PSOE, Sumar y Coalición Canaria registran en el Congreso la propuesta de ley para el reparto obligatorio de menores

No hay garantía de contar con el respaldo parlamentario suficiente, pero la propuesta de ley para el reparto obligatorio de menores migrantes ya está en el Congreso. Diputados del PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado por vía de urgencia este lunes la propuesta legislativa para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de crear un sistema vinculante que permita los traslados automáticos de niños, niñas y adolescentes en momentos de emergencia humanitaria como el existente actualmente en Canarias. Las formaciones pretenden debatir la medida en el último pleno extraordinario, el 23 de julio, por lo que buscarán recabar los apoyos necesarios in extremis, en la próxima semana.

El borrador de la reforma ha sido presentado en el registro por los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, Patxi López; de Sumar , Iñigo Errejón; y por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Los han acompañado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El Gobierno central ha defendido su tramitación como propuesta de ley, en vez de decreto ley -como pedía Coalición Canaria-, al tratarse de la reforma de una Ley Orgánica, en cuyo cumplimiento entran en juego las competencias de las distintas comunidades autónomas, sostienen fuentes gubernamentales. El Ejecutivo busca evitar que los menores queden en un limbo con el objetivo de que sea “lo más garantista posible”, sin embargo, las reticencias presentadas por el PP, no dejan claro el destino de la iniciativa.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que en la tramitación de la medida “es muy importante lo que haga el PP”, por lo que solicita a la formación de Alberto Núñez Feijóo que se coloque “al lado de la infancia” para permitir la reforma.

“Lo haremos con la máxima urgencia. Buscaremos el apoyo de los grupos restantes para que esto se pueda aprobar con la máxima rapidez posible, por el interés del menor”, ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La idea inicial del Gobierno central y el canario es lograr los respaldos suficientes a lo largo de las próximas semanas para que la medida pueda ser aprobada en el pleno del próximo 23 de julio, con la finalizad de comenzar con los traslados de menores durante el mes de agosto, cuando se esperan que el ritmo de llegadas se acelerará aún más. La reforma normativa pretende que todos los menores que en el momento de la aprobación de la norma superen el 150% de ocupación de las comunidades tensionadas sean trasladados a distintas comunidades autónomas en un plazo de 12 meses.

En el caso del resto de chavales llegados a partir de entonces serían distribuidos por la península después de ser filiados, en un plazo de 15 días. “Es mecanismo rápido ágil que preserva el interés del menor”, ha defendido Torres. En el caso de que haya dudas con respecto a la edad de los menores, el proceso de determinación de la edad correría a cargo de la región de destino. “La intención es que salgan cunto antes, si hay algún tipo de duda se terminará de dictaminar en la nueva comunidad de acogida. Sino, no saldrían de Canarias”, añade el ministro de Política Territorial.

Advirtiendo del previsible aumento de las llegadas de cayucos y pateras al Archipiélago, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en la necesidad de aprobar la reforma de la Ley de Extranjería por decreto ley, para comenzar con los repartos de migrantes en agosto, ante el largo proceso que teme que genere la tramitación parlamentaria de la medida. “Es una parte del proceso en la que se registra la ley. Ojalá que llegue a tiempo para dar la respuesta inmediata que necesita Canarias. Ojalá sigamos trabajando en la tramitación pero no se descarte un decreto ley que tenga una respuesta inmediata. Si la tramitación se tuerce, es necesario un decreto ley que dé respuesta rápido a la necesidad de esos niños y niñas”, ha declarado Clavijo. “Presentamos la proposición de ley, pedimos una tramitación rápida y seguimos defendiendo ese decreto ley. Nosotros ahora queremos que se atienda la emergencia, que tiempo hay para profundizar en la reforma de ley y añadir mejoras”.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha solicitado a las distintas formación que hagan “una reflexión de verdad” sobre su respaldo a la medida ya que, ha recordado, el objetivo es atender a “niños que salen de sus países escapando del hambre, la guerra y la miseria”. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha pedido solidaridad al resto de formaciones políticas: “Lo que ocurre en Canarias es responsabilidad del Estado español”, ha dicho. “Estamos hablando de cantidades tan absurdas y oímos discursos tan absurdas que quiero creer que la conciencia de quien está aquí en esta cámara, también elegidos por los canarios, van a saber estar a la altura”.

Por su parte, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha solicitado al PP el respaldo a la medida. “Todos tienen España en la boca pero, cuando una comunidad pide ayuda, miran a otro lado. Un sistema de acogida solidario, vinculante con financiación suficiente”, ha declarado.

Apoyos difíciles

La propuesta normativa aterriza en el Congreso cuando están en el aire los apoyos con los que contaría la propuesta de ley, dado que el PP es clave para que salga adelante y, de momento, no ha dejado clara su posición al respecto. Junts tampoco da el brazo a torcer y no acepta la medida con las actuales condiciones. Alberto Núñez Feijóo dejó en manos de las comunidades autónomas su decisión sobre la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, pero durante la conferencia sectorial de este miércoles los gobiernos autonómicos del PP pospusieron en bloque su decisión al respecto y solicitaron más tiempo para estudiar el borrador de la normativa.

El único acuerdo que salió adelante de la reunión fue el reparto voluntario de 347 menores desde Canarias a toda España, lo que suponía dar luz verde a las cifras correspondientes a 2024 de un pacto no vinculante de traslados que se lleva aplicando desde 2022. Los votos a favor del PP en este sentido fueron suficientes para desencadenar la ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos que comparte con la formación de Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que en estas comunidades solo debían recibir a entre 16 y 30 chavales. Se trata de un pacto insuficiente para aliviar la situación del Archipiélago, que calcula que debe trasladar a más de 2.000 menores.

La reforma

La actual normativa hace muy complicada la distribución de menores a otros puntos de España. Cuando se ha intentado a través de acuerdos voluntarios, como el aprobado este miércoles, el procedimiento cuenta con engorrosos trámites burocráticos y se acaba dilatando en el tiempo. Es frecuente que los compromisos voluntarios no se cumplan: el año pasado hasta 12 comunidades no acogieron a ni un solo de los menores comprometidos. Ante esta situación, el Gobierno canario y el central apuestan por un cambio normativo para que, en épocas de saturación de los centros de menores de determinados territorios, se active de forma sistemática una distribución por España, con unos criterios previamente marcados por ley, para evitar así largas negociaciones.

La reforma, tal y como está planteada en el borrador al que ha accedido elDiario.es, permitiría al Gobierno de España intervenir cuando las comunidades no ofrezcan su solidaridad para acoger a los jóvenes rescatados en la frontera sur, como ha sucedido hasta ahora. El enfoque acordado propone que los traslados se realicen en aquellas comunidades donde los menores acogidos alcancen el 150% de la capacidad de plazas asignadas. En Canarias, este límite se situaría en alrededor de 3.000 menores. 

La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones en 2023 ha permitido a la Consejería de Bienestar Social abrir nuevos espacios de acogida con agilidad, pero estos no siempre reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

En las últimas semanas, han salido a la luz varias denuncias que apuntan a condiciones de insalubridad, hacinamiento y agresiones en algunos centros del archipiélago. La propuesta del Gobierno central y el canario pasa por modificar un artículo de la ley de Extranjería con el objetivo de establecer un sistema obligatorio de reparto de menores en caso de que una comunidad alcance el 150% de sus plazas de acogida.