios para los que trabaja no se hacen responsables de su seguridad”.
“Cada vez hay más freelance y falsos autónomos sin ninguna prestación, y a ese problema se suma la falta de presupuesto para los mecanismos y la burocracia”, añade Andalucía Knoll, coordinadora de la organización. “Muchas veces ni siquiera se tiene en cuenta a los freelance dentro de los requisitos para ser amparados por los mecanismos porque tienen que ganarse la vida con otros trabajos para complementar los pocos ingresos del periodismo”.
“Ya estamos cansados de los reclamos [hacer peticiones al Gobierno] en México”, concluye Pedro Omar García. “Ya solo tenemos enojo y hartazgo, sabemos que aunque reclamemos el Gobierno difícilmente va a cambiar algo, tenemos que partir desde la organización de nuestro gremio, nos queda poco más”. En su conferencia matutina del 25 de enero, AMLO prometió investigar a fondo el caso de Lourdes Maldonado, lo que “no ataca el problema estructural”, según el portavoz de Periodistas Unidos. Alrededor de las diez de la noche, la concentración en Ciudad de México termina; muchos de los asistentes se saludan entre sí, se conocen de otras manifestaciones y otras coberturas. Frente a la Secretaría quedan varias velas prendidas, que no solo alumbran las fotografías de Lourdes, Margarito y José Luis, también las de muchos otros periodistas para los que sus compañeros continúan exigiendo justicia.