“¡O se van las multinacionales del territorio, o las echamos!”. Esta fue la consigna de los campesinos afectados por la construcción de una represa de Endesa sobre el río Magdalena durante meses de resistencia, en el Huila, una región al suroccidente de Colombia. La central hidroeléctrica de El Quimbo es el proyecto insignia de la filial colombiana de la multinacional italoespañola. Pero a la empresa se le han complicado las obras: cientos de habitantes de municipios como La Jagua y Hobo rechazan al embalse y han unido fuerzas en la asociación Asoquimbo.
Hablan con conocimiento de causa: 30 años atrás, a pocos kilómetros y sobre el mismo río Magdalena, los vecinos del municipio de Hobo (en Huila, Colombia) y otros pueblos aceptaron la construcción de la represa de Betania, que llegó con dos promesas: empleo y progreso. No llegó ni lo uno ni lo otro. “En Hobo sabemos bien qué trae la represa: aquí antes crecía arroz, maíz, cacao. Las tierras más fértiles se inundaron y nos vimos obligados a vivir de la pesca. Y ahora, con la nueva represa, nos echan de nuevo, porque desde que empezaron las obras, cada vez hay menos peces”, cuenta Gilberto. La única salida que les queda a muchos es vender agua o queso a los costados de la carretera.
Por eso, ahora que Endesa llega a La Jagua con la misma promesa de desarrollo, no le creen. Emgesa ya se ha hecho con las tierras de los terratenientes de la zona: eran fincas productivas y ahora serán inundadas por la represa, dejando a decenas de jornaleros sin trabajo. Pero la mayoría de los pequeños propietarios no están dispuestos a malvender sus fincas. “La lucha es por la tierra, por el río. Quieren privatizar el río, ¡a quién se le ocurre! Estamos perdiendo territorio: si no lo recuperamos ahora, nuestros hijos no van a tener de qué comer”, explica Jarol, un jornalero que, después de perder su empleo, decidió junto a varios compañeros ocupar una finca abandonada para producir alimentos.
La historia se repite al sur de Chile, en la región cordillerana del Alto Bío Bío. Las comunidades mapuches aceptaron la instalación de las centrales de Pangue y Ralco, en 1996 y 2003 respectivamente. Endesa logró en ambos casos el consentimiento de los mapuches, pero el Estado y la empresa incumplieron buena parte de los acuerdos y realojaron a los afectados en tierras yermas o sin acceso al agua.
La inaccesibilidad de las tierras dificulta a las comunidades su actividad económica ancestral, el pastoreo. Además, “han dividido a las comunidades, porque les han entregado tierras dispersas, distantes”, explica la ñaña (hermana) Anita, que resistió hasta el final contra las represas. Por eso, muchos de quienes apoyaron el proyecto se arrepienten hoy, por el lonko de la comunidad (la autoridad política), Carmelo Levy, que apoyó con entusiasmo el proceso: “Nos engañaron por no tener educación. Pero ahora no queremos más represas en la zona”, dice. Les toca dar la pelea, porque otra central hidroeléctrica, esta vez de la compañía chilena Colbún, está ya en construcción.
Unos kilómetros más al sur, en la turística Región de Los Lagos, están todavía a tiempo de detener el proyecto en ciernes. Endesa quiere construir una represa sobre el Lago Neltume. Las mismas promesas de siempre: desarrollo, empleo, progreso. Para quienes rechazan el proyecto, el Bío Bío es el espejo sobre el que mirarse. Muchos mapuches y también muchos winka (blancos) creen que la represa tendrá efectos nefastos sobre el turismo, la principal fuente de ingresos para la región. “El lago es nuestra principal fuente de ingresos, aquí se bañan nuestros hijos. Si nos contaminan el lago, vamos a perder nuestra tranquilidad”, señala Rosa, represente de una de las comunidades mapuches contrarias a la represa.
Es aún un poco más al sur, en la gélida región de Aysén, donde están puestas todas las miradas. Allí, en la Patagonia chilena, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, Endesa proyecta la construcción de cinco represas sobre los ríos Baker y Pascua. La vulnerabilidad del ecosistema patagónico y la magnitud del proyecto, que se completaría con la construcción de un enorme cableado de alta tensión de 2.000 kilómetros para transportar la energía al norte del país, han despertado las alarmas, no sólo en Chile. 68 organizaciones integran la campaña Patagonia Sin Represas (PSR), que consiguió en 2011 sacar a miles de santiagueños a las calles para evitar que se dé el último paso burocrático pendiente para aprobar el proyecto. Durante su presidencia, Sebastián Piñera no se atrevió a consumar un proyecto tan impopular; las miradas están puestas ahora sobre Michelle Bachelet.
Estrategia común
Endesa es ya la mayor multinacional eléctrica privada de Latinoamérica, con presencia en Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile. En muchos de estos territorios, organizaciones como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) o Tierra Digna han identificado un patrón común en el comportamiento de Endesa, que ha rechazado hacer declaraciones al respecto a eldiario.es, así como de otras multinacionales. Sobre el terreno, comprobamos que los afectados por los proyectos de Ralco, Neltume, o El Quimbo describen una misma estrategia para vencer la resistencia de las comunidades locales a las represas. “Endesa compra conciencias, lleva fardos de pasto como regalos a cambio de una firma”, explica el activista mapuche Jorge Weke, fundador del Parlamento de Koz Koz, una organización muy activa contra la represa de Neltume.
Tanto en el Bío Bío como en El Quimbo, los desplazados y expropiados por las represas sostienen que la empresa firma acuerdos privados con los particulares, por sumas de dinero que oscilan y crean así enemistad entre los vecinos. Por su parte, Endesa, que rehusó hablar con esta reportera, enumera en su web diferentes planes de educación, medio ambiente o cooperación social que desarrollan sus fundaciones para cumplir su “compromiso de desarrollo de las comunidades”. Para Jorge Weke, se trata de planes “asistencialistas” sin otra función que “cooptar a los líderes de las comunidades, a cambio de un empleo o un beneficio”.
Weke apunta a “las complicidades entre Endesa y los gobiernos”. En la misma línea, el ecólogo Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, denuncia que “el oligopolio eléctrico hace un lobby feroz”. Además, añade Orrego, la tendencia a impulsar la energía hidroeléctrica ha sido influida por la generosa financiación del Banco Mundial.
Desde 2009, Endesa pertenece al grupo italiano Enel, que opera en 40 países y obtuvo en 2011 unas ganancias de 4.100 millones de euros. La multinacional italiana también ha dejado su huella en América Latina: en San Juan Cotzal, al norte de Guatemala, Enel Green Power, del grupo Enel, inauguró en 2012 la central hidroeléctrica de Palo Viejo. Las comunidades mayas ixil firmaron un documento en que aceptaban la radicación de Enel, pero afirmaron después que se les engañó. Muchos de los afectados por la represa ni siquiera tienen luz, y donde llega, se paga mucho más cara que en la capital.
La animadversión que despierta Enel Endesa en rincones tan lejanos del globo llevó a la creación en Italia de la organización 'Stop Enel', que decidió comprar acciones del grupo para poder intervenir en las juntas de accionistas. A esas reuniones llevaron a Jorge Weke, a Juan Pablo Orrego, a Miller Dussán, para que los accionistas conocieran los impactos de los proyectos de Enel Endesa en Colombia y Chile. De momento, la corporación no ha rectificado, ni tampoco el Estado italiano, al que pertenece un 31% de las acciones del grupo.
¿Un recurso renovable?
La mayor parte de los científicos y ecologistas está de acuerdo en que las represas pueden ser una fuente de energía eléctrica y sirven para controlar inundaciones, almacenar agua e irrigar cultivos. Sin embargo, para que las ventajas excedan los costos en términos sociales y ambientales, es necesario estudiar muy bien el emplazamiento y facilitar a la población las condiciones de realojo, y eso es mucho más que darles una vivienda: implica evitar el desarraigo y la pérdida de sus modos de vida tradicionales.
En América Latina, esto no sucede en la mayoría de los casos. Las comunidades rurales y campesinas, los mayores afectados por las represas, se llevan la peor parte. También el resto del planeta: el agua solo es un recurso renovable si se respetan sus ciclos y, a estas alturas, apenas un tercio de los grandes ríos del planeta siguen su curso natural.
El problema del que alertan los científicos y las organizaciones ecologistas es que, en América Latina, la región con mayores recursos hídricos del planeta, la gran parte de los proyectos no están siendo correctamente evaluados. Mientras, la fiebre hidroeléctrica no para de crecer: más de sesenta represas están proyectadas sólo en la Amazonia brasileña, una decena sobre el río Magdalena. ¿Pueden las venas fluviales de América Latina soportar este modelo de desarrollo? Muchas comunidades indígenas y campesinas responden con un rotundo “no”.