El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral para el caso de Samba Martine, fallecida en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Madrid de VIH sin haber recibido la asistencia requerida. Como ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es, el médico y la enfermera de la empresa privada encargada en aquel momento del servicio sanitario del CIE se sentarán en el banquillo por un supuesto delito de imprudencia.
El magistrado ha solicitado una fianza por valor de 80.000 euros a los investigados, y recuerda la “responsabilidad civil” tanto de la empresa SERMEDES, concesionaria de la asistencia sanitaria del CIE en aquel momento, como del Ministerio del Interior.
Samba llegó al CIE de Aluche en 2011 después de haber pasado una temporada en Melilla, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Fue allí donde la mujer congoleña recibió su diagnóstico: VIH. No obstante, su expediente médico nunca llegó al centro de Madrid. A pesar de los fuertes dolores y de haber solicitado asistencia médica hasta en cuatro ocasiones, Samba murió sin que el servicio médico privado del centro dependiente de Interior indagase las causas de su afección y, por tanto, sin recibir el tratamiento que necesitaba.
El médico investigado atendió en dos ocasiones a Samba Martine pero no consideró oportuno una mayor indagación de las causas que provocaban los dolores y los síntomas identificados, a pesar de que “los problemas respiratorios persistieron durante 18 días”.
Por su parte, la enfermera inmputada, le inyectó “nolotil intramuscular y orfidal” a Samba Martine “sin que conste prescripción médica”, cuando “prácticamente no podía mantenerse en pie”. Según afirman, “el suministro de orfidal estaría contra indicado contra los síntomas de Samba Martine”, debido a su efecto ansiolítico e hipnótico.
No obstante, el otro médico imputado en la causa, el doctor Ojeda Rojas nopodrá ser juzgado por el momento, dado que reside en Paraguay y el juzgado no ha recibido respuesta a la comisión rogatoria dirigida a las autoridades del país latinoameriano para notificar las diligencias realizadas al investigado.
Este médico fue quien atendió en cuatro ocasiones a Samba Martine, incluida la primera consulta tras su internamiento en el CIE, así como la que tuvo lugar el día en del fallecimiento de la congoleña. Según se desprende de la investigación, el examen médico se realizó sin traductor y de forma deficiente. El doctor no preguntó a la mujer su lugar de origen ni detalles sobre su ruta migratoria, detalla la acusación, incumpliendo así los protocolos de atención sanitaria a personas migrantes.
“A pesar de la persistencia de su mal estado de salud y de la reiteración de la solicitud de asistencia, a pesar de los múltiples síntomas incluidos en los partes de consulta, el Dr. Ojeda no llevó a cabo ninguna indagación tenfente a valorar las causas”, denuncian desde la acusación popular.
Por su parte, el juzgado retiró la imputación de la directora de SERMEDES -la empresa encargada del servicio médico del CIE entonces-. Tanto la acusación particular como la popular, recurrieron la decisión judicial pues entendían que exisitía una mala praxis en la propia forma en la que se organizaba el servicio, como en los informes médicos iniciales.
La acusación popular también pedía la imputación del director del CIE de Aluche, dependiente del Ministerio del Interior, aunque su solicitud fue desestimada. Según defendían desde la Asociación Ferrocarril Clandestino, este era “el responsable último del servicio médico y, por tanto, de sus deficiencias estructurales”.
La Audiencia Provincial de Madrid consideró “chocante” que no se profundizara en la enfermedad de la mujer ante los síntomas que presentaba y ante el hecho de que solicitara casi de inmediato una consulta médica. “De haber sido tratada correctamente se podría haber evitado el fatal desenlace”, afirmó el tribunal que ordenó la reapertura de la investigación en 2014.