El Gobierno británico está dispuesto a ir más allá de “los límites de la legislación internacional” para castigar a los refugiados que cruzan en botes el canal de la Mancha. La ministra de Interior, Suella Braverman, defiende que la prioridad de la nueva ley que ha presentado este martes en el Parlamento es detener, expulsar y prohibir la entrada en el país a quienes llegan a las costas británicas, la mayoría albaneses y afganos.
“Yo y el primer ministro hemos trabajado sin descanso para asegurarnos de que tenemos una ley que funciona. Hemos empujado los límites de la legislación internacional para resolver esta crisis”, escribe la ministra en un artículo en el diario conservador y activista contra la migración The Telegraph. “Si llegas aquí de manera ilegal, eso debe significar que no te puedes quedar”.
En su declaración ante la Cámara de los Comunes este martes, Braverman presentó a quienes piden asilo como hombres albaneses menores de 40 años “suficientemente ricos para pagar a las bandas criminales” de traficantes de personas que organizan viajes al Reino Unido y que utilizan las “generosas leyes de asilo en contra” de las autoridades británicas. La ministra no mencionó que la otra nacionalidad más habitual es Afganistán, el país de origen que ella misma citó como digno de protección y de donde vienen unos 25.000 refugiados que han obtenido el asilo. Según Braverman, siguiendo las leyes actuales, hasta “100 millones de personas” podrían tener derecho a pedir asilo en el Reino Unido (en 2022, hubo 74.751 peticiones de asilo en Reino Unido; hay 89 millones de desplazados de manera forzosa en todo el mundo, aunque la mayoría en su propio país, según datos de la ONU).
“No dejarán de venir hasta que el mundo entero sepa que si vienes ilegalmente a Reino Unido serás detenido y devuelto rápidamente”, dijo Braverman. “Si no actuamos hoy, el problema será peor mañana. Y el problema ya es insostenible”. La ministra aseguró que el Reino Unido sigue siendo un país que protege a quienes lo necesitan y aseguró estar “agradecida” por las “oportunidades” para su madre y su padre, inmigrantes indios que llegaron al Reino Unido desde Kenia y Mauricio en los años 60.
Braverman criticó la aplicación de la convención europea de derechos humanos que ha paralizado algunas de sus deportaciones y se mostró dispuesta a desafiar las normas ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. “Las leyes de ayer ya no son adecuadas”, dijo.
La prohibición de pedir asilo por la manera en la que una persona ha llegado a un país independientemente de si cumple los requisitos para la protección internacional supone la retirada de facto del Reino Unido de la convención del refugiado de la ONU de 1951, según voces expertas en migración. El documento dice en su artículo 31 que no se puede castigar penalmente “por causa de su entrada o presencia ilegales a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada,… hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización”. Reino Unido es uno de los primeros países que firmaron esta convención.
“Estos planes rompen el largo compromiso del Reino Unido con la convención de la ONU de dar a las personas una vista justa sin importar el camino que han cogido para llegar a nuestras costas. Esto simplemente añade más coste y caos al sistema”, dice Even Solomon, consejero delegado de la ONG Consejo de Refugiados. “La mayoría de los hombres, mujeres y niños que cruzan el canal lo hacen porque están desesperados por escapar de la guerra, el conflicto y la persecución”.
La ley también podría acabar ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo por la violación de la convención europea de derechos humanos, de la que Reino Unido es parte como miembro del Consejo de Europa (una organización diferente de la UE). Pero el Gobierno británico está dispuesto a pelear en los tribunales y cita su propia ley de derechos humanos de 1998, que le permite presentar una propuesta legislativa aunque no haya seguridad jurídica de que respetará la convención internacional. Según la norma británica, Braverman tuvo que hacer una declaración reconociendo que no puede estar segura de que la nueva legislación se ajusta a la convención europea de derechos humanos, pero quiere que siga el trámite parlamentario. “Nuestro enfoque es fuerte y novedoso, y por eso no puedo hacer una declaración definitiva de compatibilidad”, dijo la ministra este martes.
Los detalles de la ley
La propuesta presentada este martes supone que cualquier persona que cruce el canal en bote u otra pequeña embarcación sin haber hecho los trámites no podrá solicitar el asilo y tendrá que ser deportada a su país de origen o a un país considerado “seguro”. Desde el año pasado, el Gobierno británico intenta que ese tercer país sea Ruanda, pero todavía no ha conseguido ponerlo en práctica. En diciembre, el alto tribunal británico declaró que la práctica es legal, pero las primeras deportaciones a Ruanda han sido paralizadas por jueces que consideran que las autoridades británicas no tenían en cuenta las circunstancias de las personas implicadas. El Gobierno británico tiene pocas alternativas en caso de expulsión por la falta de acuerdos de retorno con otros países. Este lunes el primer ministro, Rishi Sunak, habló por teléfono con el presidente ruandés, Paul Kagame, para insistir en su pacto.
Las excepciones a la expulsión serán para menores de 18 años, personas enfermas o que logren demostrar un daño inmediato e irremediable si son expulsadas del Reino Unido.
Mientras esperan la deportación, las personas interceptadas en su viaje al Reino Unido tienen que ser retenidas en centros de detención u hoteles especiales que ya han sido denunciados por sus condiciones insalubres y falta de seguridad, especialmente para los menores no acompañados. El Gobierno británico reconoce no saber el paradero de unos 200 menores que estaban bajo custodia de las autoridades locales y, según una investigación de The Guardian, algunos han sido secuestrados por redes de explotación.
Durante el debate parlamentario, varios diputados criticaron la propuesta por la falta de aplicación práctica cuando los centros de detención y hoteles ya están desbordados. Algunos diputados conservadores se quejaron de que las autoridades vayan a mandar más migrantes a hoteles en las localidades que representan. Otros se quejaron de la retórica de la ministra.
El diputado laborista John McDonnell le pidió a Braverman que baje el tono “incendiario” de sus declaraciones porque ponen “en peligro” a los refugiados, que ya están siendo objeto de protestas y persecución de grupos de extrema derecha. McDonnell dijo haber conocido a solicitantes de asilo en hoteles en su distrito electoral que todavía tienen las heridas de las torturas que han sufrido y que no cuadran con el retrato que está pintando ahora el Gobierno.
Los que llegan
El Gobierno conservador, empujado por sus diputados más a la derecha, está enfocado en reducir la migración incluso por las vías legales, uno de los motivos detrás de la votación a favor de la salida de la UE en el referéndum de 2016. El aumento de los cruces irregulares del canal de la Mancha ha centrado gran parte del debate en la derecha del Partido Conservador en el último año.
Durante 2022, las autoridades británicas registraron la llegada de más de 45.000 personas en botes y otras embarcaciones pequeñas sin haber hecho antes los trámites para entrar en el país, algo habitual en el caso de las personas más desesperadas y a menudo presas de las redes en Francia.
La mayoría de las personas que han sido identificadas en estas embarcaciones provienen de Albania y de Afganistán, aunque también llegan de Siria, Irán e Irak. El 90% piden asilo al llegar a la costa o cuando son interceptadas por la guardia costera en Reino Unido o Francia. La mayoría -más del 60%- lo reciben, según los datos británicos desde 2018.
Al ser interrogados sobre las personas que piden asilo, la respuesta más común de los británicos es que su país debe admitir a más refugiados, según la encuestadora YouGov. Pero el 52% de los votantes conservadores creen que “la mayoría o casi todas las personas” que cruzan el canal mienten para conseguir el asilo (el 14% de los votantes laboristas comparten esa opinión).
El porcentaje de aceptación de solicitudes de asilo indica que las autoridades británicas consideran que la mayoría de las peticiones son legítimas.