Los primeros rayos del sol entran por las ventanas de la cocina. Amanece en el Mediterráneo central. Hacía más de seis meses que el Open Arms no surcaba estas aguas. Huele a café recién hecho y Saverio, el encargado de los fogones del barco, está ya ayudando a preparar los desayunos para los voluntarios y la tripulación. Este romano de 35 años se embarcó hace unos días en Nápoles “para ayudar a las personas que salen a la mar en este periodo tan complicado”.
Detrás de estas palabras está el cúmulo de restricciones a las ONG que salvan vidas por parte de los Gobiernos. Solo una de ellas sigue en el mar: Proactiva Open Arms. La alemana Sea Watch, tras permanecer dos semanas frente a la isla italiana de Lampedusa, ha decidido desembarcar durante la noche con 40 rescatados.
Tras medio año sin desplegar su misión de rescate en las aguas que unen Italia y Libia, el barco la ONG catalana levó el ancla el pasado 26 de junio desde la localidad italiana para regresar al Mediterráneo. Lo hacían desafiando la prohibición del Gobierno español, que les ha impedido expresamente llevar a cabo tareas de salvamento en la zona, para lo que lo mantuvo bloqueado durante más de 100 días en el puerto de Barcelona. “No aguantamos más, nos vamos. Antes presos que cómplices”, anunciaba Òscar Camps, director de la ONG catalana, en Twitter.
Terminaba así un periodo protagonizado por la incertidumbre y la falta de comunicación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que solo se ha manifestado a través del Director General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Tras el mensaje de Camps, el buque ha recibido varias cartas en las que el Director General recuerda que “no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad”, según puede leerse en una de las misivas, a la que ha tenido acceso eldiario.es. También, les impiden “efectuar navegaciones con el propósito” de llevar a cabo tareas de salvamento “u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones” si no cuentan con permisos con las autoridades correspondientes, es decir, Italia o Malta.
¿A qué se pueden enfrentar si no lo cumplen? Según les comunica el Director General en el documento, “los incumplimientos (...) que se deriven del contenido de esta comunicación constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo”, que podrían suponer cada una de ellas “multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente”. La última carta la recibieron hace dos días.
A bordo del Open Arms están decididos a seguir adelante si se topan con vidas en peligro en el mar. “No temo las consecuencias de un posible rescate, lo que temo realmente es que no se rescate a la gente que lo necesita”, afirma Leticia Cabo, la médica del buque humanitario. Lo mismo defiende Ricardo Gatti, jefe de la misión. “No me da miedo lo que pueda suceder si se rescata. Sabemos que sí podría pasar algo, incluso multarnos. Pero luego se podría recurrir y que la multa no tuviese efecto. No soy experto, pero el derecho marítimo o las convenciones internacionales son las que mandan. De hecho son las que hasta ahora han amparado el trabajo que hemos hecho”, asevera.
El derecho marítimo humanitario obliga a auxiliar a personas en peligro en el mar a toda embarcación que se las encuentre. Por eso, para Gatti, “no se trata de arriesgarse o no arriesgarse, se trata de seguir las obligaciones de las convenciones internacionales”. “Sabemos que las represalias de los Gobiernos y los abusos institucionalizados siguen adelante desde hace años. Ya nos han parado el barco sin motivación alguna. Cuando se trata de proteger los derechos de las personas, poco límite hay”, prosigue el joven italiano , que lleva participando en labores de rescate con Open Arms desde que los conoció en el año 2015 en la isla griega de Lesbos.
Esther Camps, socorrista y patrona de una de las lanchas rápidas, coincide con él: “El mundo se ha vuelto loco. ¿Cómo te pueden prohibir rescatar? Tarde o temprano esto tiene que explotar, no puede ser que nos estén impidiendo salvar vidas. Paciencia y fuerza para seguir”, comenta. Desde el primer cierre de puertos al buque Aquarius, el 10 de junio de 2018, al menos 1.151 personas han muerto en su intento de atravesar el Mediterráneo central.
Este viernes, el barco ha continuado avanzando poco a poco por el Canal de Sicilia a unos cinco nudos. “Estamos navegando en dirección a Lampedusa, que es donde tenemos que ir ahora”, indica Gatti. “Allí ya estaremos en una zona donde muchas veces hay embarcaciones que necesitan ser rescatadas, y donde podremos observar lo que está ocurriendo en el Mediterráneo y denunciar si vemos violación de derechos de las personas que se juegan la vida en el mar”, continúa.
El jefe de máquinas, Francesc Llambrich, lo ilustra con pocas palabras: “Si tu vas por la carretera y ves a un tío que tiene un accidente vas a parar. Si vas por la mar y encuentras un tío que lo necesita, lo rescatarás”. A continuación, se pone unos cascos para amortiguar el ruido del motor y baja las escaleras que llevan a la sala de máquinas, el corazón que permite que este viejo remolcador reconvertido en barco de rescate avance de nuevo por el Mediterráneo como una pequeña luz de esperanza para las miles de personas que, desesperadas, intentan cruzarlo cada año. “En el Mediterráneo central está habiendo un genocidio, son muertes que se podrían evitar y no se están evitando”, sentencia Cabo desde el camarote dedicado a enfermería.
El desafío de la capitana del Sea Watch
En Lampedusa, adonde se dirige el Open Arms, ha atracado durante la noche el barco Sea Watch 3, con 40 migrantes rescatados que llevan más de 16 días a bordo. La desesperación pesaba y el estado físico y psicológico no ha hecho más que deteriorarse, según ha alertado en reiteradas ocasiones la ONG en los últimos días.
Al menos 13 personas fueron evacuadas por motivos médicos, dos de ellas durante la noche de este jueves. Este miércoles, tras el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a dictar medidas para obligar a Italia a desembarcar a los rescatados, la ONG dio un paso más por “motivos de emergencia”. La embarcación entró en aguas italianas quebrantando el bloqueo del Gobierno italiano, que les había mantenido durante días en aguas internacionales, bordeando la línea invisible que separa ambas zonas. Un nombre propio estaba detrás de la decisión, el de Carola Rackete, la capitana de la nave.
En la madrugada del sábado, el barco ha entrado en el puerto sin autorización invocando el estado de necesidad para poder desembarcar a los 40 inmigrantes. Su capitana atracó el barco hacia las 01.50 hora local (23.50 GMT) en el muelle comercial y posteriormente ha sido detenida por agentes italianos acusada de “resistencia o violencia contra un buque de guerra”, delito que implica una sentencia de tres a diez años.
La Fiscalía de la ciudad siciliana de Agrigento había abierto este viernes una investigación contra la capitana por presunta colaboración con el tráfico de personas, una acusación que ha pesado en los últimos meses sobre otros activistas que defienden los derechos de los migrantes.
Entre los riesgos a los que se enfrenta por no respetar el alto de las autoridades italianas, en primer lugar, se encuentra una sanción administrativa que va 10.000 a 50.000, recogidas en un decreto ley aprobado recientemente por el Gobierno italiano que le permite “restringir o prohibir” la entrada en aguas territoriales a los barcos de las ONG “por razones de orden y seguridad pública”.
Las posibles consecuencias penales no están claras. Hay quienes defienden que también puede enfrentar un delito por violar el código de navegación al desobedecer a un barco militar que podría llevarla a la cárcel. Otro de los posibles escenarios es la incautación del barco, como ha sucedido en el pasado con otros buques de ONG y la propia Sea Watch, así como el Open Arms, que acabaron siendo liberados. “Todavía no está claro a qué riesgos estamos expuestos exactamente, ya que se trata de una multa junto a posibles investigaciones penales”, apuntan desde la organización.
Mientras tanto, el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, ha intensificado sus ataques contra la capitana y el equipo de Sea Watch, insistiendo que no autorizará el desembarco. “50.000 euros de multa para la ONG, confiscación del barco, detención y expulsión de la tripulación y deportación de Italia de los inmigrantes a bordo: si esto ocurre, soy un hombre feliz”, ha dicho ante los medios. Por su parte, según recoge Reuters, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha acusado a la capitana de cometer una acción “increíblemente grave” al entrar en aguas italianas sin permiso.
Este viernes, Rackete, de 31 años, respondió en una rueda de prensa por Skype que está dispuesta a asumir las consecuencias legales de su decisión. Sabía a lo que se enfrentaba, pero no es lo que más le importa. Su prioridad, insistía, era llevar a los supervivientes a tierra cuanto antes. “Estoy segura de que la Justicia italiana reconocerá que la ley del mar y los derechos de las personas están por encima de la seguridad y el derecho de Italia a sus aguas territoriales”, ha recalcado. “Afrontaré todo con el apoyo de nuestros abogados. Ahora solo quiero que las personas puedan bajar a tierra”, ha insistido.
Sobre los comentarios de Salvini, Rackete fue tajante: “Tengo 40 personas, más 20 de la tripulación, o sea, 60 personas de las que encargarme. Estoy ocupada todo el tiempo, día y noche. Que Salvini se ponga a la cola”.