España está en los países europeos con mayor diferencia entre el dinero que destina al control de fronteras y el que usa para atender a los refugiados y asilados: entre 2007 y 2013 dedicó 289.394.768 euros a seguridad por los 9.342.834 euros para mejorar la situación de esos dos colectivos de personas, según ha comprobado Amnistía Internacional (AI) en un estudio. Son 280 millones de diferencia.
AI constata en su documento El coste humano de la fortaleza europea que en el club de los países con más diferencias, además de España, están Grecia, Bulgaria, Italia o Malta. El texto reseña que las medidas policiales financiadas por los estados miembros deben, en todo caso, respetar los Derechos Humanos. Sin embargo, las prioridades, expresa el informe, “se han focalizado en sellar las fronteras más que en las obligaciones humanitarias”. Así, el Directorio para Asuntos Internos de la Comisión Europea dedicó 1.820 millones de euros -casi la mitad de su presupuesto para Solidaridad y Gestión de Flujos Migratorios- en ese periodo de seis años a actividades, equipamiento e infraestructura tecnológica para el control de las fronteras en el área Schengen“. Por otro lado, fueron 700 millones los invertidos en apoyo a procesos de asilo, servicios de acogida e integración de refugiados. Un 17%.
Básicamente, “los países de la UE están pagando a sus vecinos para que vigilen sus fronteras por ellos”. El problema, subraya la organización, es que muchos de estos países “con frecuencia son incapaces de garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes que están atrapadas en ellos, muchas de las cuales terminan en la indigencia, explotadas, acosadas y sin poder acceder a procedimientos de asilo”, analiza la ONG sobre la situación descrita en su informe.
En el análisis se describen los muros que la Unión Europea está trazando en su territorio mediante los estados más fronterizos. Así, explica que se levanta una fortificación en el sureste: Bulgaria y Grecia. “Antes de la mitad de 2012, la ruta entre Turquía y Grecia era una de las principales para entrada de refugiados en la Unión. En agosto de ese año se lanzó la operación Aspida (escudo) para bloquear la frontera”. Como consecuencia, en octubre de 2012 se detectaban menos de 10 refugiados a la semana en esa zona cuando, anteriormente, la cifra era 2.000.
Acuerdo con terceros
De igual manera, AI habla de “externalización del control migratorio a terceros países”, al suscribir acuerdos de cooperacion con estados como Libia, Marruecos o Turquía. Bajo diferentes formas o convenios, la Unión Europea “financia equipamiento de vigilancia fronteriza, entrenamientos de guardias y guardacostas y el establecimiento de redes de información compartida”. A pesar de que los derechos de los migrantes son descritos como pieza clave en la “política exterior de la UE”, muchos de estos acuerdos se centran más, dice AI, en “evitar la inmigracion ilegal y devolver a las personas mediante convenios de retorno que en abrir más canales legales para promocionar los derechos de los inmigrantes”. Más si se tiene en cuenta que la mayoría huyen de conflictos o persecuciones en sus lugares de origen como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia.
Devoluciones en caliente
Amnistía Internacional hace especial mención a las devoluciones en caliente que se están produciendo en España, el muro más meridional. En febrero de este año, la Guardia Civil lanzó pelotas de goma contra un grupo de inmigrantes de unas 250 personas que trataban de llegar a Ceuta nadando desde Marruecos. En aquel incidente murieron 14 personas.
En este sentido, el texto recuenta que en el mar se perdieron 400 en la costa italiana de Lampedusa en 2013. En los primeros seis meses de 2014, otras “200 personas han muerto o desaparecido en las aguas del Mediterráneo o el Egeo”.