Viene a los campamentos de refugiados saharauis para “sentir alivio”, pero regresará pronto al lugar donde vive, los territorios ocupados por Marruecos. Volverá para “luchar desde dentro por la autodeterminación” a pesar de los episodios de tortura que denuncia por parte de las autoridades marroquíes. La última, hace 3 meses: “Me cogieron cuando me dirigía a mi casa y me secuestraron durante 24 horas utilizando técnicas de tortura”, dice mientras señala sus manos, con marcas de quemaduras de cigarrillos.
Este miércoles se ha enterado de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha prorrogado su misión en el Sáhara Occidental (Minurso) sin incluir el control de los derechos humanos en la zona controlada por el Estado alauí y sin atisbo alguno de solucionar el conflicto que obliga a esperar en la nada a entre 100.000 y 200.000 refugiados.
“Estamos muy frustrados y preocupados. Estamos escandalizados por que ni siquiera se hayan tomado en cuenta los informes de diferentes organismos internacionales que documentan la vulneración los abusos marroquíes en los territorios ocupados”, añade el activista saharaui, que prefiere no aportar su nombre. La ONU ha vuelto retrasar la vigilancia de los derechos humanos, una labor encomendada a todas sus misiones excepto a esta. Las presiones marroquíes calan principalmente en Francia, cuyo derecho a veto frena cada amago de ampliación de la Minurso. España por el momento ha optado por el silencio.
A principios de abril, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos por, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992. El auto del magistrado retrata un manual del horror, con todo un sistema detallado de torturas que se repiten en los testimonios de diferentes hombres y mujeres.
José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), afirmó entonces a este medio que esperaba que la decisión judicial volviesa las miradas hacia este territorio, donde los ciudadanos saharahuis encadenan 40 años de frustración en la búsqueda de la independencia de su tierra. “Hay delitos que siguen ocurriendo, la represión, la tortura, el trato en las cárceles... Eso sigue ocurriendo hoy”, decía.
Este activista suscribe sus palabras. La represión marroquí, denuncia, es constante para “cualquier saharaui”. El acceso a un empleo cualificado es limitado. “No se ven pilotos ni médicos saharauis, por ejemplo, en las zonas ocupadas. Es prácticamente imposible”. Pero el “acoso” se multiplica sobre los activistas que, cuatro décadas después del inicio de la ocupación de su país, continúan luchando por recuperarlo.
Enumera de forma calmada los casos en los que asegura haber sido torturado, secuestrado o amenazado. Retorna a 2005. “Fue en el inicio de la primera intifada por la independencia. Fuimos duramente reprimidos y acabé inconsciente. Estuve en coma durante cerca de 6 meses con un tratamiento médico muy limitado... Es un milagro que esté aquí”.
Esta aquí, en Dajla, el campamento de refugiados saharauis que acoge durante estos días el festival internacional de cine Fisahara, para aprovechar la cobertura mediática y denunciar “las constantes violaciones de derechos humanos” que sufre su población, aún hoy. También para descansar y visitar a su familia en otra de las wilayas levantadas en el desierto argelino, el 27 de Febrero. El muro levantado por Marruecos para dividir la zona ocupada de la liberada le aleja de muchos de los familiares, que viven al otro lado.
También viene, asegura, a recibir un tratamiento médico que Marruecos le niega por ser saharaui, además de activista. Después de cada episodio de torturas, dice, no existe un tratamiento médico adecuado. “Nos lo niegan por ser activistas saharauis”, reitera.
“Si no reacciona la ONU, habrá que cambiar la vía pacífica”
“En 2006 me detuvieron cuando organizábamos la recepción a varios activistas saharauis liberados. Me golpearon mucho, me secuestraron durante 10 días, siete de los cuales no podía escuchar nada. Después, me 'abandonaron' en el hospital”. Destaca el verbo “abandonar” porque, asegura, no recibió prácticamente atención sanitaria. Según denuncia, lo mismo ocurrió un día antes del desmantelamiento del campamento protesta de Gdeim Izik.
El asentamiento se levantó en 2010 a las afueras de El Aaiún para denunciar el día a día de discriminación de los ciudadanos saharahuis en los territorios del Sáhara Occidental y reclamar sus derechos sociales y ecónomicos. Fue desmantelado de manera violenta por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre, sucesos en los que se registraron cientos de heridos, fallecieron al menos tres saharahuis y once policías marroquíes, según las cifras oficiales.
La violencia no siempre se manifiesta en golpes. Las garantías de la población saharahui se ven restringidas por su origen, denuncian. “A las agresiones a activistas se une que el conjunto de la población está marginada. Estamos esperando a que, esta vez, se vaya en serio. Esto no puede seguir así. A un lado del muro, la gente está abandonada en el desierto. Al otro lado, reprimida. Si no reacciona la ONU, habrá que cambiar la vía pacífica”, concluye.
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Nota: Esta cobertura se realiza en el marco de la celebración del Festival de Cine Internacional FiSahara. Los gastos del viaje corren a cargo de la organización del festival.