“Un hombre dominicano afro descendiente nos dice que ha sufrido 19 controles en los 10 meses que lleva aquí”. Es uno de los testimonios recogidos en el Tercer Informe sobre redadas racistas de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), que llevan al colectivo a denunciar que persisten en Madrid los controles policiales de identidad por perfil étnico, unas prácticas que “constituyen una vulneración de los derechos humanos y de las libertades”, apuntan.
Así lo expresa este colectivo que este jueves ha explicado en rueda de prensa los datos que se recogen en su tercer informe sobre las redadas racistas y que denuncian “innumerables” casos en Comunidad de Madrid recogidos durante el periodo que va de noviembre de 2012 a octubre de 2014.
“Durante el periodo que abarca este informe han continuado de forma masiva, cotidiana y habitual las redadas racistas”, sentencia el informe a raíz de los testimonios recogidos.
El hombre dominicano que aseguró, el 12 de diciembre del 2012 en la zona céntrica de Sol, haber sufrido ese número de detenciones, apuntó que “lleva la cuenta de las veces que lo han detenido tanto policías uniformados, como secretas”. En el barrio de Puente de Vallecas, “dos chicos jóvenes marroquíes nos cuentan que ven controles todos los días en el boulevard en Puente de Vallecas. Uno de ellos nos cuenta que le piden la documentación casi todos los días, incluso a veces cuando baja al portal de su casa a fumar”, recoge el documento.
La organización recaba testimonios reales por observación directa o por declaraciones de personas que contactan con ellos a través de las redes sociales y del correo electrónico para denunciar casos personales, cercanos o de los que han sido testigos. Así, la entidad denuncia que se “mantienen” en el tiempo los “controles racistas” que, a su juicio, “obedecen a órdenes del Ministerio del Interior y de las delegación del Gobierno”, no a una iniciativa espontánea de los agentes de policía.
Las brigadas vecinales observan que la policía ha cambiado de estrategia y ha modificado la forma de realizar los controles. Aseguran que se “incrementan” los dispositivos “más discretos” frente a los “más espectaculares”. En el informe se desprende un aumento de identificaciones realizadas por la policía secreta frente a los realizados por policía uniformada y con dispositivos policiales. Estos primeros son “más móviles, más breves y en los que las personas retenidas están menos tiempo expuestas a la vista en la vía pública”, lo que puede explicar que se haya registrado un número inferior de denuncias con respecto a otros años.
Vivir con miedo
Las brigadas vecinales explican que estas prácticas se llevan a cabo en espacios públicos (calle o transporte público) y en privados (locutorios, tiendas o discotecas). El resultado: la limitación de movimientos de las personas en situación adminitrativa irregular, unos movimientos que se rigen por el miedo. El temor, a ir a comprar, a ver a un amigo o a tomar el metro y poder acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ser deportado a su país de origen.
La línea política de estas actuaciones se basa en “priorizar los discursos basados en la implantación del miedo frente al respeto a los derechos humanos y a las libertades”, apuntan, ya que el trato a las personas es, según destacan, “vejatorio” debido a los cacheos públicos con violencia física y verbal realizados a menudo cuando el sujeto pregunta el motivo del control.
Las deportaciones y el internamiento en los CIE de lis inmigrantes en situación irregular están muy relacionados con las redadas racistas, indica el informe. La identificación puede derivar en detención, multa u orden de expulsión, así como el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CEI) como el de Aluche después de redadas.
El 13 de mayo de 2014 un hombre ecuatoriano en Cuatro Caminos afirmó que “han deportado a un familiar suyo hace dos o tres semanas después de pararle en Cuatro Caminos por esta zona. No sabe cómo ocurrió ni a qué hora, ni el lugar exacto, pero sí que le han deportado por la única razón de estar en una situación de irregularidad administrativa”, afirma uno de los testimonios.
Con respecto a los CIE, la organización denuncia “maltratos y torturas llegando incluso en algunos casos a la muerte” a través de lo que consideran “homicidios impunes” por no recibir la correcta atención sanitaria. “El Gobierno desoye con total transparencia y democracia las críticas de la sociedad civil y las recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales”, alegan.
Un millón de identificaciones en 2012
Según los datos que maneja la organización basados en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior del año 2012, se efectuaron más de 7 millones de identificaciones de los cuáles más de 1 millón se registraron en Madrid
En el documento se recogen “controles racistas, invisibilización y redadas” en barrios madrileños como Sol, Vallecas, Lavapiés, Ciudad Lineal, Usera y Pacífico en donde crece el “seguimiento y acoso” de personas que siguen, en su mayoría, un perfil extranjero con rasgos no europeos y “generalmente” de clase media baja o baja.
También denuncian el trato “degradante” hacia las personas por parte de los agentes, que en su opinión “gozan de impunidad” y generan, en muchos casos, “alarma social”.